Mes: marzo 2026

El programa presentado por el gobierno nacional bajo el nombre de “Salud sin esperas” se presenta como el ejemplo perfecto de un horizonte necesario que, sin embargo, corre el riesgo de chocar con la realidad de la operativa al norte del Río Negro.

El objetivo planteado es una necesidad urgente ya que es imperativo reducir los tiempos de esperas para consultas médicas y cirugías. El programa se propone disminuirlos a la mitad en dos años. Se trata de algo fundamental ya que la espera no es sólo una variable administrativa o una lista de nombres en una planilla, sino que también es la frontera entre un diagnóstico a tiempo y las no siempre previsibles consecuencias de no haberlo tenido en tiempo y forma.

La nueva normativa, que desplaza el decreto 59/009, establece parámetros que suenan a estándares del primer mundo. Se mantienen plazos de 24 horas en consultas de especialidades básicas como medicina general, pediatría, ginecotología y medicina familiar y comunitaria y se fija un máximo de 30 días corridos para acceder a un médico tratante en áreas como medicina general, pediatría o familia. Se mantienen las 48 horas hábiles para la consulta de cirugía general y 30 días para el resto de las especialidades y se incorpora el concepto de especialista tratante (90 días). También se establecen plazos específicos para consultas priorizadas dentro de las especialidades seleccionadas por el MSP (10 días hábiles) y se fijan límites para cirugías coordinadas oncológicas con un plazo máximo de 30 días corridos. Una novedad es la regulación por primera vez de los tiempos de esperas para técnicas diagnósticas no urgentes como tomografías computadas, resonancias magnéticas, ecocardiogramas y endoscopías.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, anunció que en los próximos días se firmarán decretos vinculados a la medicación, que permitirán la mejora en el acceso a medicamentos indicados a los pacientes con enfermedades crónicas. De esta manera, contarán con medicamentos por un año sin necesidad de volver a la consulta médica para repetir recetas. Los pacientes que utilizan psicofármacos podrán acceder a ellos por seis meses, permitiendo liberar un 20% las agendas de los profesionales de la salud mental para nuevas consultas lo que se considera vital teniendo en cuenta los problemas existentes actualmente para acceder a estos especialistas para pacientes con este tipo de dolencias.

Se trata de innovaciones que ayudarán a que los especialistas se enfoquen en la prevención y tratamiento de casos agudos aportando una solución al considerable volumen de citas en el primer nivel de atención consumidas por trámites administrativos sin valor clínico y que se valoran especialmente en el ámbito de la salud mental debido a los altos números de suicidios existentes en nuestro país.
El beneficio potencial para el ciudadano usuario del sistema de salud es indiscutible. Pasar de largos plazos de espera a una fecha cierta en el calendario humaniza el sistema a la vez que devuelve cierta cuota de dignidad al paciente. Sin embargo, el desafío de la implementación del programa “Salud sin esperas” es, también, muy grande.
La Junta Nacional de Salud creó una comisión de seguimiento para fiscalizar las agendas en tiempo real y publicará informes de desempeño de cada prestador pero de una forma no tan metafórica podríamos preguntar: ¿cómo se fiscaliza la ausencia?

En nuestro país el 70% de los médicos se concentran en el área metropolitana para atender a la mitad de la población del país y eso representa una desigualdad estructural de recursos humanos del sector de la salud. Mientras esto no se resuelva, los 30 días del decreto seguirán siendo una meta que muchos prestadores, tanto del sector público como privado, difícilmente podrán alcanzar o, que al menos implicarán enormes malabarismos en sus agendas.
En este sentido, la carencia estructural de médicos especialistas sigue siendo el “talón de Aquiles” de la reforma sanitaria uruguaya. También es necesario considerar que aunque el país forma médicos por encima de la media regional, existe un desbalance crítico en las especialidades y, como señalábamos anteriormente, en su distribución geográfica.

Por esto y otras razones, el optimismo de los anuncios gubernamentales de “Salud sin esperas” genera cierto recelo. En primer lugar, las autoridades del Ministerio de Salud Pública hablan de un sistema moderno de gestión de datos y agendas mientras que los funcionarios y choferes del Hospital Escuela de Salud denuncian prácticamente el desguace de la flota de traslados.
Días atrás, la Federación de Funcionarios de Salud Pública Filial Paysandú, informó en conferencia de prensa sobre la situación de deterioro de la flota de ambulancias del centro asistencial, señalando carencias estructurales, condiciones laborales complejas y dificultades para garantizar los traslados de pacientes.

Los representantes sindicales advirtieron sobre el deterioro de los vehículos disponibles, la falta de renovación de unidades y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades. “Tenemos ambulancias desde 2010-2012, están sin aire, han quedado compañeros sin frenos en las ambulancias, han quedado ambulancias paradas con pacientes arriba”, sostuvo la dirigencia sindical. Se trata de una situación que genera un estrés adicional al personal y compromete la seguridad de los usuarios así como la calidad de la atención. Se trata de un asunto que es necesario atender y que se soluciona fácilmente con dinero, mediante la compra de nuevas ambulancias, un esfuerzo que el MSP debe realizar con urgencia.

No obstante, la solución de los problemas vinculados a la formación de cuadros de especialidades médicas es un proceso más lento, asociado a las trayectorias personales y académicas de quienes transitan dichas formaciones. Es en este sentido que el dictado completo de la carrera de Medicina en Paysandú es un logro histórico que contribuye a revertir el desbalance.
La formación en el territorio no sólo evita el desarraigo de estudiantes sino que facilita la radicación definitiva de los profesionales en las policlínicas, mutualistas y hospitales locales y de la región. En este sentido, la consolidación del Cenur Litoral Norte para especialidades médicas sería fundamental en el futuro mediano y largo plazo.

En conclusión, Uruguay está iniciando un proceso de transición hacia una salud “sin esperas” y si bien el marco legal es robusto, en el territorio existen tensiones que deben ser atendidas, en partícular las relacionadas con recursos humanos y el transporte sanitario necesario. Asimismo, hay que considerar seriamente la apuesta a la formación médica regional en el litoral Norte para que dentro de algunos años el acceso a las especialidades médicas en Paysandú sea igual en tiempos y calidad que las de la capital. De esta manera, la salud sin esperas no sería un eslogan sino parte del estándar de vida de los ciudadanos del interior del país.

En 2024, el 5,1% de la población regional padecía hambre, lo que suponía en sí una reducción desde el 6,1% registrado en 2020. Ello significaba que 6,2 millones de personas dejaron de sufrir subalimentación en este período. Destaca además que cuatro países, Uruguay, Brasil, Costa Rica y Guyana, ya tienen una prevalencia de hambre inferior al 2,5%, y están cerca de este umbral también Chile y México.
La inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25,2% de la población en 2024, un cifra que parece alta, pero es significativamente menor que el 33,7% del año 2020 y estuvo por debajo de las estimaciones para ese año, que eran del 28%. No obstante, indica el informe, existe una brecha de género significativa, en la medida que las mujeres presentan “una prevalencia 5,3 puntos porcentuales mayor que los hombres”. Primer desbalance.

También indican las agencias de Naciones Unidas en su resumen que el costo de una dieta saludable “aumentó un 3,8% en 2024, ubicando a la región como la más cara del mundo, con un costo diario de 5,16 dólares”. Si bien 15,4 millones de personas más pudieron acceder a este tipo de alimentación en comparación con el 2021, todavía hay casi 182 millones de personas que no pueden hacer frente a los costos de acceder a esta dieta.

Pero en la misma región en la que esto ocurre, se ha emitido una alerta por el aumento de la obesidad. El 29,9% de los adultos en la región padece esta condición, esta cifra es casi el doble del promedio mundial, situado en 15,8%. En niños menores de 5 años, el sobrepeso alcanzó el 8,8% en 2024, dato que se sitúa muy por encima de la meta global para 2030.

Como sabemos el problema de la obesidad es una preocupación para los sistemas de salud en la medida que quienes la padecen están expuestos a una serie de factores que complican su situación sanitaria, pero no podemos esconder que también hay aspectos estéticos que hacen que en una sociedad en la que la imagen ha cobrado tal preponderancia, en buena medida merced a las redes sociales, pero no solamente, la aparición de “soluciones mágicas” está a la orden del día, lo mismo que los desajustes alimentarios que han vuelto con una fuerza similar a la que ya mostraron en la década del ‘90, cuando hablar de bulimia o anorexia era cosa de todos los días. De un tiempo a esta parte la aparición de medicamentos empleados para tratar la obesidad se ha vuelto para muchos una opción, así como las cirugías bariátricas, sin embargo no todo es color de rosa. Ayer mismo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un llamado a reforzar la farmacovigilancia a raíz de reportes de uso indebido de este tipo de medicación. La OPS instó a “asegurar el uso adecuado de los medicamentos agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), ante reportes crecientes de efectos adversos asociados a su uso indebido”. En tanto, las cirugías bariátricas tienen importantes consecuencias en el largo plazo, tanto biológicas como psicológicas en muchos casos.

Señala que el uso de intervenciones farmacológicas “debe evaluarse cuidadosamente dentro de modelos de atención multidisciplinarios centrados en la persona, considerando el perfil clínico individual, las comorbilidades y la relación beneficio-riesgo de cada opción terapéutica”. O sea, no es solamente tomar pastillas mágicas. Los medicamentos GLP-1, describe, “actúan regulando el apetito y el metabolismo, pero su uso debe limitarse a las indicaciones aprobadas y enmarcarse en un plan clínico estructurado con monitoreo periódico”, tal como se ha trasmitido en las orientaciones que la Organización Mundial de la Salud ha difundido en base a evidencia científica actualizada.

Entre otras cosas, el Comité de Expertos de la OMS para la Selección y Uso de Medicamentos Esenciales no recomendó el uso de estos productos “en personas con obesidad sin diabetes tipo 2 ni otras comorbilidades”. Los efectos adversos más frecuentemente reportados han sido gastrointestinales y suelen ser transitorios. “No obstante, se han descrito eventos menos frecuentes, pero potencialmente graves, como pancreatitis aguda, enfermedad biliar y obstrucción intestinal, además de otros riesgos poco comunes que continúan en evaluación”, señala el reporte. La OPS advirtió además por la creciente demanda de estos medicamentos, que puede dar lugar a su comercialización por canales no oficiales, “incluidos Internet y redes sociales, lo que incrementa el riesgo de exposición a productos falsificados, no autorizados o de calidad subestándar”. El riesgo de acceder a estos productos es que “pueden contener dosis incorrectas, principios activos distintos o ingredientes no declarados, lo que puede derivar en fracaso terapéutico, reacciones adversas graves y otras complicaciones, además de generar costos adicionales para los pacientes y los sistemas de salud”. Así las cosas, la Organización enfatizó en que es necesario que este tipo de tratamientos se lleven a cabo bajo estricto control médico. No descubrimos nada al decir que este tipo de circunstancias se prestan para que personas escasas de escrúpulos hagan su negocio. Nada mejor que asesorarse debidamente y evitar exponerse de forma innecesaria.