Mes: abril 2026

La política no es, en un sentido estricto, una suma de gestos ni una secuencia de declaraciones. Es el proceso mediante el cual una fuerza social se organiza para producir transformaciones reales en la estructura de la sociedad. Esa fuerza no existe de manera espontánea: se construye, se acumula y se orienta. Y esa acumulación –material, simbólica, organizativa– es siempre el resultado de decisiones conscientes, de mediaciones institucionales y de una estrategia compartida.
Antonio Gramsci lo formuló con claridad al pensar la política como construcción de hegemonía: no basta con tener razón ni con expresar demandas legítimas; es necesario articularlas en un proyecto capaz de convertirse en sentido común mayoritario. Esa hegemonía no se improvisa ni se declama: se trabaja. Supone organización, disciplina colectiva y una relación coherente entre pensamiento, acción y palabra pública.

Como advertía Líber Seregni, la política no puede pensarse solo desde la consigna o el impacto inmediato, sino desde la responsabilidad de resolver pensando en el día después. Gobernar implica anticipar consecuencias, sostener coherencias y cuidar la fuerza acumulada, no dilapidarla en gestos efímeros. Esa mirada estratégica fue una de las claves de la acumulación histórica del Frente Amplio: la paciencia política como forma de responsabilidad.
Una fuerza social de cambio no se define solo por sus intenciones, sino por su capacidad de articular voluntades, producir sentido común y sostener un horizonte de transformación. Esa capacidad se acumula en el tiempo, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el programa y la práctica, entre la palabra pública y la experiencia concreta de gobierno. Max Weber advertía que la política es una vocación precisamente porque exige responsabilidad por las consecuencias de los actos, incluidas y –especialmente– las consecuencias de la palabra.
Es ordenar prioridades
En ese proceso, la comunicación no es un adorno ni un problema técnico. Es una dimensión constitutiva de la acumulación política. Comunicar no es simplemente informar: es ordenar prioridades, delimitar conflictos, construir legitimidad y proteger el capital político acumulado. Pierre Bourdieu mostró cómo la palabra autorizada no describe la realidad: la produce. En política, hablar no es neutral; es ejercer poder simbólico.

Seregni insistía en una ética política exigente: decir lo que se piensa y pensar lo que se dice. No como fórmula moral, sino como principio de conducción. En política, la palabra compromete, ordena expectativas y construye confianza. Separarla de la decisión es vaciarla de sentido.
Por eso, en un gobierno que se propone transformar, la comunicación no puede ser exploratoria ni errática. Debe estar subordinada a una estrategia, no reemplazarla. Cuando la comunicación se desacopla de la organización y de la planificación, deja de ser una herramienta de acumulación y se convierte en un factor de desgaste. No amplifica la fuerza social: la dispersa. No clarifica el rumbo: lo vuelve incierto.
El problema no es el “ruido”. El problema es la ausencia de política allí donde debería haber conducción.

Ocurrencias no, ideas sí

Hacer política no es emitir ideas al pasar ni ensayar ocurrencias en el espacio público. Hacer política es organizar, planificar y comunicar en función de decisiones que se están construyendo colectivamente. Cuando esa secuencia se invierte –cuando se comunica antes de organizar, cuando se habla antes de decidir– no aparece el ruido: aparece el vacío. Ernesto Laclau insistía en que la construcción política requiere articulación: sin ella, las demandas no se suman, se neutralizan.
La noción de “ruido” en la comunicación de gobierno resulta seductora porque desplaza la responsabilidad. Sugiere que el problema está en la recepción, en la interpretación o en la amplificación mediática. Pero en el ejercicio del gobierno no existe la palabra inocente ni el ensayo sin consecuencias. Hablar ya es decidir, o al menos simular que se decide. Y esa simulación tiene efectos reales: genera expectativas, temores, alineamientos y rechazos.

Trabajar sobre ocurrencias no es una forma imperfecta de hacer política; es no hacerla. La política democrática, especialmente desde una fuerza que se reclama transformadora, exige densidad conceptual, deliberación interna y coherencia estratégica. No porque deba ser rígida, sino porque debe ser responsable. La improvisación no es audacia; es desprotección institucional.
Cuando una idea sensible –sobre empresas públicas, ahorro, inversión o propiedad– se lanza sin marco, sin proceso y sin respaldo colectivo, no se abre un debate: se habilita una captura discursiva. La derecha no necesita refutar; le basta con amplificar. Y la base social no discute; se desconcierta. La experiencia histórica del Frente Amplio muestra que su fortaleza no estuvo nunca en la ocurrencia individual, sino en la síntesis colectiva y en la construcción paciente de mayorías sociales y políticas.

El problema, entonces, no es comunicacional en sentido técnico. Pensarlo de ese modo implicaría una mirada reduccionista de la acción política, como si se tratara de un problema de formatos, vocerías o eficacia del mensaje. En realidad, lo que está en juego es la construcción de mayorías, la acumulación de fuerza social capaz de dar sustento a una síntesis entre las diversas posiciones que atraviesan al sistema político. La comunicación no reemplaza ese proceso: lo expresa, lo ordena y lo protege.
La teoría política cumple aquí un papel preciso: dar soporte doctrinario a la planificación y a la acción, no sustituirlas ni convertirse en noticia. La teoría orienta, anticipa y ordena; la política ejecuta. La noticia no es la hipótesis ni la ocurrencia, sino la acción realizada, reconocible y sostenida. Cuando esos planos se confunden, no hay exceso de reflexión: hay déficit de conducción.
La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero en política y más aún en el ejercicio del gobierno, no es gratuita. Tiene su peaje. Ese costo no se paga en abstracto, sino en términos de acumulación, de confianza y de capacidad de conducción. Quien habla desde una responsabilidad pública no lo hace solo a título personal: compromete una fuerza colectiva, habilita interpretaciones y produce efectos.

La libertad de decir lo que se piensa no exime de la obligación de pensar políticamente lo que se dice, ni de asumir las consecuencias de hacerlo fuera de una estrategia compartida. En política, la palabra es acción. Y cuando se la ejerce sin planificación ni síntesis, el precio no lo paga quien habla, sino el proyecto que se pretende conducir. Lo que entonces se devalúa no es la libertad, sino la unidad que hace posible transformar.

Nuevamente debemos referirnos al tema de la gestión del Vertedero Municipal y las acciones adoptadas por el intendente Olivera. En este caso, como ya adelantamos, lo que nos convoca es la rescisión del contrato con Sandeco, la adjudicación a la empresa Teyma y el viaje a Italia del Sr. intendente, pago por Teyma. Lo primero que llama la atención, es cómo Olivera ocultó a la población de Paysandú, la millonaria inversión en la nueva forma de gestión de los residuos en el Vertedero, y cómo esa nueva forma de gestión fue un rotundo fracaso.
Ya explicamos que el Sr. intendente gastó dinero de todos los sanduceros por cerca de un millón de dólares para comprar la máquina encapsuladora, hacer la obra civil etc., en un proceso que terminó con la máquina rota un día sí y otro también y con basura acumulada de hasta un mes en las puertas del Vertedero.

Pero esto no es lo único, Olivera sabía esto desde hacía tiempo y eligió ocultarlo, diciendo en mayo de 2025 que la gestión era un éxito, solo faltaba que la gente fuera a vivir al lugar, de lo bien gestionado que estaba, teniendo en este caso responsabilidad también muchas fuerzas vivas de la sociedad, que veían este desastre y prefirieron callarlo.
En el acceso a la información pública contestado el 24 de marzo de 2026, se agrega y certifica algo que también decíamos, pero que nos era negado de manera permanente, Sandeco no estaba pagando a sus trabajadores, les pagaba menos que un salario mínimo, no les daba cursos de seguridad, les debía salarios, vacacionales, aguinaldos, etc., y esto la IDP lo sabía al menos desde junio de 2025, esto es, un mes después de las elecciones municipales, todo lo que también se le ocultó a la población de Paysandú.
Obvio que todo este desmanejo administrativo trajo aparejado que no solo Sandeco fuera demandada judicialmente, sino que también la Intendencia hoy día tenga juicios laborales de varios trabajadores de esa empresa por los créditos impagos, de acuerdo a la ley de tercerizaciones.
Ahora bien, estos juicios los debe pagar también la población de Paysandú, es decir, no solo gastamos un millón de dólares en un sistema inoperante, se metió a una empresa que no sabía lo que hacía, que incumplió la normativa laboral más elemental, sino que además de todo este desastre debemos pagar millones de pesos en indemnizaciones a los trabajadores de Sandeco, los que ya han demandado a la Intendencia, como debe ser; hermosa forma de cuidar el dinero de los sanduceros, ¿no? Y ojo, que ese es el mismo intendente que manda un presupuesto a la Junta con un impuestazo en el peor momento económico del departamento en años, y que regala la plata de Paysandú en estas aventuras sin ninguna razón. ¿Usted no desconfiaría?

Ahora, ante este panorama, ¿cuándo la Intendencia da por rescindido el contrato? Pues bien, recién el 17 de noviembre de 2025, pocos meses después de haber alabado la gestión de la empresa, que terminó además embargada por más de $7.000.000 (siete millones de pesos), con el agravante que la garantía de fiel cumplimiento que era obligatorio que tuviera, estaba vencida, es decir, los gobiernos del Partido Nacional tienen un problema con las garantías flojas de papeles.
Recordemos además, que esta empresa era una de las que el intendente promocionaba como parte de la lluvia de inversiones que llegarían en el marco del “Paysandú for export”, realmente, para “inversiones” como ésta, que nos van a costar millones y millones a los sanduceros, mejor no, intendente.

En fin, después de este desastre y sin haber hecho una autocrítica pública y una rendición de cuentas de lo gastado y de las deudas que tendremos que asumir, el intendente tiene la suerte de irse de licencia con el sueldo pago por todos nosotros a Italia, concretamente a la feria internacional “Ecomondo”, en la ciudad de Rimini, entre el 1° y el 8 de noviembre de 2025, a interiorizarse sobre temas vinculados al tratamiento de residuos. Y ante la pregunta de quién había pagado el pasaje de ese viaje, se nos responde que lo hizo la empresa Teyma, empresa que, como todo el mundo sabe y conoce, tiene una multiplicidad de contratos con el Estado; desconozco si los tiene o los tuvo con la Intendencia, pero llama la atención que un proveedor pague a un ordenador primario de gasto como lo es el intendente, un viaje de ese porte. Se aclara en el acceso a la información, que el intendente tuvo 2.000 euros de viáticos a su disposición y no los usó, o sea que debemos pensar que los gastos de alojamiento, visitas, comidas, los habrá abonado el Sr. intendente de su bolsillo, o la empresa que lo invitó. Esto llama poderosamente la atención, pero resulta más llamativo aún, si reparamos en que, una vez retornado a Paysandú, lo primero que hace es rescindir el 17 de noviembre de 2025, y acto seguido le adjudica a la empresa Teyma la gestión del Vertedero, sin licitación previa y por la vía de la contratación directa.
Para que se entienda, venimos de una gestión paupérrima, no hay rendición de cuentas, no sabemos a ciencia cierta en qué se equivocó la Intendencia, no sabemos cuánto más nos va a costar la fiesta del Vertedero, y el intendente decide adjudicar en forma directa a la empresa que le pagó un pasaje a Italia la gestión del Vertedero, eso sí es gestión, se podría decir.

En el punto, queremos decir que las acciones del intendente han sido omisas con relación a Sandeco, y en este caso, en nuestra opinión, han sido poco transparentes, ya que, convengamos que resulta por lo menos raro, que una empresa te pague un viaje a Europa y acto seguido le adjudiques un contrato sin licitación. A eso se debe sumar que la ley de ética Pública Nº 19.823, establece en su Artículo 13, lo siguiente: “(Probidad)- El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública”. Lo dicho, en la función pública, como en la vida, no solo hay que serlo, sino también parecerlo.

Dr. Federico Álvarez Petraglia