Al menos en Uruguay, quienes más debaten a nivel político sobre las demoras y carencias en la salud pública son, precisamente, quienes no utilizan sus servicios. O bien cuentan con los recursos necesarios para acceder a una consulta privada con un especialista que acorte sensiblemente los plazos de espera.
No obstante, su exposición pública ha servido para poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan quienes viven en el Interior, particularmente al norte del río Negro, donde se presentan las mayores inequidades. Este escenario se repite desde hace décadas. Basta con revisar las crónicas periodísticas para comprobar que las vicisitudes de los usuarios han sido similares a lo largo de los años.
Ni hablar de quienes han atravesado problemas de salud o siniestros laborales y residen en el Interior profundo. En pleno siglo XXI siguen existiendo dificultades con los traslados en ambulancia, en un territorio que no es extenso, sino todo lo contrario. Hace dos meses, la comunidad sanducera revivió su impotencia ante un hecho ocurrido en el área de influencia de Quebracho. Y a fines de 2025 se cumplirán dos años del siniestro en el Camino a Casa Blanca, cuya protagonista aún se rehabilita de sus dolorosas lesiones.
Mientras tanto, abundaron las discusiones sobre la pertinencia de instalar un servicio de emergencia y traslado para atender estos casos graves, que requieren asistencia urgente en la ciudad. Pero hasta el momento, no se ha logrado nada concreto.
Durante todo 2024 hubo idas y vueltas, reuniones de comisión, comparecencias de autoridades, cruces verbales y los consabidos argumentos sobre la “falta de recursos” que impide el arribo de ambulancias al Interior.
Con el nuevo gobierno y la discusión presupuestal, reaparece el argumento de la “frazada corta” para justificar carencias en determinados servicios. Pero ese “mientras tanto” se vuelve cada vez más cruel y deja en evidencia que los hechos ocurren sin recibir una respuesta adecuada, sin importar quién gobierne.
Porque las personas son víctimas de siniestros de tránsito o accidentes laborales y –en el peor de los casos– fallecen “mientras” allá lejos (en Montevideo) todavía se delibera sobre la oportunidad de incorporar un servicio básico.
Y quienes llegan a ayudar muchas veces se encuentran con un protocolo que los inmoviliza. Porque el tiempo pasa, y hasta hoy hay gente que se pregunta si su familiar podría haber tenido una oportunidad de sobrevivir. Y llegan a la triste conclusión de que no se le dio esa oportunidad.
Los residentes de localidades pequeñas acumulan en su memoria casos similares, en los que los servicios médicos demoraron en llegar o directamente nunca lo hicieron. ¿Quién puede decirles que están equivocados o que exageran?
También se escucha –cada vez con más frecuencia– la peor de todas las preguntas: “¿Antes también reclamaban?”. Y sí, reclamaron siempre. Pero hasta ahora la respuesta sigue sin aparecer. Lo cierto es que, en ambos casos, las circunstancias de los accidentes cambiaron la vida de esas personas y de sus familias para siempre.
Pero da la impresión de que a nadie le importa. No hay voluntad política. De lo contrario, la alarma pública provocada por uno de estos hechos a finales de 2023 habría servido como punto de partida para construir una solución a largo plazo.
En tiempos de alta tecnología y gran accesibilidad a todo tipo de dispositivos, los pobladores del Interior aún recurren a la vieja solidaridad entre vecinos como forma de consuelo ante el dolor. En eso, los tiempos no han cambiado tanto.
Porque conviene entender que no todo se resuelve con dinero. Hay cuestiones que involucran, directamente, a la gestión. ASSE tiene 1,5 millones de usuarios (en un país de 3,5 millones de habitantes) y es el prestador público más grande. Las demoras en obtener turnos con especialistas se deben, muchas veces, a la falta de complementariedad de servicios según la zona, o a la escasa cantidad de profesionales radicados en el Interior.
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, aseguró que el mercado no puede regular la cantidad de especialistas necesarios en Uruguay. “Por más que respetamos la autonomía universitaria, las cátedras no pueden determinar qué porcentajes y qué cantidad de profesionales se forman, porque eso repercute directamente en la atención de los usuarios”.
No hay una coordinación transversal para resolver estas problemáticas, que se repiten en distintas áreas del sistema. El Sistema Nacional Integrado de Salud ya ha identificado las zonas del país donde faltan determinadas especialidades. En esos lugares, donde se registran tiempos de espera inadmisibles, es necesaria la voluntad política y capacidad de resolución.
Si es cierto que no puede haber 30.000 personas en lista de espera para ser atendidas en salud mental o por un cardiólogo —donde el 72% de los casos refiere a hipertensión arterial—, entonces será necesario, antes que nada, un cambio cultural dentro del propio sistema de salud.
Por ejemplo, hoy un médico de Medicina Familiar y Comunitaria no está habilitado para recetar un protector solar, a menos que lo indique un especialista en dermatología.
Si las transformaciones no empiezan desde arriba, tampoco llegarán hacia abajo. Y si se demora el abordaje comunitario de patologías comunes en la red de atención primaria —las policlínicas—, los usuarios acudirán rápidamente a las puertas de emergencia, sobrecargando el servicio. Tal como ocurre ahora. Como sucede desde hace muchos años.
