Mes: julio 2026

De algo que solemos jactarnos los uruguayos es del bajo nivel de corrupción. De hecho, suele referirse al país como el de menor percepción de corrupción en América Latina y entre los del grupo de punta a nivel mundial, en el puesto 17 de acuerdo al último Índice de Percepción de la Corrupción presentado por Transparencia Internacional, con 73 puntos sobre 100 y muy por encima del promedio mundial.
Sin embargo, no podemos perder de vista que este ranking lo que mide es la percepción de la corrupción y no la corrupción en sí misma, que sería difícil de medir. Ahora bien, qué percibimos y qué no como corrupción. Porque hay algunas “corrupciones” que ocurren a la vista de todos y muchos no solamente las aceptan sino que además las usufructúan —quién está libre de haber comprado en el comercio informal un producto de dudosa procedencia, o de haber hecho un asado con leña de monte nativo—, se benefician de ello y no falta quien proponga de tanto en tanto admitir algunos de estos actos, legalizarlos.
Uno de los más extendidos actos de corrupción se relaciona con la expedición de licencias de conducir de forma irregular. Han sido a lo largo de los años muy sonados los casos de excursiones que llevan personas a obtener sus permisos en otros departamentos, últimamente en municipios o localidades donde parece que los controles son menos rigurosos con respecto a los procesos para la obtención del carné habilitante.
En el caso de Paysandú ha habido situaciones que involucraron personal municipal. En 2018 fueron 25 las personas procesadas por diferentes delitos, entre ellos la expedición de libretas de conducir apócrifas. El año pasado fue muy comentado el caso del Municipio de Noblía, en el departamento de Cerro Largo, en el que incluso hubo una persona involucrada que integraba el equipo de gobierno departamental. En la pequeña localidad se emitían permisos de conducir de forma anómala. En ese momento, cuando saltó el tema de Noblía, se hablaba de varios municipios en los que podrían estar ocurriendo situaciones análogas; entre ellos ya se mencionaba el caso de San Javier, donde concurrían muchos conductores de Paysandú a tramitar sus permisos, muchos de ellos adultos mayores. Esto dio lugar a una investigación administrativa que terminó confirmando lo que se sospechaba: en la vecina localidad se podía acceder a un permiso sin cumplir con todos los requisitos previstos para la obtención de la habilitación. Prácticamente se “compraba” la licencia; pagaba y se la daban.
Es así que la investigación iniciada en 2024 constató la existencia de trámites con formularios incompletos, ausencia de constancias de las charlas obligatorias, expedientes sin identificación del acompañante requerido y omisiones en diferentes etapas de las pruebas previstas para obtener o renovar la licencia. Del mismo modo se constataron renovaciones a personas mayores de 75 años sin que se hubiera realizado el examen práctico exigido. En otros casos, los interesados habrían concurrido únicamente para tomarse la fotografía destinada al documento, sin que en los expedientes apareciera acreditado el cumplimiento de las instancias anteriores. Se concluyó que existió un apartamiento “intencional y reiterado de los procedimientos legales”, por lo que la administración departamental entendió que no se trataba de errores aislados o involuntarios. Se atribuyó responsabilidad administrativa a un funcionario municipal, del que se solicitó su destitución, que luego no obtuvo en la Junta Departamental del departamento vecino los votos necesarios. Por alguna razón, los ediles no entendieron que este proceder del funcionario infiel ameritase la destitución. La votación terminó con 15 votos a favor y otros tantos en contra. Cabe señalar que el sindicato, Adeom Río Negro, había respaldado al funcionario cuestionado, mientras su abogado advirtió sobre irregularidades en el proceso administrativo que viciaban de nulidad el procedimiento.
De cualquier forma, aunque desde la Intendencia de Paysandú se anunció que se controlará la situación de conductores locales que circulen con permisos emitidos en otros departamentos, lo que correspondería sería una decisión más tajante: que se anulen los permisos expedidos en ese municipio en el período correspondiente a la existencia de irregularidades en el trámite. Podría decirse que de esa forma hay riesgo de que paguen justos por pecadores, y sí, lamentablemente sí; pero ¿acaso no es más grave el riesgo al que se nos expone a todos al permitir la circulación de conductores que no cuentan con las condiciones físicas, conocimientos teóricos y prácticos, o de las que sea, para estar detrás de un volante recorriendo las calles o las rutas?
¿O por qué sería que van estas personas a obtener su licencia en San Javier, por amor al piroj acaso? No, claramente no; más allá de que seguramente más de uno de ellos habrá vuelto a casa con una de estas exquisiteces propias de la gastronomía de la localidad vecina, la razón no es otra que eludir los controles reglamentarios, evitar rendir los exámenes prácticos o teóricos, escapar de los controles físicos y del tan temido gabinete psicosensométrico —que solamente menos del 1% de los conductores no logra aprobar, según datos de IDP—, que en Paysandú se instrumentó como un adelanto que debería llegar más temprano que tarde a todos los lugares donde se expidan permisos.
La obtención del permiso de conducir no es un mero trámite: es nada menos que la constatación de que una persona está en condiciones de circular al mando de un vehículo que, en manos que no correspondan, es una verdadera arma. Y debemos recordar que esa habilitación rige para todo el país y también en el extranjero, por lo cual la responsabilidad es infinitamente mayor. Por eso al Intendencia de Paysandú debe actuar con la severidad que amerita el caso, pero también el Congreso de Intendentes debe tomar cartas en el asunto.
Claro, después, cuando ocurren casos como el de Toledo, en Canelones, en el que perdieron la vida tres jóvenes —uno de ellos con un hijo de muy corta edad— que regresaban de un partido de fútbol con sus amigos, por culpa de un conductor alcoholizado al que ya se había retirado el permiso, no queda espacio más que para el lamento y las lágrimas de las familias destruidas. Por ello el reclamo, el pedido, de que al igual que con el alcohol, pasemos a tener tolerancia cero con este tipo de situaciones.

Un proceso histórico es una trama acumulativa de acciones, estructuras y significados que, por su encadenamiento y la tensión creciente entre sus elementos, transforma la calidad de la vida social y política. Entenderlo exige combinar la mirada del tiempo largo, la agenda de los actores y la semántica de los conceptos que orientan la experiencia colectiva.
Pensar un proceso histórico en profundidad implica alejarse de la cronología como fin en sí misma y atender cómo pequeños gestos, rutinas institucionales y choques externos se suman hasta producir cambios cualitativos.
La transición uruguaya a la democracia debe leerse como un proceso acumulativo: desgaste del régimen, movilización social sostenida, negociaciones políticas y decisiones jurídicas que, juntas, transformaron la calidad del orden político entre 1980 y la consolidación posterior a 1985.

La salida de la dictadura no fue un acto único sino una trama larga en la que prácticas cotidianas, crisis económicas y disputas políticas fueron sumando tensiones hasta abrir una ventana de oportunidad. Gerardo Caetano reconstruye ese encadenamiento mostrando cómo la dictadura entró en una fase de “agonía institucional”, cómo la sociedad civil y los sindicatos recuperaron iniciativa y cómo las negociaciones entre partidos y fuerzas armadas, con episodios como el Club Naval, orientaron la salida pactada hacia elecciones y la asunción civil en 1985.

Es importante subrayar dos dimensiones que explican la calidad del proceso. Primero, la interacción entre estructura y agenda: las instituciones heredadas y la tradición partidaria condicionaron opciones, pero actores sociales y políticos, léase sindicatos, partidos, movimientos, reconfiguraron el escenario mediante movilizaciones y estrategias negociadoras. Segundo, la política de acuerdos y límites jurídicos: la transición incluyó decisiones que privilegiaron la estabilidad y la reinstitucionalización, pero dejaron debates abiertos sobre impunidad y reparación que marcaron la consolidación democrática.

La construcción discursiva de la democracia en esos años también fue central. Investigaciones sobre la primera etapa democrática que podríamos ubicar entre los años 1985 a 1989 muestran cómo las ciencias jurídicas y políticas participaron en la redefinición de derechos, procedimientos y expectativas que sostuvieron la reinstitucionalización; ese trabajo intelectual y jurídico fue parte del proceso, no un mero epílogo. No un tecnicismo, sino la exigencia de justicia en una deuda pública no saldada.

La impunidad como deuda

La restauración formal de la democracia en Uruguay no cerró las cuentas pendientes con las víctimas de la dictadura; dejó, en cambio, una deuda política, jurídica y moral inmensa, permanente. Instaló una frustración que ha devaluado las expectativas de la nueva etapa, la del reencuentro de la sociedad con una nueva institucionalidad democrática frustrante. Esa deuda no es un accidente técnico: fue el resultado de decisiones conscientes que privilegiaron otras cuestiones, que introdujeron renuncias que atentan aún contra la reinstitucionalización y la estabilidad política sobre la persecución penal de violaciones de derechos humanos. Pensar la impunidad como deuda permite comprender la transición no como un punto final sino como un pasaje con obligaciones no satisfechas que siguen condicionando la vida pública.

La expresión más nítida de esa decisión política fue la Ley Nº 15.848, que declaró la “caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985” por funcionarios militares y policiales. El texto legal articula la lógica de la transición: cerrar procesos penales para facilitar la salida del régimen y la reinstitucionalización, al tiempo que deja abiertas investigaciones administrativas y excepciones limitadas.

“Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 … ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985…”

Esa norma no puede leerse, como fue dicho, como un mero tecnicismo: fue el producto de negociaciones políticas que buscaron estabilidad, pero que, al mismo tiempo, generaron una obligación incumplida frente a las víctimas y sus familias. La caducidad funcionó como un muro legal que transformó la exigencia de justicia en una deuda pública no saldada; la sociedad respondió con demandas persistentes por verdad, memoria y reparación. Y siguen actuales, vigentes, provocando división como una herida presente. La deuda tiene varias dimensiones. En lo jurídico, implicó la suspensión de la vía penal para numerosos casos y la creación de mecanismos administrativos insuficientes para satisfacer la exigencia de sanción. En lo político, significó un pacto de gobernabilidad que consolidó la transición pero dejó sin respuesta la demanda de rendición de cuentas. En lo simbólico, instaló un paisaje de impunidad que condicionó la memoria colectiva y la confianza en las instituciones. Dicho con otras palabras: desde esta perspectiva, significó y significa aún, de manera tozuda, heridas no cerradas en la memoria colectiva, erosión de confianza institucional y demandas persistentes de víctimas y familiares de víctimas, como de movimientos sociales.

Hay reflexiones de estudiosos uruguayos que han analizado estas tensiones desde perspectivas complementarias. Gerardo Caetano ha reconstruido la salida negociada del régimen y la lógica de los acuerdos que facilitaron la transición; Óscar Bottineli ha enfatizado la centralidad de la memoria y la reparación para la convivencia democrática; Carlos Demassi ha abordado las tensiones jurídicas e institucionales que la Ley de Caducidad y otras decisiones políticas introdujeron en el proceso de reinstitucionalización. Sus trabajos convergen en una idea: la impunidad no es sólo ausencia de condenas, sino una deuda que atraviesa lo jurídico, lo político y lo simbólico.

La experiencia uruguaya muestra que saldar esa deuda exige políticas integrales: apertura de archivos, investigación independiente, reparación material y simbólica, educación pública sobre lo ocurrido y reformas institucionales que garanticen la no repetición. Las comisiones de investigación y los informes públicos son pasos necesarios, pero insuficientes si no se articulan con medidas judiciales, reparadoras y pedagógicas sostenidas en el tiempo.
Resolver la deuda implica decisiones políticas que reconfiguran la relación entre Estado y sociedad. Las soluciones parciales tienden a reproducir la idea de que estamos frente a una deuda impaga. Por eso, la política de memoria y justicia debe reconcebirse como una inversión democrática: no sólo para satisfacer demandas morales, sino para fortalecer la legitimidad institucional y prevenir la repetición.

Ya hay demasiado daño irreparable como para seguir insistiendo en este desatino. Hay demasiadas madres, padres, parejas, hijos que han completado su ciclo vital sin que la democracia les haya posibilitado cumplir el derecho básico y sagrado de dar sepultura a sus seres queridos.
La historia no los absolverá. Como escribiera Mijail Gorbachov refiriéndose a los últimos días de la RDA, “la vida encuentra la forma de castigar a los que llegan demasiado tarde”.

Sobre quién gana la final, por ejemplo. Será un partido algo aburrido, con mucha tenencia en cancha propia aunque con la tensión propia de una final. Quizás la diferencia la haga Messi. Apostar, por ejemplo, a si la Jutep actuará, previo informes de bufetes externos, y legalizará el arreglo del parador del Parque Rodó —es más fácil que lo de ASSE—, declarará vacante la Fiscalía General e indicará cómo proceder a continuación, dará por hecho que ya hay “copamiento” y certificará, con felicitaciones de la mesa, que Juan Castillo es comunista y que Abdala también, más otros cuatro o cinco más o menos “tapados”, y se expedirá sobre si los funcionarios están primero al servicio del Estado o si lo están al servicio “del Partido” o si son libres de optar.

No es seguro si resolverá ahora lo de la camioneta y no se sabe si encarará el tema de este nuevo impuesto a las consultas médicas que castigará mayoritariamente a los jubilados —no los de la Caja de Profesionales, obviamente—, los que por ser mayores son de salud más precaria; como consuelo podría legalizarles, como una especie de eutanasia alternativa, el no ver más médicos, por ejemplo.

No se descarta que por razones de urgencia la Jutep dé por aprobada la Rendición de Cuentas a la que, en ese caso, Oddone le añadiría algunos impuestitos más. Lo de la Rendición es lindo para jugársela: de antemano se sabe que solo te devuelve la plata la apuesta de que será aprobada con los dos votitos —cada vez más rentables— de Cabildo.

Pero puede sí resultar desafiante apostar a si Lacalle Pou le hará caso o no al secretario de la Presidencia —que no le cabe en la cabeza un sistema de coalición democrática no imperativa—, y también cuáles serán las reacciones de Bordaberry, Ojeda y Mieres, e incluso en el propio Partido Nacional, ante esta provocativa intromisión. Es un hecho, asimismo, que esto de la Rendición al grueso de la ciudadanía “le nefrega”.

A esta lo que le importa y la tiene agobiada es la inseguridad desbocada, y tras ella, también al trote largo, la amenaza de cierre de empresas, suspensión de obras, pérdidas de empleos como consecuencia directa de la acción del Ministerio de Trabajo y el Pit Cnt, la falta de rumbo de Economía, la política cambiaria del Banco Central y el hostigamiento a los empresarios y a los muy ricos; todos mala gente a los que se les induce a que se vayan a pescar a otro lado. Y seguro, y aquí le tiro un salvavidas al presidente, la gente se desmoraliza, lo que se traduce en aquello de piove governo ladro.

Se refleja en las encuestas y la imagen del presidente se deteriora mes a mes y viene rodando y rodando, como en aquel cuento de la confesión. ¡Por favor, que alguien lo abaraje! Según la última de Equipos (junio), la desaprobación es del 53% y solo aprueba el 26%. Saldo negativo de -27. Orsi bate más récords que Messi y Mbappé juntos.

Y por si fuera poco, los uruguayos (según investigación de Cifra) tienen mala opinión de Carolina Cosse (-36) y peor del secretario Sánchez —el que le mojó la oreja a la coalición y a Lacalle Pou— con -40. ¿Qué nos queda entonces? Blanca Rodríguez y Jorge Díaz, que ni figuran en los sondeos. Podría apostarse hasta dónde se hundirá el presidente, pero queda feo. Quizás sí apostar a que en algún momento —que sea rápido— tomará las riendas. Es más una expresión de deseos, pero si se diera pagaría muy bien. A todos.