Seguridad hídrica
El reciente anuncio de OSE sobre el llamado a licitación para la construcción de la represa de Casupá representa una importante novedad en materia de construcción de infraestructura pública en Uruguay, que además toca un recurso estratégico como el agua.
La decisión, más allá de los diferentes posicionamientos políticos que ha habido sobre el tema, debe interpretarse fundamentalmente como el reconocimiento de una debilidad estructural que el país arrastra desde la crisis hídrica de 2023, que dejó claros los límites de lo admisible en el suministro de agua potable en Montevideo.
La vuelta a la alternativa de Casupá, demuestra que en materia de recursos estratégicos los tiempos de la gestión técnico-ambiental y los ciclos de la política electoral van generalmente por carriles peligrosamente desalineados.
El agua dulce, históricamente visualizada por los uruguayos como un recurso garantizado –y hasta infinito–, podría interpretarse hoy como una frontera crítica para nuestra soberanía nacional.
Los montevideanos en primer lugar, pero también los uruguayos todos, mantenemos clara la imagen de las canillas vertiendo un líquido intomable, salobre y también oscuro. La crisis del año 2023 no fue solo una consecuencia de una anomalía climática –la gran sequía– sino más bien el colapso de un modelo de abastecimiento que confió ciegamente en la generosidad natural de una sola cuenca hídrica para abastecer a la mitad del país residente en la capital. Y así, cuando el río Santa Lucía se redujo casi a un hilo de agua con mucho barro, Montevideo sufrió el impacto menos esperado.
Es necesario en este sentido, repasar la crónica de un debate que dividió las aguas del sistema político y académico nacional. La presa de Casupá, proyectada sobre el Santa Lucía Chico en el departamento de Florida contaba con estudios de viabilidad avanzados y una línea de financiamiento aprobada por la Corporación Andina de Fomento. Sin embargo, el cambio de administración en 2020 supuso un viraje hacia el proyecto Neptuno en la localidad de Arazatí, apostando a tomar agua directamente del Río de la Plata.
Este cambio no fue solo técnico, sino que generó una tensión profunda sobre el modelo de gestión y la asignación de los recursos públicos. El argumento central a favor de Neptuno se basó en la necesidad de contar con una fuente de abastecimiento geográficamente independiente de la cuenca del río Santa Lucía. No obstante, la comunidad científica de la Universidad de la República respaldada por el sindicato de OSE, señaló los riesgos de salinidad y la presencia recurrente de floraciones algales de cianobacterias en la zona de Arazatí.
Se sostenía que potabilizar el agua del Río de la Plata en esas condiciones requeriría un proceso químico y energético demasiado costoso sin ofrecer una garantía absoluta de pureza. La postergación de la obra fue sin lugar a dudas una pérdida de tiempo que el avance del cambio climático no perdona. Ahora, cual péndulo las decisiones políticas nos llevan de nuevo al punto de partida.
La “politización” de la discusión sobre el agua no es patrimonio exclusivo de los uruguayos ni un fenómeno aislado en el continente. América Latina, que tiene importantes reservas de agua dulce, ha sido también escenario de agudas disputas contemporáneas en torno a la gobernanza del agua, incluyendo episodios que van desde la resistencia civil a reformas constitucionales.
Uruguay fue pionero a nivel global al consagrar por plebiscito constitucional en 2004 el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, dictaminando que el servicio público debe estar exclusivamente en manos del Estado. Sin embargo, la experiencia regional muestra que el blindaje jurídico contra la privatización es el primer escalón de la soberanía. El caso de Bolivia es emblemático: tras la denominada “Guerra del agua” en Cochabamba en el año 2000, que expulsó a corporaciones multinacionales que pretendían mercantilizar incluso el agua de lluvia, la Constitución de ese país prohibió la concesión comercial y otorgó derechos jurídicos a la naturaleza. Sin embargo, la realidad boliviana presenta una gran contradicción ya que la falta de infraestructura de distribución y la contaminación derivada de la minería evidencian la incapacidad del Estado para el control de su territorio. Podría decirse que en este caso en alguna medida es peor la enmienda que el soneto.
Por su parte, Ecuador integró en la Constitución de 2008 el principio de “Buen Vivir” estableciendo un orden de prelación rígido donde el consumo humano encabeza la lista de los usos del agua, seguido del riego para la soberanía alimentaria, el caudal ecológico y, finalmente, las actividades productivas. En tanto, Chile, que bajo la dictadura militar implementó el modelo más privatizador de la región al separar los derechos del agua de la propiedad de la tierra, inició en 2022 un complejo proceso de desmontaje legislativo para devolverle al Estado su rol fiscalizador.
Atender estas experiencias ofrece un marco comparativo a tener en cuenta para evaluar la robustez de nuestras propias decisiones institucionales en torno al agua y, por otra parte, demuestra que la soberanía del agua se dirime también en la gestión del conflictos cotidianos.
Casupá añadirá una reserva de agua adicional al sistema uruguayo pero es necesario enfocarse también en el rol del Estado respecto a los usos del suelo de la cuenca del Santa Lucía, que se encuentra en un estado de estrés crónico y forma parte de una disputa entre el consumo humano de los más de 2 millones de personas del área metropolitana y las demandas de la actividad agropecuaria intensiva, los sistemas de riego lechero y la ganadería a gran escala, que son también el sustento económico de miles de uruguayos directa e indirectamente.
En este sentido, es necesario tener presente que no se trata solo de la cantidad de agua sino también de su calidad. Por eso, almacenar millones de litros de agua en Casupá exige también un control estricto de los escurrimientos de fertilizantes y agroquímicos que provocan el agregado de fósforo que produce la eutrofización y la proliferación de algas. Eso es parte del ordenamiento territorial que debe acompañar la previsión de sequías al tener en cuenta que el agua que fluye hacia las plantas potabilizadoras no nace en los laboratorios de OSE sino en los campos de Florida, San José y Canelones.
Por otra parte, diseñar y licitar nuevas represas para acumular agua dulce es parte de la respuesta necesaria ante la resiliencia climática pero es necesario también contar con recursos –seguramente millonarios– para reacondicionar la red de agua potable metropolitana y aumentar la eficacia del sistema.
La licitación de Casupá y todo lo que la antecede es también un buen ejemplo de la necesidad de marcar el final de los debates cortoplacistas sobre un recurso tan vital como el agua, el cual no puede seguir siendo gestionado bajo la lógica sectorial de los gobiernos de turno porque la seguridad hídrica no se construye solo con presas y embalses –que también provocan severos impactos– sino también con una política ambiental blindada de los vaivenes electorales quinquenales.
La protección de las cuencas, así como la inversión en redes eficientes y el respeto al consumidor humano por encima de la rentabilidad privada deben ser pilares de la gestión del agua, un activo fundamental de nuestra seguridad y soberanía nacional.
