Desde su creación, hace más de medio siglo, el Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), fundado por don Alberto Gallinal, ha desarrollado una fecunda labor en pos de un objetivo fundamental: contribuir a que los residentes del interior profundo del país accedan a una vivienda digna. Esta labor ha marcado un antes y un después para el medio rural uruguayo, donde miles de familias han visto surgir complejos habitacionales que vienen a suplir una necesidad básica: el techo propio.
A lo largo de estos más de 50 años, Mevir ha brindado alrededor de 36.000 soluciones habitacionales. Comenzó con planes centrados exclusivamente en la construcción de viviendas, pero con el tiempo amplió su alcance, incorporando intervenciones diversas destinadas no solo a facilitar la permanencia de los habitantes en sus localidades, sino también a fomentar emprendimientos productivos familiares.
Estamos, sin duda, ante una obra de gran impacto social, que ha contado con un amplio respaldo a lo largo de los años, consolidándose como una política de Estado, más allá de los distintos partidos que han ocupado el gobierno. Los recursos que han hecho posible esta tarea provienen, en buena medida, de los aportes de los contribuyentes, especialmente del sector agropecuario, y las viviendas son construidas mediante el sistema de ayuda mutua, en el que participan activamente los propios beneficiarios.
Estas familias no solo acceden a una vivienda, sino que se integran a una comunidad con vida social e institucional, lo cual cobra un valor especial en zonas de escasa densidad poblacional. Es decir, Mevir no solo construye casas, sino que fomenta la radicación, el sentido de pertenencia y la permanencia de las familias en el medio rural.
En todo el país, los complejos habitacionales han reemplazado centenares de ranchos de barro y paja, y casas precarias, que eran reflejo de una realidad socioeconómica que nos interpelaba como sociedad.
Sin embargo, no todo es color de rosa. La naturaleza zafral u ocasional del trabajo rural obliga, en muchos casos, a que las familias deban trasladarse hacia donde se encuentren nuevas oportunidades laborales, a veces a decenas de kilómetros. Esta movilidad forzada genera un problema social de magnitud: el “techo propio” deja de serlo en la práctica, y muchas veces se produce el abandono de la vivienda, que permanece cerrada durante largos períodos.
Según declaraciones recientes del presidente de Mevir, Dr. Andrés Lima, recogidas por EL TELEGRAFO durante la escrituración de viviendas en pueblo Gallinal, aproximadamente un 4 % de las viviendas construidas por Mevir se encuentran actualmente desocupadas y en proceso de readjudicación.
En esa oportunidad, Lima expresó su expectativa de que el próximo presupuesto quinquenal —a definirse en octubre— permita incorporar nuevos recursos para continuar construyendo viviendas en el interior rural. Asimismo, anunció su intención de adjudicar unas 1.800 viviendas hoy deshabitadas, cifra que representa algo más del 4 % del total construido por el organismo.
“Actos como la escrituración de 90 viviendas en pueblo Gallinal nos llenan de alegría —afirmó Lima—, sobre todo porque corresponden a dos planes antiguos, de 1995 y 1996. Este es el cierre de un proceso que comenzó con la solicitud de los vecinos, la decisión de Mevir de construir, el levantamiento de las viviendas, el esfuerzo de cada familia que aportó 96 horas mensuales de trabajo, el pago de cuotas durante 20 años y, finalmente, la entrega del título de propiedad.”
El jerarca reafirmó que Mevir representa una verdadera política de Estado, sostenida a lo largo del tiempo por gobiernos de diferentes signos políticos. En este sentido, manifestó su esperanza de que el próximo presupuesto contemple un aumento de recursos: “Nos han adelantado que nos otorgarán un aumento, y creemos que eso es fundamental. Ojalá cada gobierno que venga mantenga esa línea. Cuanto más presupuesto tengamos, más viviendas podremos construir”.
Respecto al problema de las viviendas vacías, Lima subrayó: “Tenemos un porcentaje que oscila entre el 4 y el 5 % de unidades desocupadas. Por eso, uno de nuestros objetivos en esta gestión es la readjudicación de esas viviendas. No puede ser que haya una demanda tan grande y, al mismo tiempo, cerca de 1.800 viviendas vacías. Deben ser otorgadas a otras familias. Es una prioridad, al igual que la entrega de títulos de propiedad y la firma de convenios”.
Y justamente de eso se trata: los recursos son escasos, y mientras en diversas localidades del departamento y del país se siguen reclamando nuevos complejos, existen cerca de dos mil viviendas desocupadas. Son unidades que demandaron el esfuerzo y el aporte de toda la comunidad, y que constituyen un subsidio importante para garantizar el acceso a una vivienda.
Con el paso de los años, muchas familias han dejado de residir en esos complejos. Por eso, además del proceso de readjudicación ya en marcha, es imprescindible racionalizar los nuevos pedidos de construcción. Es necesario analizar con criterio y sentido común cada intervención, para no dilapidar recursos y, al mismo tiempo, recuperar estos activos que significan las viviendas vacías, en beneficio —también— de los contribuyentes que las hicieron posibles.
