Todo indica que tal como es tradición, sobre el filo del plazo habrá de remitirse por el Poder Ejecutivo al Parlamento el Proyecto de Ley de Presupuesto para el quinquenio, una instancia fundamental que no suele ser percibida en su trascendencia por el ciudadano común, salvo aquellos que siguen de cerca el devenir político de nuestro país.
Es que la citada ley podría calificarse como la ley madre para un período de gobierno, porque es la que define la gestión nada más ni nada menos que a la hora de plasmar en realidades lo que se prometió en campaña electoral, porque es la que establece los recursos para financiar los enunciados de buenas intenciones y promesas lanzadas para obtener el respaldo popular en la convocatoria a las urnas.
Y aquí la llave maestra la tiene el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, un profesional de sólida formación académica, quien tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de ponderar la distribución de recursos en base a prioridades y decisiones políticas sobre las que pesarán los lobbies, que como también suele ocurrir, tratarán de tironear lo más posible de la piola para obtener lo que reclaman una vez que la ley se considere en el Parlamento.
Pero además, está de por medio que en esta oportunidad, contrariamente a lo que aconteciera en sus otras tres administraciones, el Frente Amplio no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados, por lo que deberá negociar con los partidos menores con representación parlamentaria los dos diputados que necesita para conformar la mayoría a efectos de la sanción de la Ley de Presupuesto, por lo menos en aquellos puntos en los que haya diferencias con el resto de la oposición.
Pero antes tendrá que haber negociación interna, porque hay marcadas posturas antagónicas sobre una diversidad de temas en los que el presidente Yamandú Orsi –quien hasta ahora ha respaldado prácticamente sin excepciones la posición del secretario de Estado– deberá procurar acuerdos para acercar las partes y eventualmente llegar a una posición intermedia.
Es que según ha señalado el secretario de Estado la situación fiscal de nuestro país dista de ser la mejor, y desde la Torre Ejecutiva se señala la necesidad de allanarse a la restricción presupuestal, es decir medir criteriosamente en qué se invierte el dinero de la arcas del Estado, aunque hasta ahora se han dado señales confusas; por ejemplo, mientras por un lado Oddone ha manifestado que el magro aumento decidido para las pasividades menores se origina en la escasa disponibilidad de recursos en Rentas Generales, por otro lado se decidió la compra por el Instituto Nacional de Colonización (INC) de un campo por 32 millones de dólares en Florida. Estas contradicciones se están dando días antes de la definición del presupuesto, en tanto desde Torre Ejecutiva se ha bajado el mensaje de que la idea tentativa es enviar al presupuesto al Parlamento ya a mediados de agosto, en lugar de esperar a último momento, como suele ocurrir. Pero la experiencia indica que una cosa es la intención y otra distinta es lograr conciliar las partes y atender las prioridades de los reclamos en forma expeditiva, cuando varios sectores intentan llevarse la mejor parte y lucharán hasta el final para lograrlo.
Así, la posibilidad de contar con un proyecto a considerar ya desde mediados de agosto daría mayor margen para la discusión interna y con la oposición. Pero la fecha límite es el 31 de agosto para que la iniciativa pase al Parlamento, y en el ínterin habrá un escenario de abierta disputa con final todavía impredecible.
De todas formas, como es norma, cada ministerio y dependencia planteará sus aspiraciones presupuestales, en el entendido de que habrá demandas que quedarán por el camino o se recortarán ante la plena vigencia del factor condicionante de la sábana corta, cuando además está de por medio la aspiración de contar con dotación presupuestal para cumplir con las promesas electorales a la hora de la verdad.
Lo que sí es previsible es que el ministro Oddone deberá hacer malabares entre lo que establece la academia respecto a las leyes de la economía, –a las que no se puede ignorar si es que se pretende actuar con responsabilidad– y decisiones políticas que responden a menudo a planteos voluntaristas y golpes de efecto para la tribuna, mientras por otro lado desde algunos portavoces del gobierno se hace mención a las consecuencias de la “herencia maldita” del anterior gobierno como argumento para no poder cumplir con lo que se ha prometido en campaña.
A modo de ejemplo, en esta oportunidad en la interna del oficialismo se está promoviendo por nostálgicos de la izquierda sesentista la aprobación del denominado “impuesto a los ricos”, una medida que sin embargo el Frente Amplio no llevó adelante en sus quince años de gobierno pero que se pretende hacer realidad en este período, a partir de la “idea” del Pit Cnt recogida y reimpulsada por el Partido Socialista y el Partido Comunista.
“Hay que gravar al 1 por ciento más rico” del país para lograr dinero para llevar adelante determinados programas sociales, según reivindican los promotores, en una reafirmación de prender una vela al socialismo y jugar para la tribuna en base a eslóganes. El tema cuenta hasta ahora con el rechazo explícito del presidente Yamandú Orsi, aludiendo sobre todo a que eso no ha figurado en el programa de gobierno, pero el respaldo surge de sectores que han respaldado la precandidatura a Carolina Cosse en las elecciones internas y el Partido Comunista en las últimas horas planteó incluso que el contar con estos recursos sería fundamental para reducir la pobreza infantil.
En realidad, y de acuerdo a trascendidos de voceros del partido de gobierno, estos grupos pretenden incidir y hasta disputar la conducción del gobierno, haciendo oídos sordos a lo señalado por el mandatario y el propio Oddone, quien textualmente expresó que “quiero decir que no forma parte del objetivo de la política económica de este gobierno ingresar en debates tributarios del tipo que se han puesto sobre la mesa”, subrayando además que ya la presión fiscal es muy alta como para pretender avanzar en este formato de neto cuño efectista, y cuya consecuencia es seguir encareciendo el país para la actividad privada y por ende afectando la ya problemática competitividad.
Es de esperar que en esta discusión parlamentaria, a partir del proyecto enviado por el Ejecutivo, surja un presupuesto alineado con un uso criterioso de los dineros públicos, es decir de todos los uruguayos, en apoyo a una gestión que permita llevar adelante políticas sociales y económicas sustentables, que no resulten en pan para hoy y hambre para mañana, como ocurre demasiado frecuentemente cuando se atiende a los activistas, los que más gritan pero representan solo a una minoría, en desmedro de las mayorías silenciosas que necesitan respuestas
