Los “dueños” de las empresas públicas haciendo de las suyas

Hace algunos años, el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa pronunció una frase que, en su momento, sorprendió tanto a oficialistas como a opositores. Reconocía la impotencia de un gobierno de izquierda para llevar adelante su programa debido a los obstáculos que imponían sus propios “socios” en la acumulación de poder que lo había llevado al gobierno. Con una mezcla de ironía y realismo político sostuvo que, en los hechos, los funcionarios eran los verdaderos dueños de las empresas públicas uruguayas. La expresión fue ampliamente recogida por la prensa y posteriormente citada por distintos analistas como una síntesis provocadora de un problema estructural del Estado uruguayo.
El asunto es que, lejos de desmentirse, el paso del tiempo no ha hecho otra cosa que fortalecer esa interpretación. No porque los funcionarios sean jurídicamente propietarios de Ancap, Antel, UTE, OSE o el Banco República —que pertenecen al Estado y, por ende, a la ciudadanía, al menos en los papeles—, sino porque la evidencia acumulada durante décadas muestra que los sindicatos de las empresas públicas han hecho gala de una notable capacidad de presión sobre los sucesivos gobiernos para obtener reivindicaciones laborales que, en muchos casos, alcanzan la categoría de privilegios, solventados con el aporte de todos los uruguayos mediante impuestos y sobreprecios.
Una nueva perla de este largo collar se conoció hace pocas horas, cuando trascendió que Ancap resolvió no implementar el operativo extraordinario que había diseñado para abastecer de combustible de aviación al Aeropuerto de Carrasco durante las obras previstas en la pista principal de Ezeiza, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, al entender que no estaban dadas las condiciones operativas necesarias para garantizar su ejecución.
En un comunicado, el organismo señaló que el plan había sido preparado “con varios meses de anticipación” ante una “oportunidad logística relevante para el país”, que implicaba un incremento excepcional de la demanda de combustible Jet A-1 y requería condiciones específicas de personal, logística, infraestructura y control de calidad.
La empresa afirmó que informó desde el inicio al sindicato sobre las características del operativo y promovió distintas instancias de negociación, incluso mediante una propuesta de compensación para el personal directamente involucrado, en función de las mayores responsabilidades, la extensión de horarios y el trabajo durante fines de semana.
Sin embargo, durante las conversaciones, “desde el sindicato se incorporaron planteos que excedían el alcance de este operativo excepcional”, al incluir beneficios generales y para sectores que, según Ancap, no estaban directamente vinculados con el esfuerzo operativo requerido.
Ante ese escenario, la empresa concluyó que “no fue posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución”, por lo que resolvió dejar sin efecto el plan. Asimismo, reafirmó su compromiso con “el abastecimiento seguro, confiable y oportuno de combustibles”, el diálogo con los trabajadores y la continuidad de los servicios esenciales. Por supuesto, desde Fancap se defendió la posición sindical, asegurando que desde el comienzo valoró la iniciativa como “una oportunidad trascendental para Ancap” y para posicionar a Uruguay como un actor relevante en la logística regional del combustible de aviación. En consecuencia, afirmó haber tenido “la disposición de manejar múltiples escenarios de acuerdos para garantizar la operatividad de este trabajo excepcional”.
El sindicato sostuvo que aceptó la propuesta de remuneración excepcional planteada por la empresa, aunque solicitó que alcanzara a todos los trabajadores de las áreas involucradas en la operativa y no solo a una parte del personal. Además, planteó abrir ámbitos de negociación sobre temas de fondo, como la falta de personal, las condiciones de seguridad laboral y el cumplimiento de acuerdos firmados en 2025.
En ese sentido, Fancap afirmó que Ancap —es decir, su Directorio— “tenía como único interés garantizar la paz sindical en las áreas comprometidas, pero sin mostrar voluntad de acceder a acuerdos” que mejoraran las condiciones de trabajo.
Una evaluación objetiva de este episodio indica que, respondiendo a una metodología profundamente arraigada en el sindicalismo estatal, se intentó obtener ventajas y concesiones que iban mucho más allá de este operativo y de los funcionarios directamente involucrados, procurando extender los beneficios a un número considerablemente mayor de trabajadores y en condiciones que el Directorio entendió desproporcionadas. Por ello resolvió dejar sin efecto el operativo, perdiéndose una oportunidad de generar beneficios tanto para la empresa como para el país.
Nada que los sindicatos “dueños” de las empresas públicas no hayan hecho antes. Una vez más, colocaron sus intereses sectoriales por encima del interés general, porque, al fin y al cabo, sus puestos de trabajo permanecen asegurados y, si el perjudicado es el conjunto de la sociedad, igualmente seguirán percibiendo salarios que, por cierto, se encuentran entre los más altos de la escala de remuneraciones del país.
Pese a ello, los gremios estatales continúan sosteniendo una amplia plataforma de reivindicaciones respaldada por su capacidad de organización y movilización, recurriendo con frecuencia a paros, ocupaciones y otras medidas de conflicto para influir en las decisiones gubernamentales.
Y ya que hablamos de beneficios y privilegios, uno de los conflictos más relevantes de los últimos años estuvo relacionado con la reforma del régimen de certificaciones médicas para los funcionarios públicos.
El nuevo sistema buscó aproximar el régimen estatal al vigente para los trabajadores privados, limitando el pago íntegro del salario durante las licencias por enfermedad y estableciendo un régimen de subsidios a partir de determinado número de días.
COFE rechazó la reforma, realizó paros nacionales, ocupó dependencias públicas y presentó una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posteriormente, el Poder Ejecutivo acordó suspender transitoriamente la aplicación del nuevo régimen mientras avanzaba un proceso de conciliación.
El promedio anual de certificaciones médicas en el sector público rondaba los 31 días por funcionario en algunos organismos, dato utilizado por el gobierno para fundamentar la necesidad de modificar el régimen.
En los hechos, que son los que finalmente mandan, los cambios organizacionales, las reformas de gestión, las modificaciones en los regímenes laborales, los intentos de modernización o la incorporación de nuevas formas de administración han sido respondidos reiteradamente con paros, trabajo a reglamento, ocupaciones de instalaciones, movilizaciones y campañas de presión política. En la práctica, cualquier administración sabe que impulsar transformaciones profundas en una empresa pública implica enfrentar un elevado costo político y social. Esa capacidad de veto constituye uno de los principales rasgos del funcionamiento de los entes estatales en Uruguay y ayuda a explicar situaciones como la del frustrado operativo de Ancap.
Lo sucedido demuestra, además, la pretensión sindical de torcer el brazo a los gobernantes legítimamente elegidos por la ciudadanía para administrar el Estado y, dentro de él, las empresas públicas, que en los hechos terminan sometidas a una lógica de gobierno corporativo. La situación lleva al extremo la pregunta acerca de quién ejerce realmente el rol de “dueño”: si la ciudadanía, representada por el gobierno democráticamente elegido, sus directorios políticos y los organismos de control, o si, en la práctica, lo hacen los múltiples actores y organizaciones que comparten una misma matriz ideológica y son capaces de bloquear decisiones estratégicas, siempre procurando llevar agua para su propio molino.
Y así estamos.