El Instituto Uruguay XXI difundió esta semana que nuestra marca país, esa que se representa como Uruguay Natural y que hoy asociamos con el Ministerio de Turismo, tiene un valor de U$S 65.800 millones, según estimaciones de Brand Finance en su Nation Brand Report (reporte de marca país es la traducción literal) correspondiente al año 2024, con lo que consolidó un avance en su posicionamiento internacional. Según el informe este valor de marca, esos 65.800 millones de dólares, representan un crecimiento del 14% respecto al año inmediato anterior y nos posiciona en el puesto 70 a nivel mundial.
Explica el instituto, citando el informe, que esta mejora en el valor económico de la marca país “se explica tanto por un alza de 2,8 puntos en la fortaleza de marca y un mantenimiento en la calificación A+, como por un contexto económico favorable, con proyecciones positivas de crecimiento impulsadas por la estabilidad macroeconómica, el consumo privado y el liderazgo energético (+95% de la matriz renovable)”. Agrega Uruguay XXI que el país volvió a destacarse a nivel internacional “por su fortaleza institucional, su compromiso con la sostenibilidad y la calidad humana de su sociedad”. El informe plantea además un panorama “alentador para el posicionamiento internacional del país y consolidan atributos que lo diferencian en América Latina”, en la medida que, según expresa el informe resultante del estudio de la consultora británica, “Uruguay es percibido como un país políticamente estable, respetuoso de la ley, con altos estándares éticos y una sociedad inclusiva”, lo que redunda en que sea percibido como “uno de los países más admirados de la región por su funcionamiento institucional”.
Destaca la consultora –también el instituto, por supuesto–, entre los datos más alentadores a “la fuerte familiaridad y reputación que Uruguay tiene en Argentina y España, donde ocupa posiciones destacadas en percepción de calidad institucional, educación, sostenibilidad y ambiente para hacer negocios”, lo que supone una base sólida “sobre la cual seguir construyendo vínculos comerciales, culturales y diplomáticos”.
Los analistas de la firma también destacaron el rol estratégico del país como “marca confiable” en el contexto latinoamericano, que hace que “Uruguay podría posicionarse como broker regional o líder en causas como el cambio climático, los derechos humanos o el Estado de derecho”. Distinguen además a Uruguay “por su facilidad para hacer negocios”, aunque en este ítem mencionan que “aún tiene margen para mejorar en la percepción global de sus productos y marcas exportables”.
Se hace mención también a las oportunidades del país para captar inversiones y talento en sectores de alto valor agregado “como las energías renovables, la tecnología y la innovación. Si bien el país ya es reconocido por su estabilidad y calidad institucional, aún tiene potencial para consolidarse como hub de servicios tecnológicos y ecosistemas emprendedores, especialmente en áreas vinculadas a la transición verde, la digitalización y las industrias creativas”. Sectores en los que, además, se vienen haciendo apuestas que han trascendido las rotaciones partidarias en el gobierno, cabe agregar. “Fortalecer la percepción internacional de estas capacidades permitiría posicionar a Uruguay como un destino competitivo y diferenciado en el escenario global”, recomiendan.
Agrega que el estudio de Brand Finance, realizado en 2024, está basado tanto en datos de percepción pública, como en indicadores económicos y encuestas globales que abarcan 193 países.
Ahora bien, mientras por un lado recibimos esta buena noticia respecto a la percepción del país, por otra parte conocemos que tendremos que pagar 42 millones de dólares durante la próxima década a raíz del incumplimiento en las metas ambientales con las que asociamos el bono verde que emitimos hace unos tres años. Breve planteo de escenario para entender esto: Uruguay emitió en 2022 un “bono verde”, que fue un éxito en los mercados.
Esto quiere decir que se emitió deuda con un interés cuya variación está asociada al cumplimiento de determinados objetivos ambientales. Dicho en otras palabras: el país se comprometió, o se obligó, si se prefiere, a mejorar ciertas variables asociadas ambientales. Si se cumplían se pagaba menos, si no se lograban, se pagaría más. En este caso los indicadores de desempeño eran dos: uno vinculado a la “reducción del total de emisiones brutas de dióxido de carbono por unidad de PBI real” y el otro relacionado con “el mantenimiento del área de bosques nativos”. Según anunció la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, Uruguay deberá afrontar el pago referido a razón de unos 6 millones de dólares al año.
Por supuesto que, como corresponde, la credibilidad del país se forjó y se ha sostenido honrando estos compromisos, como es tradición, y es justamente eso parte de lo que destacaba la consultora británica en su informe sobre la marca país.
Por otra parte, 42 millones de dólares, a pagar en varios años, en el contexto del presupuesto nacional no es una cifra inabarcable, pero claro, a nadie le gusta perder dinero, y si lo llevamos a las comparaciones habituales como cuántos liceos, hospitales o escuelas se pudieron haber construido en lugar de pagar estos intereses, no hay dos lecturas respecto a que no fue un buen movimiento.
Habrá que esperar conocer qué falló, si es que tal vez al amparo de la reducción de la movilidad general que trajo la pandemia las metas planteadas fueron demasiado ambiciosas, o qué decisiones provocaron que no se pudiera cumplir el objetivo.
Es la confirmación de que fue un movimiento ambicioso y es de este tipo de acciones, como la de emitir un bono con estas características, que se construye un liderazgo, en este caso en materia ambiental. Eso sí, después hay que actuar en consecuencia y sostener las acciones que hagan al cumplimiento de las metas. En otras palabras: jugar para nosotros, dársela a los de celeste.