Oficialmente el Banco Central del Uruguay (BCU), en su Evaluación del “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas” –llevado adelante en 2024, luego que Cabildo Abierto impulsara un proyecto de Referéndum que no prosperó– publicó que 204.326 personas accedieron a los beneficios propuestos. Ello no quiere decir que ese número de personas hayan solucionado sus problemas, ni que el tema se haya resuelto del todo, ni mucho menos.
En una serie de artículos en su blog Razones y personas –luego publicados por La Diaria–, Elisa Failache viene haciendo un seguimiento de la problemática de endeudamiento de las familias uruguayas. Allí refiere que el endeudamiento “es un tema que atraviesa a buena parte de los y las uruguayas” y menciona que en diciembre de 2023, según datos de la Central de riesgos del BCU, procesados por investigadores de UdelaR, “unas 2.100.000 personas tenían alguna deuda con el sistema financiero, y 800.000 (aproximadamente el 40%) estaban en situación de impago”.
No obstante, plantea que parte del mercado de créditos formal “no reporta información al BCU y que tampoco se tiene información sobre el sector informal”, por lo que es asumible que hay un problema “mayor de lo que los números disponibles indican”.
Claro, no todas esas personas que allí se mencionan tienen problemas de deuda, de hecho, si restamos al total de la población la cantidad de niños y adolescentes, estaríamos en un número extremo. Tener una deuda, a efectos formales, es estar pagando algo en cuotas en la tarjeta de crédito. Es una deuda, pero no necesariamente hay un problema con esa deuda, puede ser algo manejable. La misma experta señala en su último artículo que una encuesta realizada en el marco del proyecto Endeudamiento ¡Uy! que el 40% de los consultados veía el tomar un crédito como un riesgo para su economía, mientras que para el 28% “es una necesidad”. Sumado a ello, la misma encuesta mostró que el 58% de los hogares de nivel socioeconómico bajo está bastante o muy preocupado por el endeudamiento de su hogar, y que mientras el 27% se endeudó para hacer inversiones en su casa o auto, el 17% lo hizo por razones de salud, el 26% para afrontar gastos cotidianos y el 30% para pagar deudas previas, la famosa “bicicleta”.
A través de la web www.soluciondeuda.com.uy —ahora fuera de servicio—, en el marco del “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas”, se podía consultar la situación personal. En total esa página recibió 545.456 consultas de personas al respecto de su condición personal y de si aplicaban para el programa. De hecho 278.409 aplicaban y cumplían con las condiciones. Fueron reestructuradas y/o canceladas, 282.182 deudas de 204.326 personas –muchas personas tenían más de una deuda–, que encontraron “una solución a su situación crediticia gracias a una serie de condiciones excepcionales”. Allí había segmentos, el primero era la remisión de las deudas de capital menores a los $5.000, luego se ofrecía una reestructuración de deudas de capital de entre $5.000 y hasta $100.000 por institución, sin exigirse el pago de multas e intereses, a tasa 0% y hasta en 48 cuotas mensuales. Así, según los datos publicados en ese momento, la deuda de 117.617 personas fue cancelada automáticamente, mientras que 95.406 personas reestructuraron. El 70% de los acuerdos de reestructura se firmaron por un plazo menor a un año, por lo que a esta altura, si los deudores cumplieron en tiempo y forma sus compromisos, las deudas en cuestión deberían haberse solucionado.
Como parte del balance el BCU asumía el compromiso de continuar “estudiando proactivamente el comportamiento de los participantes” del programa con el propósito de “obtener insumos para el diseño de nuevas políticas de mejora del mercado de crédito”. Si ese seguimiento se hizo, por lo menos no se hizo pública la información obtenida. También se comprometía el BCU a continuar trabajando en “el desarrollo y alcance de la educación financiera como una herramienta fundamental para mejorar las decisiones de quien toma créditos”, con el objetivo de concientizar “sobre la importancia de su comportamiento en el mercado crediticio y de la relevancia de su Categoría en la Central de Riesgos” y aludió al convenio firmado con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para colocar la educación financiera en su currícula. Aspecto este último en el que hemos sido insistentes desde estas páginas al entender que desde la denominada Inclusión financiera se ha generado una suerte de desprotección de las personas, una relación obligatoria frente al sistema financiero, que dispone de información detallada sobre las personas que perciben su salario por entidades bancarias o financieras que se intercambian información y saben qué pueden ofrecer a quien y a qué riesgo, mientras que el cliente solo recibe mensajes con ofertas para hacerse de plata apenas respondiendo un SMS o ingresando a la App de la institución.
Solo por mencionar un ejemplo de por qué es necesario insistir en que las personas puedan acceder a una instrucción básica sobre finanzas. Hay un proyecto de ley a estudio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados titulada “Protección de deudores de bajos recursos”, presentada por varios legisladores, que procura establecer una serie de condiciones para atender ese desbalance en la relación entre las personas y el sistema financiero. En su artículo 10º prevé la publicación tanto por el BCU como por la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, de comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos. Pero claro, para quienes no dominan terminología y siglas, y desconocen las implicancias de un punto más o menos en el cálculo del interés, es prácticamente letra muerta. Por supuesto que el proyecto de ley es más amplio y más complejo que esto, que solamente se extrajo a efectos de ejemplificar, como fue referido. Quien desee revisar su contenido puede hacerlo por medio del siguiente link https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/documentos/repartido/50/314/0/EXT.
