Culturales
El Club de niños Zorrilla cerró el año con festejo en Plaza Bella Vista
(Nota completa para abonados y en edición impresa)
Día: 18 de diciembre de 2025
Nacionales
CAF aprobó U$S 980 millones en transporte, clima y barrios vulnerables; buscan reducir brechas territoriales y sociales
(EFE)
El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF aprobó un préstamo por 980 millones de dólares para Uruguay, destinado a modernizar el transporte público, fortalecer la resiliencia climática y transformar comunidades vulnerables. Según expresó el organismo a través de un comunicado, la operación se articula a través de cuatro ejes estratégicos que buscan reducir las brechas territoriales y sociales, además de equilibrar la deuda pública ante eventos climáticos extremos.
Uno de los pilares principales es el programa “Más Barrio”, que contará con 250 millones de dólares para intervenir en 21 zonas prioritarias con alta vulnerabilidad social. El proyecto combina desarrollo urbano y seguridad ciudadana, y se estima que beneficiará directamente a cerca de 70.000 personas en su fase inicial.
En materia de movilidad, el organismo aprobó 300 millones de dólares para el sistema de transporte del Área Metropolitana de Montevideo. Esta inversión busca implementar –según CAF– un sistema de alta capacidad y sostenible que beneficie a 1,86 millones de habitantes.
Para su gestión, se creará la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, con participación del Ministerio Economía y Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Pública y los Gobiernos locales de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José.
El paquete incluye también 130 millones de dólares para infraestructura en los 19 departamentos del país, ejecutados por la Corporación Nacional para el Desarrollo, con el objetivo de reducir las diferencias territoriales que afectan al país.
De acuerdo con CAF, el 17% de la población uruguaya y el 13% de los hogares se encuentra en situación de vulnerabilidad, con una incidencia significativamente mayor en el norte del país, brecha que este programa pretende mitigar. También se autorizó una línea de crédito contingente de 300 millones de dólares para la gestión de deuda pública y atención de emergencias. Este instrumento pretende permitir al país acceder a liquidez rápida ante conmociones externas, reservando hasta el 50% del total para atender desastres causados por eventos climáticos extremos.
“Esta aprobación histórica refleja nuestro compromiso con el desarrollo integral de Uruguay”, afirmó el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, quien destacó que estos proyectos son instrumentos necesarios para “construir cohesión social y aumentar la resiliencia frente a la crisis climática”.
“NO TENEMOS COMUNICACIÓN OFICIAL”, SOBRE ACUERDO UE-MERCOSUR
(SUBRAYADO)
El presidente Yamandú Orsi analizó este miércoles las posibilidades de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la cumbre de Foz do Iguaçu (Brasil) ante los reparos de Italia y la posición contraria de Francia.
“No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa. Veremos, veremos. Por ahora, no tenemos novedades. Lo que sí, esto que está trascendiendo de algunos movimientos que estarían dificultando. Veremos”, expresó el mandatario tras recibir cartas credenciales de nuevos representantes extranjeros en el Palacio Estévez.
“Es una posibilidad, claro que sí”, respondió Orsi al ser consultado sobre la posibilidad de que se postergue la firma del acuerdo.
INCENDIO AFECTÓ VISIBILIDAD EN AEROPUERTO DE CARRASCO
(TELENOCHE)
Un intenso incendio de campo afectó una zona cercana al Aeropuerto de Carrasco, en el departamento de Canelones. El predio afectado es el que se encuentra por detrás de la principal terminal aérea del país, un descampado sin viviendas cercanas.
La gran columna de humo afectó la visibilidad de la pista de aterrizajes y despegues del aeropuerto, pero en todo momento operó con normalidad.
Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar, al tiempo que un helicóptero apoyó por aire el operativo con un helibalde.
RENUNCIÓ EL DIRECTOR DE AGESIC
(MONTEVIDEO PORTAL)
Daniel Mordecki, quien desempeñaba el puesto de director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), presentó la renuncia a su cargo este miércoles. Según confirmó Montevideo Portal con Agesic, aún se desconoce quién será su sucesor.
La salida de Mordecki se produce pocas semanas después de lo que fue su último gran anuncio público al frente de Agesic, realizado el pasado 26 de noviembre, en el marco del evento anual del organismo. En esa instancia, el jerarca afirmó que Uruguay se encuentra en un “lugar de privilegio” en materia de gobernanza digital, como resultado de un proceso de transformación del Estado que, según dijo, atraviesa buena parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, desde trámites y transacciones hasta educación y salud.
Mordecki advirtió, sin embargo, que ese posicionamiento no es irreversible y requiere sostenerse en un contexto internacional cambiante. En ese sentido, remarcó la necesidad de liderazgos que “piensen en forma digital” en el ámbito político, parlamentario y en las empresas públicas y privadas, para evitar que el país quede rezagado.
Durante su exposición, también destacó que el Estado impulsa 50 proyectos orientados a mejorar la gestión y eficiencia de los servicios públicos, así como iniciativas vinculadas a la seguridad ciudadana, ante el crecimiento de los delitos digitales. Otro de los ejes señalados fue el avance en una nueva normativa para regular el impacto de la inteligencia artificial.
Al cerrar su intervención, Mordecki sostuvo que Uruguay “está arriba en todas las medidas internacionales” gracias al compromiso y la capacidad de su gente, y valoró que en dos décadas se haya consolidado una transformación digital con impactos concretos en el funcionamiento del Estado.
General
Productores apícolas piden declaración de emergencia; abandonan unos 300 por año
La Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) denunció la peor tasa de mortalidad de colmenas en la historia del país y demandó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la declaración de estado de emergencia.
En Uruguay, el sector apícola cuenta con unos 3.000 productores registrados, aproximadamente 550.000 colmenas y por año, entre 200 y 300 abandonan la producción de miel. La pérdida de colmenas afectó a ocho departamentos –entre ellos Paysandú– y una comisión de trabajo integrada por técnicos y productores se encuentra abocada a analizar la situación y hacer recomendaciones al ministerio.
Oficialmente se reportaron 13.759 colmenas afectadas y el entorno implicado en todos los casos es agrícola, con implantación de colza, trigo, maíz y soja en distintas etapas del cultivo.
Récord histórico
La asesora legal de la SAU, Dra. Gabriela Beneventano, señaló a EL TELEGRAFO que “Uruguay llegó a un récord histórico de mortandad de abejas”, con más de 13.500 colmenas con pérdidas totales en Canelones, San José, Colonia, Río Negro, Flores, Florida, Soriano y Paysandú. “Son más de 65 apicultores afectados en el litoral norte y sur, que es donde hay más cantidad de colmenas”.
Recordó que anualmente se pierden entre 200 y 300 apicultores “y esa cifra se conoce por las declaraciones juradas que presentan en julio. Esta situación ha sido una causa muy importante para que abandonen sus producciones y, en muchos casos, resuelven no presentar las denuncias porque entienden que no tendrá mayores connotaciones”.
A nivel oficial, se expidió el MGAP y señaló que junto a un grupo de técnicos realizan las investigaciones correspondientes con el fin de encontrar la causa de la mortandad. Sin embargo, Beneventano reconoció que “el ministerio no se sentó con cada afectado ni tampoco planteó un apoyo económico para solventar esta situación”.
Protocolo de actuación
La SAU cuenta con un protocolo de actuación dirigido a los apicultores en todo el territorio nacional. “Convengamos que la apicultura convive con la agricultura y, muchas veces, brindan sus campos para las colmenas. Por eso, los apicultores tampoco resuelven denunciar”, precisó.
Las agremiaciones buscan un mayor acercamiento con las autoridades del MGAP, Digegra y otros actores sociales involucrados con la apicultura para evaluar las disposiciones de recursos a los productores afectados. “Porque no hablamos de productores aislados sino de familias que viven de esto”, enfatizó.
Por otro lado, la asesora reflexionó que “las multas que se aplican por el mal uso de agroquímicos suelen ser irrisorias para las afectaciones que provocan. Los productos utilizados no solamente afectan a las colmenas sino a la salud de todos y al medio ambiente. Es importante el involucramiento de otros actores como el Ministerio de Salud o Ministerio de Ambiente, y no solamente al MGAP. Porque nadie dimensiona la importancia de la abeja en nuestra calidad de vida”.
En américa latina igual
Beneventano integra la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura (Filapi), desde donde estudian protocolos para el uso de agrotóxicos. “Toda Latinoamérica tiene problemas con los agrotóxicos y en distintos momentos y a todos les pasa lo mismo. Cuando hay rotación de cultivos es cuando hay una mayor mortandad de abejas. Buscamos las buenas prácticas agrícolas con mejores controles de los productos que se ponen en los cultivos, las horas de aplicación y la necesidad de avisar a los apicultores para retirar las colmenas. Por eso, no hay un apoyo para las buenas prácticas y convivencia de la apicultura con la agricultura”, agregó.
La revista de la Sociedad Apícola volverá a publicar el protocolo a fin de difundir los medios legales existentes para presentar una denuncia. “Uruguay junto a otros países de la región buscan normas respecto al control de las aplicaciones de agrotóxicos por la mortandad de abejas, así como normativas más contundentes que le permitan al apicultor obtener otro respaldo frente a estas situaciones devastadoras”, concluyó.
Rurales
Fucrea: empresas ganaderas cierran el ejercicio con U$S 141 por hectárea
La Federación Uruguaya de Grupos CREA (Fucrea) presentó los resultados del ejercicio 2024/25 para las empresas ganaderas, agrícolas-ganaderas y lecheras. Los datos fueron expuestos por el gerente de la institución, ingeniero agrónomo Martín Aguirrezabala, quien detalló las principales variaciones expresadas en dólares constantes por hectárea. Según informó, el producto bruto promedio fue de U$S 355 para las empresas ganaderas, U$S 1.068 para las agrícolas-ganaderas y U$S 2.959 para las lecheras. Por su parte, el costo de los insumos alcanzó U$S 214, U$S 695 y U$S 2.365 respectivamente.
Aguirrezabala indicó que el ingreso de capital fue de U$S 141 en ganadería, U$S 373 en agricultura-ganadería y U$S 596 en lechería. Aclaró que estos montos corresponden a promedios, pero que los mínimos revelan que “aún en un año muy bueno como este, hay algunos que tienen ingresos de capital negativos en todos los sectores”. Asimismo, destacó que los máximos resultaron significativamente superiores a la media.
En la comparación interanual, los resultados mejoraron respecto al ejercicio 2023/24 en 48% para ganaderos y agrícolas-ganaderos, mientras que en los lecheros el incremento fue de 38%. En todos los casos se utilizaron cifras ajustadas a moneda constante, “a igualdad de poder adquisitivo”, según puntualizó. Sobre el promedio de los últimos diez años, los ganaderos se ubicaron 17% por encima, los agrícolas-ganaderos 38% arriba y los lecheros 47% superiores.
Evolución sectorial en moneda constante
Aguirrezabala señaló la evolución histórica de los resultados en dólares constantes desde la campaña 2007/08 para las tres principales sectoriales CREA. Señaló que no se incluyen aún los datos del sector granjero debido a que “tenemos datos de muy pocos años”. Explicó que desde hace tres ejercicios Fucrea trabaja en la mejora del registro de precios, ya que anteriormente “teníamos muy buenos datos de costos, pero no teníamos muy buenos datos de producto”.
En la evaluación de largo plazo, destacó que la lechería ha mostrado “una performance muy interesante”, sosteniendo una tendencia creciente, mientras que la agricultura presenta una evolución ligeramente más moderada. En ganadería, los desempeños se han mantenido mayormente estables, con ciclos asociados a variaciones de precios y clima. Aguirrezabala subrayó que, si bien el ejercicio 2024/25 no es el mejor de la serie, “es un muy buen ejercicio en comparación con los resultados históricos”.
Remuneración de los factores y competitividad
La presentación incluyó un análisis detallado del costo de los factores tierra, capital y trabajo, así como su relación con el ingreso de capital. Aguirrezabala explicó que la rentabilidad de cada sistema se evalúa según la capacidad de cubrir los costos de recursos utilizados. “Qué tan competitivos somos para quedarnos con la tierra, qué tan competitivos somos para usar capital ajeno”, manifestó.
Promediando los costos, las empresas ganaderas registraron U$S 70,1 por hectárea en renta de tierra y U$S 37,6 en costo de capital al 5%, totalizando U$S 107,6. Frente a un ingreso de capital promedio de U$S 141, el 62% de las 220 empresas ganaderas CREA logró remunerar plenamente los factores. En las empresas agrícolas-ganaderas, el costo de los factores promedió U$S 274, lo que permitió que el 61% de las 62 carpetas cubrieran ese total. En lechería, 83% de las 102 empresas lograron remunerar los factores.
Aguirrezabala señaló que esta situación representa una mejora significativa respecto de ejercicios anteriores. En ganadería, el porcentaje de empresas que lograron cubrir los factores fue de 20% en 2022/23, 16% en 2023/24 y 62% en 2024/25. Subrayó que “es un efecto mayoritariamente de precio”, dado que la productividad promedio no tuvo cambios relevantes entre los dos últimos ejercicios.
En agricultura, la situación mejoró de forma marcada: solo 5% remuneró los factores en 2022/23, 43% en 2023/24 y 61% en 2024/25. En lechería, donde la actividad había salido fortalecida tras la sequía, el 58% logró cubrir los factores en 2022/23, 62% en 2023/24 y 83% en 2024/25.
Opinión
Salud, derechos y política
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el lunes una declaración que ha sido calificada como histórica, ya que implica un compromiso global con metas concretas y medibles que sitúan a la salud pública como eje de la justicia social y del desarrollo sostenible.
El documento, titulado “Equidad e integración: transformar vidas y medios de subsistencia mediante el liderazgo y las medidas en materia de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar”, integra dos agendas que hasta ahora habían transitado caminos paralelos: la lucha contra las enfermedades no transmisibles (ENT) y la promoción de la salud mental.
El acuerdo, respaldado por 175 países —con los votos en contra de Estados Unidos y Argentina y la abstención de Paraguay—, propone reducir en 150 millones el número de consumidores de tabaco, lograr que otros 150 millones de personas tengan la hipertensión controlada y garantizar que 150 millones accedan a servicios de salud mental.
Las enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer o la diabetes, provocan 18 millones de muertes prematuras cada año, mientras que los problemas de salud mental afectan a más de mil millones de personas en el mundo, según datos de la ONU. Se trata de realidades que comparten factores de riesgo prevenibles —dietas poco saludables, consumo de alcohol y tabaco, y contaminación atmosférica—, lo que refuerza la urgencia de abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud. Además, la declaración incorpora temas novedosos como la salud bucal, los cánceres infantiles, los daños digitales derivados de la exposición excesiva a pantallas y la contaminación del aire, ampliando así el alcance hacia problemáticas que hasta ahora habían quedado relegadas de las grandes discusiones en materia sanitaria.
La declaración no se limita a fijar metas de salud, sino que posiciona a la salud como un derecho humano y como una condición indispensable para el desarrollo sostenible. Asimismo, en un contexto de crisis económicas, hace un llamado a los países a asegurar el financiamiento interno y a fortalecer la cooperación internacional, con el objetivo de que la salud deje de ser un asunto exclusivo de ministerios y hospitales y se convierta en un eje transversal de las políticas públicas, abarcando desde la educación hasta el medioambiente.
En este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a la responsabilidad compartida al afirmar que “juntos podemos cambiar la trayectoria de las enfermedades no transmisibles y la salud mental”.
El consenso sobre estos temas fue casi unánime entre los países representados en la ONU: se registraron 175 votos a favor, mientras que Estados Unidos y Argentina votaron en contra y Paraguay se abstuvo.
De acuerdo con analistas internacionales y con lo señalado por la propia ONU en su sitio web, la principal razón del aislamiento estadounidense y argentino radica en que el texto de la declaración reconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva y destaca que las mujeres soportan una doble carga —como pacientes y como cuidadoras— en la mayoría de los países.
Este punto, que para 175 países resulta incuestionable, se convirtió en el detonante de la disidencia de los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei. La postura estadounidense refleja la influencia de sectores conservadores que buscan limitar, en los foros multilaterales, cualquier referencia a los derechos reproductivos. El gobierno de Milei se alineó con esta posición, reforzando su vínculo político e ideológico con la administración de Trump.
El rechazo no es menor ni pasa desapercibido. Estados Unidos, como potencia mundial, y Argentina, como país con liderazgo regional en el Cono Sur, quedan en una posición incómoda frente a la comunidad internacional.
Este posicionamiento plantea interrogantes igualmente incómodos: ¿qué mensaje reciben los ciudadanos que enfrentan diariamente la hipertensión, la depresión o el cáncer? ¿Qué impacto tiene en la credibilidad internacional de ambos países votar en contra de iniciativas tan claras a favor de la salud de la población?
A su vez, se trata de una decisión reveladora, ya que evidencia cómo la salud puede convertirse en rehén de disputas culturales y políticas. En lugar de respaldar la cooperación internacional frente a desafíos que afectan profundamente la vida de las personas, ambos países optan por la resistencia.
Sin embargo, este aislamiento no perjudica a la ONU ni a otros Estados, sino principalmente a sus propios ciudadanos, al apartarse sus gobiernos de compromisos internacionales orientados a mejorar la calidad de vida.
Argentina, además, se distancia de sus socios del Mercosur y de la mayoría de los países latinoamericanos que apoyaron la declaración. Por su parte, Uruguay se enfrenta a la situación de que su vecino más cercano se aparta de un acuerdo en un tema tan sensible como la salud, lo que podría permitirle capitalizar su prestigio internacional en políticas sanitarias y reforzar su liderazgo regional.
Cabe recordar que nuestro país, a pesar de su pequeño tamaño, fue pionero en políticas antitabaco, enfrentando incluso litigios internacionales contra la industria tabacalera, y que cuenta desde 2017 con una Ley de Salud Mental. Es cierto que en este último ámbito aún queda mucho por avanzar: persisten la falta de recursos, la concentración de servicios en Montevideo y las dificultades para garantizar una atención integral en el interior del país. Precisamente por ello, estas deberían ser metas de corto plazo en el marco del consenso mundial recientemente respaldado, ya que resulta evidente que la magnitud de estos desafíos exige acciones concretas, más allá de discursos y declaraciones.
Como sostiene la ONU, en un mundo interconectado —donde las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales son comunes y aún se arrastran las secuelas de la pandemia—, la salud debería ser una meta colectiva, no un motivo de división ni un campo de disputas ideológicas. No obstante, el rechazo de Estados Unidos y Argentina pone de manifiesto las tensiones persistentes entre derechos, ciencia, salud y política, y abre un debate sobre la instrumentalización ideológica de la salud.