La última encuesta de Unicef en Uruguay confirma una tendencia que, aunque ha descendido levemente, en líneas generales se mantiene estable: la crianza y disciplina violenta afecta al 40 % de los niños y adolescentes de entre 2 y 14 años. Esta práctica se ha normalizado. En cifras, son aproximadamente 222.000 personas afectadas, donde se destacan las agresiones psicológicas, seguidas por los castigos físicos.
La violencia, que siempre afecta el desarrollo emocional a cualquier edad, tiene un impacto aún más profundo en las primeras etapas de la vida. Ese aprendizaje, como resultado de la naturalización de situaciones extremas en el hogar, será replicado por el niño o adolescente como un método válido para resolver conflictos en su entorno.
Por lo tanto, no es difícil comprender que las sociedades violentas no son producto de hechos aislados ni espontáneos, sino el resultado de un crecimiento marcado por la baja autoestima y la resolución de conflictos basada en la agresión mutua.
A esto debe sumarse la exposición a la violencia doméstica contra sus madres, en un contexto de vergüenza y silencio, porque tanto la víctima como el agresor forman parte del núcleo familiar.
El año pasado, el INAU registró más de 8.900 situaciones de violencia —24 por día—, donde el 90 % de los agresores eran familiares. La disciplina basada en castigos físicos continúa siendo socialmente aceptada y atraviesa distintos contextos socioeconómicos y culturales. Incluso, se presenta con humor en algunas series animadas, se integra a personajes infantiles o aparece de forma reiterada en los guiones de las plataformas de entretenimiento.
Desde la base, entonces, la salud mental crece afectada por estas tendencias. Y aunque su abordaje esté incluido entre las metas prioritarias, el actual Presupuesto Quinquenal poco podrá hacer si no se produce un cambio de paradigma tanto familiar como institucional.
Hechos que enlutan a la sociedad, como el trágico final de Luna —la niña de 13 años asesinada por su padre—, son ejemplos de violencias extremas que interpelan profundamente, al dejar la sensación de que el desenlace pudo haberse evitado. Se registraron llamados de auxilio. El rol del Estado, a través de diversas instituciones especializadas, pudo ser clave. Sin embargo, la respuesta fue tardía: se demoraron las medidas cautelares y la vigilancia para asegurar su cumplimiento.
La duda queda en el aire: ¿es aceptable que un niño o adolescente sea revinculado a un entorno que lo maltrata y humilla de forma reiterada? ¿Nadie reparó en el daño causado por el trato desigual y denigrante que recibía la niña respecto a otros niños del entorno familiar? ¿Tiene más validez —para la justicia u otros organismos con injerencia en estos temas— la palabra de un adulto que la de una niña de 13 años?
O el caso de Oriana, que murió a los tres meses de nacer con un test positivo de marihuana y cocaína, hija de una madre consumidora, con sífilis congénita y afectación de órganos vitales. En el medio, una resolución la revinculó con su progenitora, y la vulnerabilidad se profundizó hasta el punto de que la niña murió sola, en la cama de una pensión. Tampoco en este caso el Estado, a través de sus instituciones especializadas, logró garantizar los mecanismos de protección a una bebé de tres meses.
Comparado con otros países de la región, Uruguay cuenta con una legislación avanzada. Sin embargo, ante situaciones como estas, cabe preguntarse: ¿para qué se legisla tanto si las normas no se aplican o se ejecutan con discrecionalidad? Porque, para Luna y Oriana, el sistema de protección legal llegó tarde.
Las organizaciones de la sociedad civil exigen acciones. La Plataforma Infancias y Adolescencias reclamó la declaración de una emergencia nacional que jerarquice esta problemática y habilite mecanismos urgentes para su atención. Resulta clave una coordinación efectiva entre organismos, ya que los compartimentos estancos conducen a la falta de respuestas y de acciones articuladas. Ambas niñas —y otros casos ocurridos este año— sufrieron, además, una forma de violencia institucional y judicial que no siempre es reconocida como tal.
La Plataforma también demandó recursos específicos en el Presupuesto Quinquenal para el abordaje de estas situaciones, así como la reglamentación de la Ley 20.376 de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, aprobada el año pasado por unanimidad.
Uruguay tiene todas las condiciones para garantizar el seguimiento de situaciones de violencia infantil. El año pasado nacieron 29.899 niños, el nivel más bajo desde 1888, y la tendencia continúa en descenso. Este dato, más que alarmar, debería convocar a repensar las prioridades. La prevención debe centrarse en erradicar la violencia como práctica aceptada, y llevarse a cabo con políticas instaladas en los territorios, orientadas a transformar las pautas de relacionamiento entre adultos y hacia niñas, niños y adolescentes. Porque desde los escritorios, ya existen las definiciones teóricas.
El mensaje del gobierno en este Presupuesto Quinquenal que ingresará al Parlamento señala que la infancia es una prioridad. Pero los recursos deben ir acompañados de políticas eficaces, que ya están contempladas en diversas leyes.
No se requiere mayor legislación. Es hora de alinear criterios —hoy dispersos— para asistir a una población que muchas veces no tiene quién la defienda. La violencia ocupa un lugar central en nuestra sociedad porque el sistema, de alguna manera, permitió que así ocurriera.
Lo imperdonable es que ataca a los más vulnerables, y que los agresores surgen desde el interior del hogar, el mismo que se supone debe ofrecer contención y protección.
La otra violencia, más silenciosa, es la que ejerce una sociedad que mira hacia otro lado, o un Estado que, en ocasiones, llega tarde… o no llega.
