(ÁMBITO)
El Gobierno elevará el monto de descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi) en las ciudades fronterizas con Brasil y Argentina, con el objetivo de preservar la competitividad de las estaciones de servicio en esas zonas y mitigar los efectos de la diferencia cambiaria.
A partir de julio, el Poder Ejecutivo dispondrá un incremento de seis puntos porcentuales en las zonas fronterizas con Brasil y de dos puntos en el límite con Argentina, según confirmó el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba. De este modo, la rebaja del Imesi pasará del 28% al 34% en zonas como Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión, mientras que subirá del 20% al 22% en Fray Bentos – Puerto Unzué, Paysandú – Colón y Salto – Concordia.
“Hacemos un monitoreo mensual junto con el observatorio y las intendencias, siguiendo al mismo tiempo el nivel de ventas en ambas fronteras. Los resultados están siendo muy satisfactorios”, resaltó Vallcorba en su exposición en el Parlamento, recogiendo un mayor nivel en la venta de naftas en las zonas fronterizas.
Por otra parte, el subsecretario del MEF trazó un balance de las medidas de frontera que impulsa el gobierno para intentar mitigar los efectos de la diferencia cambiaria. Puntualmente, se refirió a la devolución del IVA, a la que estimó en 12 millones de pesos por mes. “En términos anuales, son unos 4 millones de dólares de beneficios que se trasladan a los consumidores de la frontera con la menor carga del impuesto”, precisó.
Con respecto a la rebaja de aportes patronales, indicó que “hay 73 empresas que han sido beneficiadas y se alcanzó un importe exonerado de unos 330.000 pesos mensuales”, mientras admitió que el régimen simplificado “ha tenido poca utilización, con 21 operaciones por un total de unos 156.000 pesos”.
EN JULIO VENCE EL PLAZO PARA REGULARIZAR ASISTENCIA ESCOLAR
(TELENOCHE)
El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, informó este martes que se mantendrá la medida que prevé la suspensión de las asignaciones familiares para las familias de niños, niñas y adolescentes que no concurran a clases y no estén matriculados en la educación obligatoria. En rueda de prensa, Caggiani señaló que la Administración Nacional de Educación Pública adelantó para junio el trabajo de identificación y búsqueda de estudiantes desvinculados del sistema educativo. Explicó que hace dos semanas comenzaron los contactos con niños y adolescentes en edad escolar y de educación media y sostuvo que este año se espera superar los resultados obtenidos en 2025. “El año pasado salimos a buscar unos 5.200 estudiantes y retornaron unos 3.000 estudiantes a instituciones de Primaria, Secundaria y UTU. Este año esperamos superar esa cifra”, indicó.
El jerarca señaló que se utilizan distintos mecanismos para detectar a quienes no están matriculados y recordó que el año pasado esa tarea comenzó en julio, mientras que en esta oportunidad se adelantó un mes.
Consultado sobre el plazo fijado por el Banco de Previsión Social (BPS), que vence el 25 de julio para regularizar el vínculo con la educación y mantener el cobro de las asignaciones familiares, Caggiani explicó que el organismo integra la estrategia de revinculación y que primero se otorga tiempo a los equipos y a las familias para corregir posibles errores de registro.
Una vez cumplida esa etapa, “lo que corresponde es la aplicación del marco legal vigente”, afirmó. Agregó que la ley y los decretos establecen que a quienes no estén matriculados en la educación obligatoria se les suspende la prestación hasta que vuelvan al sistema educativo.
Caggiani indicó que durante el año pasado continuó el trabajo de revinculación incluso después de aplicada la suspensión y sostuvo que esa medida permitió que estudiantes regresaran a las aulas.
Asimismo, señaló que las propuestas surgidas del Diálogo Social, que deberán ser tratadas por el Parlamento, incluyen cambios vinculados a las asignaciones familiares y a la unificación de las prestaciones dirigidas a niños y adolescentes.
El presidente de la ANEP sostuvo además que la asistencia a clase está asociada a apoyos económicos y mencionó los 180.000 bonos de inicio de cursos otorgados en marzo a estudiantes de Inicial y Primaria, así como el aumento de las becas Butiá, que pasaron de 14.000 a 21.000 beneficiarios.
“Esos apoyos económicos se reciben si se está en el sistema educativo y además si se asiste asiduamente”, expresó.
PASIVIDADES MÍNIMAS RECIBIRÁN 1% DE AUMENTO
(SUBRAYADO)
La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, indicó que a partir del 1º de julio de 2026 rige el aumento adicional de 1% en las jubilaciones y pensiones mínimas, y cuyos beneficiarios reciban un único ingreso.
El incremento es adicional y no se descontará. “No es descontable”, afirmó. El 1% se suma al 2% otorgado el 1º de julio de 2025. Pardo recordó que el aumento anual de las pasividades fue de 5,97% y si se considera que la inflación de 2025 fue de 3,65%, el incremento real fue superior al 2%.
El ajuste adicional beneficiará a los 115.000 jubilados y pensionistas no solo del BPS sino también de la Caja Militar y la Caja Policial que perciban una pasividad mínima, fijada en 20.935 pesos, como único ingreso. El BPS detecta que es el único ingreso a través del cruzamiento de datos con otras cajas y la DGI, y aplica el incremento.
El incremento se paga con los haberes de julio, que se cobran los primeros días de agosto.
PREPARAN LANZAMIENTO DE LICITACIÓN PARA NUEVA REPRESA
(EFE)
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, comunicó que en los próximos días se realizará el lanzamiento de la licitación pública internacional para la construcción de una nueva represa con la que el Gobierno busca garantizar el abastecimiento de agua potable de la capital del país y sus alrededores.
“Estamos a días del llamado a licitación”, afirmó Ortuño en el marco de su participación del ciclo “desayunos de consultas” que organiza la Cámara Oficial Española de Industria, Navegación y Comercio en Uruguay.
El ministro también comunicó que se avanza en la expropiación de los terrenos, al acordarse la compra de tierras de unos cuarenta propietarios en Casupá, en el departamento de Florida, donde se ubicará la nueva represa.
En materia ambiental, se aguarda por una actualización del estudio de impacto ambiental, que contará con la participación de expertos de su cartera y representantes de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Según dijo Ortuño, también se harán consultas técnicas a expertos internacionales de España y Argentina.
“Lo importante es volver a ratificar la importancia país que tiene este proyecto, que como tantos otros de relevancia (…) han tenido distintos niveles de afectación, lo que es responsabilidad del Gobierno, por supuesto, establecer las medidas de compensación o mitigación que reduzcan al mínimo los impactos”, manifestó.
El Gobierno de Yamandú Orsi planifica construir las infraestructuras necesarias para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana hacia el 2045 y que el país no vuelva a atravesar una crisis hídrica como la del 2022-2023 cuando una larga sequía llevó a que casi se agotara el agua dulce de la principal reserva que abastece la zona. Para llevar a cabo esta obra el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF aprobó a Uruguay un préstamo de 130 millones de dólares.
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