(Presidencia)
El ministro del Interior, Carlos Negro, acompañado por el presidente Yamandú Orsi presentó los Encuentros por Seguridad, a los efectos de elaborar el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2025-2035.
También se hicieron presentes diversos referentes de los partidos políticos como el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, el de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos y el del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres.
El intercambio, previsto para el período comprendido entre julio y diciembre de 2025, será un espacio amplio de diálogo político y social para validar el diagnóstico, identificar prioridades y proponer intervenciones.
El ministro dijo que la seguridad es una preocupación de los uruguayos desde hace décadas, lo que supone generar un cambio en la forma de encarar la política. “Hacer algo distinto para obtener resultados diferentes”, enfatizó.
Explicó que el objetivo es alcanzar un modelo uruguayo de seguridad pública. Para avanzar en el diseño del PNSP se apela a un diálogo, basado en los aportes de todas las partes y el compromiso, que en política implica el arte de alcanzar acuerdos, indicó.
“No vamos a hacer más de lo mismo. Haremos una política de largo plazo para lograr cambios a un problema estructural”, remarcó Negro, quien aclaró que el plan seguirá las prioridades trazadas al asumir: homicidios, violencia, control de armas y reforma penitenciaria. “La seguridad no es solo un tema policial”, aclaró.
El ministro repasó algunas de las acciones de la cartera que dirige en los primeros cuatro meses de gestión: se aumentó el patrullaje en todo el país, se reforzó la capacitación, se aplicaron mecanismos de disuasión focalizada, se trabajó con base en evidencia en el diseño de operaciones, se generó un ámbito de diálogo permanente con sindicatos y se negoció un plan de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Asimismo, se fomentó la labor de la Policía Comunitaria, se rediseñó la política de género y la asistencia en salud mental, se fortaleció el programa Pelota al Medio, se invirtió en tecnología e inteligencia en el control y la represión del delito en las calles, y se procuró el rediseño del Instituto Nacional de Rehabilitación y la educación policial, entre otras medidas.
El Plan Nacional de Seguridad Pública es un instrumento que concibe la seguridad pública como una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado y la sociedad, así como un campo de intervención que exige planificación a largo plazo, participación democrática y uso intensivo de la evidencia. La ejecución y el monitoreo del plan comenzarán en marzo de 2026.
El diseño se organiza en cinco fases que serán Diagnóstico: Informe técnico sobre violencia y criminalidad (marzo-junio de 2025). Encuentros por Seguridad: Espacios de diálogo político y social (julio-diciembre de 2025). Propuesta técnica: Construcción programática (julio 2025-enero 2026). Propuesta política: Definición de prioridades finales (enero 2026). Validación social: Registro de consensos y disensos, compromiso institucional (febrero de 2026).
JAPÓN PODRÍA NEGAR INGRESO DE URUGUAYOS CON PASAPORTE NUEVO
(ÁMBITO)
La Embajada de Japón emitió este lunes un aviso urgente sobre los nuevos pasaportes uruguayos emitidos a partir del 16 de abril de 2025, advirtiendo que podrían no ser aceptados para ingresar al país asiático. Según el comunicado oficial difundido por la sede diplomática, existe una “alta probabilidad de que les sea negado el ingreso al país” a los viajeros que porten este nuevo documento, que aún enfrenta objeciones técnicas y burocráticas en distintos países del mundo.
De manera enfática, la embajada señaló que “sin excepción” los viajeros uruguayos que cuenten con este pasaporte deberán consultar previamente con la sección consular antes de emprender cualquier viaje a Japón.
DENUNCIA FALSA SOBRE RESTOS DE DESAPARECIDOS
(CANAL 5)
Tres meses después de la medida cautelar que se dispuso en el Comando General de la Armada ante información sobre que allí podría haber restos de personas detenidas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar, la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), Alicia Lusiardo, informó que la conclusión de la intervención es que “la información era completamente falsa, en relación con esa posibilidad de que hubiera algo allí enterrado”.
Lusiardo apuntó que la intervención arqueológica comenzó el 20 de mayo y tuvo una duración de tres días, durante los cuales “se pudo determinar que no existió un pozo en ese lugar”. “A los pocos días cerramos totalmente la investigación y la cautela y se levantó”, mencionó.
La antropóloga señaló que había dos sitios a investigar. Uno de ellos estaba en el sótano del Comando y en su momento el GIAF había brindado información sobre la inspección realizada, las habitaciones recorridas, las modificaciones que encontraron en relación con los datos. Lusiardo dijo también que contaron con la asistencia de dos arquitectos para “ver si esas modificaciones eran de época o eran más recientes” y así “contrastar la veracidad de los datos”.
Respecto del otro lugar, dijo que los datos que recibieron referían a “un retiro de materiales de ese sótano y la posibilidad de que hubieran sido enterrados en otra dependencia”, que está fuera del recinto portuario, que es donde está el Comando.
“Lo inspeccionamos también y planteamos la posibilidad de hacer una intervención arqueológica no buscando restos óseos, porque no había claridad sobre la posibilidad de que hubieran enterrado allí, pero sí había una información sobre un pozo”, resaltó, y agregó que la intervención fue en la línea de “ver si realmente se podía determinar que allí había habido un pozo, aunque no hubiera restos”.