Más allá de sus “peculiaridades”, falta de cintura política, alineamiento a ultranza con Donald Trump en política internacional, y estilo chocante y verborrágico, no puede reprocharse al presidente argentino Javier Milei que no haya cumplido con varias de sus promesas electorales, una de las cuales fue la “motosierra” en el gasto público, en un país signado por décadas de peronismo y luego kirchnerismo en las que las políticas populistas consumieron cuantiosos recursos.
Una de las expresiones más notorias de estas políticas ha sido el abaratamiento de los servicios como gas y electricidad, que durante muchos años resultaron una bagatela para los argentinos, y por supuesto, no resultaron gratis, sino que de los fuertes subsidios para mantener artificialmente bajo el valor de las tarifas, la contrapartida fue que las empresas que prestan estos servicios no encontraron atractivo invertir en sus emprendimientos para mejorar y mantener los servicios, por lo que se fue ingresando en una espiral de degradación.
De acuerdo a lo que informa La Nación, en lo que va de este verano no ha tenido todavía la repercusión que se esperaba el cambio sustancial en la política de tarifas y subsidios al consumo residencial de electricidad y gas natural en todo el país, que ya está vigente, aunque fue postergado por un mes.
Es que a partir de febrero, cuando se dicte la reglamentación y se fijen los nuevos precios, solo habrá en todo el país dos categorías de usuarios: una con subsidios estatales y otra sin subsidios. Esta última abarcará a parte del exnivel N3 (ingresos medios) que estaba subsidiado, excepto para quienes acrediten ingresos familiares iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales (CBT) medidas mensualmente por el Indec para un hogar tipo 2 (con dos adultos y dos niños). Una suma que en diciembre (último dato) equivalía a algo menos de 4 millones de pesos argentinos.
Para evitar un salto brusco en las facturas sin subsidios, se prevé además que 2026 será un año de transición. Habrá una bonificación extraordinaria inicial de 25% en las de energía eléctrica y gas natural, que será reducida a razón de 2% cada mes hasta agotarse en 2027.
En los hogares con subsidio, este equivaldrá al 50% del precio mayorista aplicable al consumo eléctrico de todo el año, con un tope de hasta 300 kWh/mes en los 7 meses de mayor demanda (verano e invierno) y de 150 kWh en el resto. En gas natural, también se subsidiará el 50% del precio mayorista hasta el consumo tope fijado para cada región del país, pero solo durante el invierno y con los volúmenes actuales de consumo máximo subsidiado. Para gas licuado de petróleo (GLP), el subsidio será de dos garrafas de 10 kg por mes (de mayo a setiembre) y una por mes en el resto del año.
El nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) fue aprobado a fines de diciembre por decreto (943/25), después de un proceso de consulta pública de tres semanas dispuesto por la Secretaría de Energía. Según sus fundamentos, el objetivo es focalizar la ayuda del Estado en los hogares vulnerables y terminar con múltiples regímenes superpuestos.
El SEF deja sin efecto la segmentación por niveles de ingresos altos (N1), bajos (N2), medios (N3) y la tarifa social de gas, vigentes desde 2022. Serán reemplazados por las dos únicas categorías (con y sin subsidios) según los ingresos, patrimonio y condición socioeconómica de cada hogar.
Estamos hablando de subsidios, pero sin dudas este concepto es un eufemismo para identificar que se trata de miles de millones de dólares que se han venido otorgando desde el Estado con este destino, pero siempre provenientes de los bolsillos de todos los conciudadanos, que se vuelcan a fines específicos y que equivalen además a un enorme agujero fiscal que ha estado creciendo año a año, simplemente para que el mal humor del electorado no desaloje del poder a los gobernantes de turno.
Con el arribo de Milei, en andas de una fuerte ola de descontento por la hiperinflación reinante, pero también por años y años de corrupción kirchnerista y voluntarismo, entrega del poder a los sindicatos, cortes de calles, piquetes, escraches, pedreas y quemas de cubiertas, dentro de un largo etcétera, el mandatario, con sus errores y aciertos y su estilo confrontativo dijo que mantendría su promesa de abatir sustancialmente el gasto público improductivo.
Con este cambio, adoptado después de dos años de gestión, pero iniciado en 2024 con el fuerte ajuste de tarifas postergadas, más corte de subsidios para el ex nivel N1 (altos ingresos), consorcios y empresas, el gobierno de Javier Milei está apuntando a revertir el escenario que desde 2002 causó estragos en el sector energético, principalmente durante los 16 años de populismo kirchnerista.
Es que durante la era K, las “tarifas políticas” con precios congelados durante años en el Gran Buenos Aires –cantera de votos histórica del peronismo y el kirchnerismo– a pesar de la creciente inflación, con una creciente brecha entre los costos reales de generar, transportar y distribuir electricidad, al igual que en la cadena del gas natural, y las tarifas ridículas que pagaban los residentes en esta zona de unos 16 millones de habitantes, no solo frenaron la inversión privada para mejorar los servicios, sino que las transferencias desde el Estado también fueron creciendo.
A la vez los subsidios masivos e indiscriminados como forma de mejorar el poder adquisitivo y captar votos potenciaron el consumo de electrodomésticos y la demanda de energía muy por encima de la oferta.
Es decir, una “tormenta perfecta”: falta de inversión en las infraestructura de los servicios esenciales, incremento artificial de la demanda por los precios por debajo de los costos, y el creciente déficit fiscal, que a la vez demandaba más recursos para poder seguir en este esquema suicida, y ello determinó que el kirchnerismo sobre todo aplicara más impuestos al agro, con fuertes detracciones y medidas proteccionistas para obligar a vender los productos dentro de fronteras, a precios irreales.
Todavía se está pagando en la Argentina el duro precio de desalentar la inversión por precios artificiales y medidas coercitivas, con largos apagones durante el verano y en los días más severos del invierno, mientras que por otro lado también el deterioro del sistema eléctrico disparó el uso de generadores comerciales y residenciales, alimentados por combustibles líquidos a precios artificialmente mucho más baratos que en los países vecinos.
La política ultraintervencionista K asimismo desalentó durante casi una década la producción de petróleo y gas natural hasta que el fin del autoabastecimiento condujo al cierre forzado de exportaciones y un creciente déficit comercial por costosas importaciones –principalmente de gas natural licuado (GNL)– que repercutieron en la balanza de pagos. Por otro, el indiscriminado gasto público en subsidios llegó a niveles récord de 3% del PBI en 2013 y 3,5% en 2014, una proporción similar al déficit fiscal primario de cada año. Insostenible por donde se lo mirara. Aquellos polvos trajeron los lodos que se extienden hasta hoy, y por cierto Milei se juega el todo por el todo con estas medidas que obviamente van a afectar los bolsillos de millones de argentinos, cuando hay contiendas electorales cercanas de por medio.
Pero es lo que hay que hacer, entre muchas otras cosas, para tratar de reacomodar el desquicio socioeconómico argentino. La interrogante, otra vez, es si le dará el tiempo a este gobierno, si el que sigue además le dará continuidad, o si en un golpe de populismo, se volverá a las viejas y nefastas prácticas de la red de subsidios que han hecho inviable por décadas al vecino país, pese a que cuenta con enormes recursos naturales, y por fin se podrá incluir a la Argentina dentro de la categoría de “los países normales”.
