Un plan de salud mental en los centros educativos

Las amenazas, retos virales y situaciones de violencia en los centros educativos ponen de relieve la influencia de las redes sociales, la naturalización de los hechos en las comunidades y las pocas herramientas de los docentes para enfrentar un flagelo que crece. Pero que crece desde la cuna.
La violencia que nace en los hogares y se multiplica en cualquier entorno —canchas deportivas, liceos o lugares de esparcimiento— viene incluida en un “manual” personal que repite esquemas. En vínculos violentos, complicados por las adicciones o la falta de tiempo para encauzar las problemáticas de la niñez o la adolescencia, no hay soluciones rápidas.
El entorno digital crece y se profundiza con la necesidad de ser visible y aceptado a edades en que las vulnerabilidades se expresan desde diversos espacios, particularmente desde los referentes cercanos que, en ocasiones, no brindan la atención que luego “encuentran” en las redes.
En medio de tanta velocidad tecnológica no se miden riesgos, y cualquier desafío que empezó como una broma se disparó de cualquier manera sin reflexionar sobre sus consecuencias.
Es así que lo que comenzó como algo de apariencia inocente provocó tal alarma social que se movilizaron —al menos en Paysandú— autoridades de la seguridad y de las propias comunidades educativas, que debieron adoptar nuevas estrategias.
Lo que se inició con una acumulación de “likes” terminó en la generación de temores colectivos que sirvieron para demostrar hasta dónde puede extenderse el miedo entre los semejantes. Son mecanismos que, cuando se activan, parecen lograr sus objetivos, y ha quedado demostrada su peligrosidad.
La pregunta es: ¿qué viene después de esto? ¿Se transformará en una escalada de búsqueda de atención y generará nuevas estrategias digitales?
Algo similar ocurre con los entornos de violencia que se constatan en los centros educativos de diversos niveles. Las reacciones de referentes adultos o entre adolescentes, el maltrato y la burla conforman un combo que profundiza sus raíces negativas cuando se mira para el costado.
Las comparaciones con otras épocas en que se imponían los límites no sirven a los efectos de encontrar una solución a lo que ocurre ahora. Las generaciones pasan, cambian sus intereses, modos de vida y de crianza. Y el bagaje cultural que traen desde sus hogares es tan heterogéneo que hacen falta herramientas técnicas.
En cualquier caso, los docentes fueron capacitados para impartir clases sobre sus materias; todo lo demás deben hacerlo psicólogos, psicopedagogos o asistentes sociales.
La escasez de equipos multidisciplinarios en los centros educativos es una de las históricas reivindicaciones y una de las vulnerabilidades actuales.
La falta de estos técnicos impide un abordaje a tiempo de problemáticas que impactan en las trayectorias educativas y el desempeño curricular. Los docentes muchas veces terminan asumiendo roles que no corresponden a su labor, porque advierten la contingencia emocional y otras conductas de riesgo en sus aulas. Es también una muestra de la desatención a la salud mental en etapas fundamentales para el desarrollo humano.
A esto se suma que la falta de seguimiento de situaciones familiares vulnerables incrementa el abandono escolar, porque el abordaje tardío detecta las situaciones cuando ya se han agravado.
El último estudio presentado por Unicef en 2023 sobre la salud mental adolescente en Uruguay señaló que uno de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 19 años se ha sentido tan mal que dejó de realizar sus actividades por al menos dos semanas.
Es un desafío diario que no debería ser difícil de abordar, porque son pocos y el Estado ya los conoce a través de sus prestaciones. El sistema educativo en Uruguay tiene más de 2.800 centros públicos de diversos niveles y cada realidad es propia de su entorno, donde los adultos referentes también deberían cumplir la función de aplicar límites.
Sin embargo, la realidad desbordó a las comunidades educativas, aún cuando instrumentaron un protocolo de actuación junto al Codicen con el fin de evitar agresiones a docentes, acoso escolar y amenazas virtuales.
Las experiencias puestas en práctica aseguran que los protocolos más efectivos se enfocan en la prevención, el apoyo psicosocial y la mediación en los conflictos, mucho antes que la judicialización.
En las últimas horas, la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, anunció un plan piloto que incorporará psicólogos en los liceos de todo el país para los estudiantes de séptimo, octavo y noveno año.
Comenzaría su aplicación en setiembre y se prevé que se extienda por un año, con posibilidades de permanecer en el sistema educativo. Corresponde a un plan ya presupuestado con 25 millones de pesos.
Hace años que existe la figura del psicólogo y el asistente social en los centros educativos. El problema se centra en la falta de un plan en que un equipo se encargue de hacer las derivaciones y los seguimientos, porque son cientos de estudiantes por cada centro educativo.
El abordaje resulta más complejo aún si en el medio existen adicciones que requieren un seguimiento caso a caso. En Uruguay sigue siendo lento y caro el acceso a un profesional de estas características en el momento de mayor necesidad.
Asimismo, será fundamental conocer el perfil del abordaje de estos técnicos, porque el enfoque preventivo, psicosocial y de orientación no implica necesariamente una mirada terapéutica. Y en esa labor de enlace con las familias, no solo actuar a tiempo puede mejorar la convivencia: un tratamiento oportuno ayudará también a aliviar otras situaciones de riesgo