En el año 2020, la Ley 19.889, o Ley de Urgente Consideración, creó el Instituto Nacional de Bienestar Animal, con el cometido de propender a la protección, promoción y concientización de la tenencia responsable de animales.
Su consejo directivo honorario está integrado por los ministerios de Ganadería, del Interior y de Salud Pública, la Comisión de Zoonosis, el Congreso de Intendentes, la Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, agremiaciones de productores rurales y protectoras de animales. Está presidido por el Ministerio de Ganadería, que tiene voto doble.
En la actualidad, la comisión de Tenencia Responsable de la Cámara de Diputados analiza una reforma de la estructura del instituto, con el fin de dotarlo de mayor autonomía y recursos, y mejorar su funcionamiento. El citado cuerpo de legisladores recibe sucesivamente a las distintas delegaciones interesadas en aportar propuestas. Mientras tanto, el organismo trabaja con 21 funcionarios —solo tres para el interior del país— y un presupuesto de 80 millones de pesos.
Los recursos provienen del 4,5% de lo recaudado por la venta de raciones a nivel nacional, y aproximadamente la mitad se destina a cubrir los gastos operativos básicos del INBA. Por esa razón, el Programa Nacional de Control Reproductivo —o castraciones— reglamentado en la mencionada ley y definido como obligatorio, no se puede cumplir.
Con la caída de los convenios firmados con las intendencias y las oenegés, se constata un retroceso importante porque los resultados se observan en la continuidad de las políticas. Sin embargo, no solamente con esterilizaciones se apuntará a la tenencia responsable y el bienestar animal, sino con campañas de difusión y concientización enfocadas a todas las especies, tal como lo establece el espíritu de la ley.
Mientras la institución padece un marcado recorte de recursos, las demandas crecen y no es posible dar respuesta a las denuncias.
Por esa razón, las protectoras dan visibilidad al maltrato animal a través de sus redes y son fundamentalmente críticas con la falta de acciones, porque esta problemática crece a lo largo de todo el país.
Pero las oenegés tampoco tienen en sus manos la solución al problema. No cuentan con recursos económicos, a excepción de los aportes de voluntarios, y la logística está acotada al tiempo que demandan los traslados por reclamos desde el interior de los departamentos. También está limitada por el esfuerzo físico de quienes no reciben recursos estatales y deben —además— organizar distintos beneficios para obtener dinero que les permita sostener los transitorios y pagar los gastos en las veterinarias. Incluso, está restringida por el espacio que ya no alcanza en los albergues.
Allí, la capacidad se vuelve cada vez más limitada porque el ingreso de animales de compañía maltratados o abandonados es mayor a la cantidad de adopciones semanales. Es decir, si no hay fuertes campañas de concientización y visibilización del problema, no habrá una respuesta ciudadana.
Sin una lógica de información sobre la obligatoriedad de la ley ni fiscalizaciones para su cumplimiento, el problema está muy lejos de una solución.
El INBA recibe más de 500 denuncias por mes desde todo el territorio nacional. Ante la ausencia clara de una descentralización del servicio por falta de presencia en cada departamento, los papeles se diluyen. Un organismo sin referencias locales no es robusto y no puede hacer cumplir —mínimamente— la ley.
La descentralización sin recursos es simplemente una manifestación de buena voluntad. Y, como ya se ha observado en otras áreas, carece de sentido su insistencia en los discursos.
Por otro lado, las sanciones que puede aplicar el INBA por concepto de maltrato y abandono están acotadas a los efectos administrativos. Y, en cualquier caso, su efectividad está condicionada a otras acciones de cobro no definidas.
Es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo la dotación de recursos al instituto, pero es un aspecto que deberá resolverse más temprano que tarde. Por otro lado, es fundamental la coordinación interinstitucional con los gobiernos departamentales, la academia y el Ministerio del Interior, entre otros, para lograr el objetivo.
Hasta ahora, las protectoras se movilizan con recursos propios para que el maltrato animal sea tipificado en el Código Penal y a favor de la regulación de las jineteadas. Lo mismo ocurre con los productores agropecuarios, quienes también reclaman al ver diezmadas sus majadas por el ataque de jaurías. O las personas afectadas por mordidas o accidentadas en el tránsito por animales sueltos en la vía pública.
Son asuntos tan diferentes y complejos que definen una misma problemática, sin caras visibles ni responsables que reciban sanciones por provocar distintos perjuicios.
Es decir, todo lo que aún queda por resolver es el resultado de una sucesiva fragilidad institucional. Porque desde hace dos décadas se observa una inestabilidad marcada por el cambio de nombres: primero fue la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal (Conahoba), luego fue creada la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) y desde hace seis años el INBA. Con la nueva legislación, no estaban incluidos los recursos formales para su funcionamiento; el instituto está a expensas de la definición de un porcentaje de la recaudación por la compra de un insumo que, además, comparte con la Comisión Honoraria de Zoonosis para el control de la hidatidosis.
Después vendrá el camino burocrático que deberán transitar esos recursos hacia Rentas Generales, de allí al Ministerio de Ganadería, que finalmente los derivará al instituto.
Un Estado que enlentece sus gestiones, sumado a la irresponsabilidad de algunos, conforman la raíz de un problema que se perpetuará en el tiempo.
