Mes: agosto 2025

Mientras tanto, abundaron las discusiones sobre la pertinencia de instalar un servicio de emergencia y traslado para atender estos casos graves, que requieren asistencia urgente en la ciudad. Pero hasta el momento, no se ha logrado nada concreto.
Durante todo 2024 hubo idas y vueltas, reuniones de comisión, comparecencias de autoridades, cruces verbales y los consabidos argumentos sobre la “falta de recursos” que impide el arribo de ambulancias al Interior.

Con el nuevo gobierno y la discusión presupuestal, reaparece el argumento de la “frazada corta” para justificar carencias en determinados servicios. Pero ese “mientras tanto” se vuelve cada vez más cruel y deja en evidencia que los hechos ocurren sin recibir una respuesta adecuada, sin importar quién gobierne.

Porque las personas son víctimas de siniestros de tránsito o accidentes laborales y –en el peor de los casos– fallecen “mientras” allá lejos (en Montevideo) todavía se delibera sobre la oportunidad de incorporar un servicio básico.
Y quienes llegan a ayudar muchas veces se encuentran con un protocolo que los inmoviliza. Porque el tiempo pasa, y hasta hoy hay gente que se pregunta si su familiar podría haber tenido una oportunidad de sobrevivir. Y llegan a la triste conclusión de que no se le dio esa oportunidad.
Los residentes de localidades pequeñas acumulan en su memoria casos similares, en los que los servicios médicos demoraron en llegar o directamente nunca lo hicieron. ¿Quién puede decirles que están equivocados o que exageran?
También se escucha –cada vez con más frecuencia– la peor de todas las preguntas: “¿Antes también reclamaban?”. Y sí, reclamaron siempre. Pero hasta ahora la respuesta sigue sin aparecer. Lo cierto es que, en ambos casos, las circunstancias de los accidentes cambiaron la vida de esas personas y de sus familias para siempre.
Pero da la impresión de que a nadie le importa. No hay voluntad política. De lo contrario, la alarma pública provocada por uno de estos hechos a finales de 2023 habría servido como punto de partida para construir una solución a largo plazo.
En tiempos de alta tecnología y gran accesibilidad a todo tipo de dispositivos, los pobladores del Interior aún recurren a la vieja solidaridad entre vecinos como forma de consuelo ante el dolor. En eso, los tiempos no han cambiado tanto.

Porque conviene entender que no todo se resuelve con dinero. Hay cuestiones que involucran, directamente, a la gestión. ASSE tiene 1,5 millones de usuarios (en un país de 3,5 millones de habitantes) y es el prestador público más grande. Las demoras en obtener turnos con especialistas se deben, muchas veces, a la falta de complementariedad de servicios según la zona, o a la escasa cantidad de profesionales radicados en el Interior.
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, aseguró que el mercado no puede regular la cantidad de especialistas necesarios en Uruguay. “Por más que respetamos la autonomía universitaria, las cátedras no pueden determinar qué porcentajes y qué cantidad de profesionales se forman, porque eso repercute directamente en la atención de los usuarios”.

No hay una coordinación transversal para resolver estas problemáticas, que se repiten en distintas áreas del sistema. El Sistema Nacional Integrado de Salud ya ha identificado las zonas del país donde faltan determinadas especialidades. En esos lugares, donde se registran tiempos de espera inadmisibles, es necesaria la voluntad política y capacidad de resolución.
Si es cierto que no puede haber 30.000 personas en lista de espera para ser atendidas en salud mental o por un cardiólogo —donde el 72% de los casos refiere a hipertensión arterial—, entonces será necesario, antes que nada, un cambio cultural dentro del propio sistema de salud.
Por ejemplo, hoy un médico de Medicina Familiar y Comunitaria no está habilitado para recetar un protector solar, a menos que lo indique un especialista en dermatología.

Si las transformaciones no empiezan desde arriba, tampoco llegarán hacia abajo. Y si se demora el abordaje comunitario de patologías comunes en la red de atención primaria —las policlínicas—, los usuarios acudirán rápidamente a las puertas de emergencia, sobrecargando el servicio. Tal como ocurre ahora. Como sucede desde hace muchos años.

Basta con alejarse tres o cuatro cuadras desde 18 de Julio –y a veces menos– para apreciar la inexistencia de veredas o su pésimo estado cuyo mantenimiento constituye una obligación de los propietarios de los inmuebles que dan al frente de dichas veredas. Ante la total pasividad de las autoridades de la Intendencia Departamental y sin importar el partido político que se encuentre en el poder, dichos propietarios gozan de una absoluta impunidad porque nadie los intima y obliga a reparar dichas veredas, más allá de algunos proyectos o alguna acción puntual “para llenar el ojo” de los posibles votantes en épocas electorales. Tampoco existe por parte de esos propietarios una verdadera conciencia de que la vereda no es parte de su inmueble, sino un bien de uso público que está destinado a la circulación de los peatones, evitando de esa forma los peligros que representa (tal como sucede en muchas calles sanduceras) tener que bajar a la calzada para caminar esquivando autos, motos o bicicletas. Las veredas se hicieron para los peatones por un tema de seguridad en la circulación y orden y por eso deben ser consideradas en buen estado. Es bueno recordar que si una persona tropieza en una vereda en mal estado y sufre lesiones el responsable por los daños y perjuicios causados por las mismas será el propietario al frente de cuyo inmueble tuvo lugar ese accidente, algo que cualquier tribunal no dudaría en condenar sin demasiados miramientos.
¿Ante esta situación, que hace la Intendencia Departamental de Paysandú? ¿Acaso intima a los propietarios para que en un plazo determinado realicen las obras de construcción, reparación o reconstrucción de las veredas, pudiendo la Intendencia, en caso de incumplimiento realizar las obras por administración y con cargo a las propiedades respectivas, sin perjuicio de aplicar a los propietarios omisos las multas establecidas? ¿Ejerce esa Intendencia esa potestad o simplemente mira para otro lado porque se trata de una medida “que no arrima votos”? Sabemos que en Montevideo muchas veces se han anunciado con bombos y platillos medidas similares pero quedan en “agua de borrajas” precisamente por mezquinos cálculos electorales que también se dan en nuestro departamento. Durante años el exdiputado y exedil nacionalista Rubens Francolino reclamó en la Junta Departamental medidas concretas en favor del buen estado de las veredas sanduceras. Lamentablemente su prédica cayó en saco roto y la situación de entonces nos ha traído al lamentable panorama que podemos apreciar tres décadas más tarde en nuestra ciudad.

Una de las razones esgrimidas por dichos propietarios para no reparar sus veredas es el supuesto alto costo de dichas tareas, pero la razón real es otra: saberse impunes y ser conscientes de que ninguna autoridad departamental los intimará (y mucho menos multará) en caso de que sus veredas se encuentren en mal estado. Aún así, existe una alternativa que los ediles departamentales y la propia Intendencia Departamental deberían estudiar: las veredas confeccionadas con hormigón, esto es sin baldosas. En la Ciudad Vieja de Montevideo se hizo un experimento en este sentido y si bien tuvo un alcance parcial, ha funcionado en aquellas calles donde se aplicó. Una vereda de hormigón no sólo es más barata y fácil de construir sino también de reparar, facilitando de esa manera que los propietarios puedan acceder a cumplir con esa obligación. Muchas ciudades del mundo, como Nueva York, Chicago, Madrid o París han optado por esta modalidad por lo que no se trata de “inventar la rueda” ni de copiar sin más lo que se hace fuera de nuestro país, sino de adaptar a nuestras necesidades lo que ha funcionado en otras tierras.

Si tenemos en cuenta que la población uruguaya es una población envejecida, la cual presenta muchas veces problemas para caminar (haciéndolo en la vía pública mediante la utilización de bastones o andadores) y lo mal iluminada que se encuentra nuestra ciudad fuera de las calles más céntricas, el tema del buen estado de las veredas adquiere una importancia mayor, ya que se trata nada más y nada menos que de la seguridad de nuestros mayores, pero también se aplica al caso de los niños que tienen que caminar por la calle con los riesgos que ello implica.
Ante toda esta evidencia, ¿qué espera la Intendencia Departamental para revisar la legislación en materia de veredas para ajustarla a los tiempos que corren? ¿Cuándo se comenzará a fiscalizar en serio el estado de las veredas sanduceras (no sólo las del centro sino todas) para que sea seguro caminar por las mismas? ¿Acaso existe la voluntad política de que la Intendencia Departamental repare con personal propio o de terceras empresas las veredas en mal estado y le cobre a los propietarios en cuotas los costos de esa reparación? ¿No sería una forma de aprovechar la mano de obra de la Intendencia o de crear puestos de trabajo de esos que tanto necesita nuestro departamento?

Los sanduceros debemos tomar cabal consciencia de la importancia que las veredas tienen para la convivencia y la seguridad de todos, sin excepciones. Se trata de un espacio de uso público que nos pertenece a todos y que debe ser cuidado entre todos, aún cuando para ello sea necesario denunciar a los propietarios que no cumplen con su obligación de mantenerlo en buen estado. A modo de ejemplo, el sitio web de la Intendencia de Montevideo permite realizar esa denuncia en forma electrónica mediante el llenado de un simple formulario expresando que, “A través de este trámite podés hacer la denuncia de una vereda que se encuentra en mal estado para que la Intendencia intime a la persona propietaria a hacer las reparaciones o que las haga la propia Intendencia en los casos que corresponda”.
El mal estado de las veredas sanduceras es un desastre evitable; lo único que falta es voluntad política, y ciudadana.