En los últimos días nuestro diario ha informado que el diputado sanducero del Partido Colorado, Walter Verri, presentó un proyecto de ley para que la educación financiera sea incorporada de manera obligatoria y transversal al sistema educativo formal. La propuesta incluye la instalación de programas permanentes de formación para adultos con énfasis en el endeudamiento responsable, la protección al consumidor financiero y el acceso informado al sistema de financiamiento e inversión. “Buscamos su incorporación a la currícula de Primaria y Secundaria porque estamos alarmados por el avance de los delitos de estafa en nuestro país. Uruguay es uno de los países más afectados”, dijo Verri a EL TELEGRAFO.
El legislador explicó que “la educación debe aggiornarse a los desafíos de las nuevas tecnologías de la educación. Por lo tanto, hoy tenemos un mundo interconectado por las redes sociales que son buenas para muchas cosas, pero son muy malas para estas situaciones”. El diputado aclaró que “esta iniciativa no se trata de endeudamiento sino de evitar las estafas. Obviamente, también sirve para alertar cuando nos cobran una tasa de interés inadecuada, o para no caer en manos de prestamistas y usureros. Pero lo que más abundan son las estafas y nuestros niños, adolescentes y jóvenes deben tener una formación al respecto”, concluyó.
Según el Reporte del Sistema Financiero (RSF) correspondiente a los primeros tres meses del año 2025, elaborado por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU), los créditos otorgados por los bancos al sector no financiero privado, es decir, a empresas y familias, crecieron durante el primer trimestre del año respecto a fines del 2024, y alcanzaron un monto equivalente al 29,2% del Producto Bruto Interno Bruto (PBI). El documento BCU señala específicamente qué situación es la que requiere de mayor atención, sobre todo en el contexto actual: “el endeudamiento de las familias con el sistema financiero en relación al ingreso ha mostrado un aumento en los últimos meses”, indicó el documento. Al respecto, el crédito destinado a consumo (con bancos y con administradoras de crédito) pasó de 21,3% del ingreso promedio anual de los hogares en marzo 2024 a 23,9% en marzo 2025. Si además se agrega el crédito hipotecario (que financia la compra de viviendas), el endeudamiento de las familias representaba a fin de marzo el 35% del ingreso promedio anual de los hogares”.
Así pues, el proyecto de ley antes mencionado supone una iniciativa de suma importancia, atendiendo no sólo a las graves situaciones de endeudamiento que soportan una gran cantidad de uruguayos, sino también a las estafas que a través de medios digitales aumentan día a día y causan grandes perjuicios a diversos colectivos, especialmente a los adultos mayores que muchas veces no se encuentran debidamente familiarizados con aspectos tecnológicos de la actividad financiera. Esta situación ya venía siendo advertida por diversas empresas del área financiera, que informan a sus clientes sobre la forma en que deben llevarse adelante las finanzas personales y sobre los delitos antes mencionados.
A modo de ejemplo, la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de Verri expresa que “la creciente complejidad del sistema financiero y la expansión del acceso al crédito -particularmente fuera del circuito bancario tradicional- exigen una ciudadanía con herramientas adecuadas para la toma de decisiones informadas, responsables y sostenibles. Si bien Uruguay ha avanzado significativamente en materia de inclusión financiera en los últimos años, este proceso no ha sido acompañado por una política sistemática de educación financiera que permita a las personas comprender cabalmente los instrumentos financieros a los que acceden.
La asimetría informativa entre oferentes y demandantes de productos financieros –como créditos de consumo, fideicomisos, letras de tesorería, obligaciones negociables y vehículos de inversión colectiva– coloca en situación de vulnerabilidad a amplios sectores de la población. A ello se suma el uso extendido de medios digitales para la contratación y gestión de productos financieros, lo que refuerza la necesidad de formación específica sobre sus riesgos y consecuencias”. Asimismo, se destaca que “esta situación no es exclusiva de Uruguay. Diversos países de la región, como Colombia (CONPES 4005/2020), México (ENIF), Perú (Plan Nacional de Educación Financiera 2021-2025) y Argentina (Programa de Educación Financiera del BCRA), han implementado políticas públicas específicas para promover la alfabetización financiera como condición necesaria para un ejercicio pleno de la ciudadanía. En este contexto, la presente ley tiene por finalidad consagrar la educación financiera como una política pública estructural, incorporándola de manera obligatoria y transversal al sistema educativo formal y estableciendo, además, programas permanentes de formación para la ciudadanía adulta, con énfasis en el endeudamiento responsable, la protección al consumidor financiero y el acceso informado al sistema de financiamiento e inversión”.
Similar prédica desarrollan en Uruguay otras instituciones públicas, tal como sucede con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para el cual “la promoción de educación financiera es un elemento fundamental para construir ciudadanía. Las finanzas personales no giran en torno al dinero, giran en torno a las personas y su bienestar: a) porque incorporar herramientas financieras nos ayuda a definir y alcanzar objetivos personales, b) porque tener más conocimientos sobre el tema nos ayuda a organizar mejor nuestro dinero, c) porque aprender a gestionar nuestras finanzas nos permite tomar decisiones conscientes y reducir los niveles de estrés por causa del dinero y d) porque aprender a cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos de pago tendrá impacto en nuestra “huella financiera”, que es un historial de comportamiento de pagos que queda registrado en el sistema financiero”.
El proyecto a estudio del Parlamento es una buena oportunidad para incorporar a la misma elementos que brinden herramientas para actuar en el mundo de micro y medianas empresas, como por ejemplo elementos para administrar las finanzas de un microemprendimiento (albañiles, carpinteros, herreros, sanitarios por citar tan solo algunos ejemplos), saber cómo se calculan y pagan los tributos, que cargas sociales deben abonar si contratan personal, etcétera. De esta forma estaremos brindando una ayuda real a esos verdaderos emprendedores que día a día recorren nuestras calles. Hoy nuestros jóvenes emergen de Bachillerato y Secundaria con 17 o 18 años sin siquiera conocer lo mínimo de economía para sobrevivir como adulto financieramente responsable o para montar las más elemental de las Pymes.
En esa línea el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, el contador Álvaro García afirmó en declaraciones a radio Sarandí 690 AM, que “sería bueno que ya desde niños se enseñen determinadas pautas de educación financiera, como el ahorro”. “La educación financiera es uno de los puntos centrales de la fundación Banco República” sostuvo García. Es importante destacar que la tarea desarrollada por ambas instituciones (una de ellas el banco más importante de Uruguay) significa un fuerte espaldarazo a la educación financiera en todo el país.
Por eso es claro que necesitamos brindar educación financiera a los uruguayos en general, pero deberíamos aprovechar para hacerlo con los emprendedores porque el dinero no sea crea de la nada, sino que requiere esfuerzo, conocimiento y organización y porque, como dice un viejo refrán, “no hay almuerzo gratis”.