Según las noticias de los últimos días, el presidente Yamandú Orsi habría aceptado un descuento de 25.000 dólares estadounidenses por la adquisición de una camioneta híbrida marca Hyundai, modelo Santa Fe, importada y cero kilómetro. El valor de mercado del vehículo es de U$S 78.990, pero el mandatario la pago tan solo U$S 54.000.
La empresa vendedora fue Oliva Automotores, ubicada en el departamento de Canelones. Ante esta situación, cada uno de los habitantes de este país debería preguntarse si la conducta de Orsi fue apegada a las normas de la ética, la cual, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), significa “recto, conforme a la moral”.
El único defensor que ha tenido el presidente por este episodio ha sido el prosecretario de la Presidencia, quien descartó que Orsi haya realizado algún acto en el ejercicio de su función como presidente a cambio del obsequio, y dijo que le parece correcto el pedido de informes para que se aclare la situación. Interrogado por la prensa capitalina, Díaz respondió: “Tú me preguntas la cuestión legal, yo te contesto la cuestión legal. La cuestión ética es otra cosa. La segunda cuestión es que lo que está prohibido es recibir un obsequio por el ejercicio de actos de la función. Y en este caso, hasta donde yo sé, no hay absoluta ninguna demostración que Yamandú haya realizado, aún luego de asumir, algún acto en el ejercicio de su función por el cual se le haya hecho ese obsequio. Lo que está prohibido es que tú me des un obsequio a mí para que yo haga algo que tengo que hacer. En diálogo con Desayunos Informales, el exfiscal de Corte dijo que la legislación que penaliza este tipo de acciones se enmarca en “funcionarios públicos”. “Cuando Yamandú hace esa compra, no era un funcionario público. Es un dato de la realidad”, sostuvo.
Los argumentos de Jorge Díaz para defender al presidente Orsi resultan pocos, pobres y malos para un jurista de su experiencia. No violar una ley determinada no sirve para defender y mantener una conducta que, como en el caso de Orsi, viola claramente las normas éticas de la función pública, y poco importa si el mismo había asumido o no su cargo como presidente. Jugar con el almanaque, como hace Jorge Díaz, no exonera a Orsi porque estamos en otro terreno: en el terreno de lo ético, no en el terreno de lo legal.
No es posible dejar pasar que, en sus solitarias declaraciones en defensa de Orsi, Jorge Díaz incurre en un doble error, bastante grosero dada su calidad de abogado. En primer término se olvida que el artículo 9 de la Ley 19.823, correspondiente al Código de Ética de la Función Pública, prohíbe a funcionarios públicos solicitar o recibir “obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas de terceros, para sí o para otros, por los actos específicos de su función”. Ante esto, Díaz se defendió afirmando que “quienes defienden la aplicación del artículo creo que están cometiendo dos errores. El primero es que se trata de funcionarios públicos. Cuando Orsi hace esa compra, no lo era”. Sin embargo, y tal como lo hace notar el portal de noticias Observa, “otra norma nacional regula el mismo tema e incluye a los funcionarios electos. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificada por el parlamento uruguayo en 1998, y por lo tanto con rango de ley, dice que los funcionarios públicos son los “funcionarios o empleados del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. Y ese mismo convenio, en su artículo seis, dice algo similar al Código de Ética de la función pública. Define como acto de corrupción “la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario (…) para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Uruguay ratificó este convenio de la OEA a través de la Ley N° 17.008 del 25 de setiembre de 1998.
La situación generada por el presidente Orsi pone un manto de sospecha sobre el motivo real del descuento, cuyo monto es totalmente desmedido para la práctica comercial de compra y venta de autos. Invitamos a cualquiera de nuestros lectores a que pase por una automotora y solicite, muy suelto de cuerpo, un descuento de 25.000 dólares en un vehículo cuyo precio final es 78.990 dólares. Seguramente la negativa será rotunda, y eso nos lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué al presidente Orsi se le dio un descuento que jamás se le daría a un ciudadano común? La respuesta es clara: el motivo del descuento fue decidido por tratarse del presidente de la República, y allí es donde precisamente Orsi se equivocó al aceptar ese inusual, abultado y llamativo descuento. Es lógico que Juan Pueblo, que tiene una moto en mal estado y a duras penas puede pagar la patente, o que se traslada en una humilde bicicleta, imagine que seguramente la empresa vendedora espera alguna “gauchada” del presidente Orsi en algún momento, porque como dice el refrán “favor con favor se paga”.
Y el favor del presidente Orsi por el descuento de 25.000 dólares tardó poco tiempo en pagarse: como ha sido denunciado por el diputado colorado Felipe Schipani, quien vinculó el descuento al hecho de que cuando asumió el gobierno, el 1° de marzo de 2025, una semana después de comprar la camioneta, se trasladó desde el Palacio Legislativo a la Torre Ejecutiva en una camioneta Hyundai modificada, cedida por el importador. El tema motivó un pedido de informes a Presidencia de la República por parte de Schipani. El legislador pretende conocer la forma en la que se eligió el vehículo que utilizó el mandatario para su traslado, porque “tuvo una fenomenal exposición” y “estuvo una hora en cadena nacional”. Schipani pretende conocer el procedimiento de elección del vehículo y si hubo otras propuestas. “Queremos saber quién tomó la decisión, si participó directamente el presidente”, dijo.
El mensaje del presidente Orsi es muy malo para la ciudadanía en general y para los jóvenes en particular. Con estos ejemplos no se necesita ser un analista político para entender por qué los políticos de todos los partidos tienen un grado de desaprobación y rechazo tan alto. En lugar de estar eligiendo camionetas de alto lujo y aceptando descuentos que mancillan su investidura y cuestionan gravemente sus estándares éticos, debería poner manos a la obra de un gobierno que carretea desde hace rato pero no despega, y donde las encuestas dejan en claro los actuales niveles de descontento de la población en general —incluyendo los votantes frenteamplistas— con la gestión presidencial. Presidente: usted fue elegido para gobernar el país; es muy triste que su imagen se vea empañada por un “descuento” de 25 mil dólares en una camioneta. Quizás sea tiempo de tomarse la investidura con un poco más de seriedad. Al menos para salvar las apariencias. Recuerde, por favor, la frase atribuida al emperador romano Julio César, según la cual la percepción pública es tan importante como la realidad de la conducta personal: “la mujer del César, además de honrada, debe parecerlo”.
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