Gobierno suspende pagos al astillero Cardama hasta resolución judicial, desde el PN responsabilizan al FA

(EFE-Telemundo) La ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó este lunes que el Estado no autorizará nuevos pagos al astillero español Cardama hasta la resolución judicial de la denuncia en curso que se mantiene con la empresa por el contrato de las patrulleras oceánicas (OPV). Lazo aseguró a la prensa, en el acto por el 197 aniversario del Ministerio, que Presidencia amplió la denuncia contra el astillero y que, aunque el empresario Mario Cardama comunicó la colocación de la segunda quilla --pretendiendo que eso habilite pagos--, el gobierno mantiene todo “en stand by” y solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores. El Ministerio de Defensa, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó en 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares. No obstante, el pasado 22 de octubre, el gobierno anunció su decisión de rescindir ese contrato, tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce --que debía ofrecer el aval-- se encontraba en proceso de liquidación. En este sentido, Lazo indicó que ahora inspectores uruguayos están en España acompañados por una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, que respalda el trabajo estatal, para verificar avances reales. La ministra expresó su preocupación por la reciente “aceleración” de los trabajos tras un período de parálisis y advirtió que “la colocación de la quilla puede ser solamente presentar una chapa”, subrayando que Uruguay no cederá en la calidad del material, pues de ella depende la seguridad de sus efectivos. Ante esta consulta, Lazo respondió que los apuros en los últimos días hacen que se corra un riesgo en la calidad del producto a entregar y aclaró que su prioridad no es una “aversión hacia el empresario”, a quien afirma que solo vio dos veces, sino cuidar a los funcionarios del Estado. La ministra subrayó la necesidad estratégica de las OPV ante un “contexto mundial complejo” y la importancia de explorar alternativas regionales para consolidar soberanía compartida con los países vecinos. En ese sentido, el presidente Orsi afirmó el pasado 9 de diciembre que Uruguay contará “sí o sí” con las patrullas oceánicas que inicialmente fueron encargadas a Cardama y aseguró que el gobierno está trabajando en ver la forma para lograr el objetivo central, que es tener las patrullas. El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, cuestionó al gobierno por lo que consideró una serie de contradicciones en torno al proceso de construcción de las patrullas oceánicas. En entrevista con Telemundo, Gianoli sostuvo que el Ejecutivo ha manejado versiones cambiantes y recordó que, según información difundida por la prensa, se estaría evaluando rescindir el contrato por presuntos incumplimientos de la empresa. Al respecto, afirmó que “seguramente se rescinda el contrato producto del incumplimiento de la empresa Cardama”, aunque advirtió que ese incumplimiento, a su juicio, fue provocado por las propias autoridades. El legislador recordó que hace dos meses integrantes del gobierno hablaron de “fraude” y “estafa”, y se preguntó qué proveedor puede confiar en un contexto de ese tipo. En ese sentido, expresó que existe “una gran contradicción del gobierno”, que --según dijo-- termina demostrando desinterés por la construcción de las OPV. “Desde el día uno está la voluntad manifiesta del Frente Amplio de que no se construyan las OPV”, sostuvo.

GOBIERNO ANALIZA DEROGAR ARTÍCULOS DE LA LUC

(SUBRAYADO) El presidente Yamandú Orsi reconoció que el gobierno analiza derogar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada y aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En su momento, desde el Frente Amplio cuestionaron varios artículos, sin embargo, desde que la fuerza política asumió el gobierno, no derogó ninguno de ellos. “Las normas se derogan con otras normas”, afirmó. “Hay unas cosas aberrantes ahí en la LUC que las debemos (derogar). Las tenemos que hacer”, acotó el mandatario en una entrevista con el periodista Gabriel Pereira en Yunta Uy. Entre esas reformas, Orsi apuntó al Código del Proceso Penal (CPP). “El tema de los (juicios) abreviados yo creo que es un problemón”, aseguró. “Habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los abreviados”, agregó. El mandatario indicó que el análisis del CPP será global y no solo en relación a los procesos abreviados. “Caímos en un problema del uso medio... del abreviado y cuando vos no tenés recursos, salgo de esto”, indicó.

PROYECTO DE LEY PARA PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTO

(RADIO URUGUAY) La diputada del Partido Colorado por el departamento de Colonia, Nibia Reisch, presentó un proyecto de ley para la prevención de ahogamiento y otro que endurece sanciones para quienes agreden a guardavidas, inspectores y fiscalizadores de tránsito. En los últimos cinco años hubo 189 fallecimientos por ahogamiento en Uruguay, mientras que del 8 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025, 12 personas perdieron la vida. Se trata de la primera causa de muerte por lesiones no violentas en niños menores de cinco años y la segunda por lesiones no violentas en menores de diez años. En diálogo con La Mañana de Uruguay la legisladora dijo que “el 100% de estas muertes son evitables, tenemos un debe en nuestro país, es un problema de salud pública”. “Hay que tomar medidas de prevención” y de educación dijo Reisch. El proyecto planta la capacitación obligatoria de guardavidas y personal en centros recreativos en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Además se propone endurecer las sanciones contra quienes agredan a guardavidas, inspectores de tránsito y fiscalizadores en el ejercicio de sus funciones: “estamos viviendo en una sociedad más violenta”, reflexionó la diputada. El disparador de este incidente fue la agresión a un guardavida de Maldonado por un turista argentino, padre de un niño de tres años que el trabajador salvó.