Alertan por trabas de la Corte alas firmas contra el proyecto HIF

La organización social y política Paysandú por un Uruguay Soberano, advirtió que la demora de la Corte Electoral en validar las 17.200 firmas presentadas contra el proyecto HIF puede afectar el proceso iniciado en Paysandú, mientras avanzan las negociaciones con la empresa y existe la posibilidad de que se apliquen nuevas exigencias que obliguen a rehacer todo el procedimiento.
Los planteos fueron realizados por Leonardo Belassi y Adriana Rosano, integrantes del colectivo, quienes cuestionaron que la Corte aún no haya resuelto la situación de las firmas, no haya respondido las notas presentadas por el abogado de la organización y evalúe aspectos que, según sostienen, no son de su competencia.
“El problema es que la Corte Electoral se está tomando todo el tiempo que quiera”, señalaron. Para la organización, esa demora ocurre en un momento clave, porque “HIF y el gobierno uruguayo, también con los intereses del gobierno departamental, avanzan en las negociaciones”. En ese sentido, advirtieron que no es lo mismo que primero se anuncie un acuerdo con la empresa a que antes se confirme si las firmas son válidas y el tema debe pasar a la Junta Departamental.
Rosano sostuvo que la Corte Electoral pretende analizar si el planteo corresponde a una competencia departamental, algo que, a juicio del colectivo, “no le corresponde”. Indicó que existen normas que habilitan el mecanismo impulsado, entre ellas las leyes 19.272 y 9.515 y disposiciones vinculadas al ordenamiento territorial.
La preocupación mayor está centrada en una circular emitida el 18 de marzo, que establecería nuevas exigencias para futuras recolecciones de firmas, entre ellas una sola firma por papeleta y la huella dactilar. Paysandú por un Uruguay Soberano advierte que aplicar esos criterios a un proceso ya realizado sería improcedente y podría derivar en la anulación del trabajo hecho. “Nos asiste toda la razón, inclusive de impugnar eso, porque aparte de ser inconstitucional es retroactivo”, afirmaron. También señalaron que esas exigencias encarecen y dificultan cualquier iniciativa ciudadana. “Una firma por papeleta, más la huella dactilar, es algo que no lo va a poder hacer todo el mundo”, advirtieron.