De algo que solemos jactarnos los uruguayos es del bajo nivel de corrupción. De hecho, suele referirse al país como el de menor percepción de corrupción en América Latina y entre los del grupo de punta a nivel mundial, en el puesto 17 de acuerdo al último Índice de Percepción de la Corrupción presentado por Transparencia Internacional, con 73 puntos sobre 100 y muy por encima del promedio mundial.
Sin embargo, no podemos perder de vista que este ranking lo que mide es la percepción de la corrupción y no la corrupción en sí misma, que sería difícil de medir. Ahora bien, qué percibimos y qué no como corrupción. Porque hay algunas “corrupciones” que ocurren a la vista de todos y muchos no solamente las aceptan sino que además las usufructúan —quién está libre de haber comprado en el comercio informal un producto de dudosa procedencia, o de haber hecho un asado con leña de monte nativo—, se benefician de ello y no falta quien proponga de tanto en tanto admitir algunos de estos actos, legalizarlos.
Uno de los más extendidos actos de corrupción se relaciona con la expedición de licencias de conducir de forma irregular. Han sido a lo largo de los años muy sonados los casos de excursiones que llevan personas a obtener sus permisos en otros departamentos, últimamente en municipios o localidades donde parece que los controles son menos rigurosos con respecto a los procesos para la obtención del carné habilitante.
En el caso de Paysandú ha habido situaciones que involucraron personal municipal. En 2018 fueron 25 las personas procesadas por diferentes delitos, entre ellos la expedición de libretas de conducir apócrifas. El año pasado fue muy comentado el caso del Municipio de Noblía, en el departamento de Cerro Largo, en el que incluso hubo una persona involucrada que integraba el equipo de gobierno departamental. En la pequeña localidad se emitían permisos de conducir de forma anómala. En ese momento, cuando saltó el tema de Noblía, se hablaba de varios municipios en los que podrían estar ocurriendo situaciones análogas; entre ellos ya se mencionaba el caso de San Javier, donde concurrían muchos conductores de Paysandú a tramitar sus permisos, muchos de ellos adultos mayores. Esto dio lugar a una investigación administrativa que terminó confirmando lo que se sospechaba: en la vecina localidad se podía acceder a un permiso sin cumplir con todos los requisitos previstos para la obtención de la habilitación. Prácticamente se “compraba” la licencia; pagaba y se la daban.
Es así que la investigación iniciada en 2024 constató la existencia de trámites con formularios incompletos, ausencia de constancias de las charlas obligatorias, expedientes sin identificación del acompañante requerido y omisiones en diferentes etapas de las pruebas previstas para obtener o renovar la licencia. Del mismo modo se constataron renovaciones a personas mayores de 75 años sin que se hubiera realizado el examen práctico exigido. En otros casos, los interesados habrían concurrido únicamente para tomarse la fotografía destinada al documento, sin que en los expedientes apareciera acreditado el cumplimiento de las instancias anteriores. Se concluyó que existió un apartamiento “intencional y reiterado de los procedimientos legales”, por lo que la administración departamental entendió que no se trataba de errores aislados o involuntarios. Se atribuyó responsabilidad administrativa a un funcionario municipal, del que se solicitó su destitución, que luego no obtuvo en la Junta Departamental del departamento vecino los votos necesarios. Por alguna razón, los ediles no entendieron que este proceder del funcionario infiel ameritase la destitución. La votación terminó con 15 votos a favor y otros tantos en contra. Cabe señalar que el sindicato, Adeom Río Negro, había respaldado al funcionario cuestionado, mientras su abogado advirtió sobre irregularidades en el proceso administrativo que viciaban de nulidad el procedimiento.
De cualquier forma, aunque desde la Intendencia de Paysandú se anunció que se controlará la situación de conductores locales que circulen con permisos emitidos en otros departamentos, lo que correspondería sería una decisión más tajante: que se anulen los permisos expedidos en ese municipio en el período correspondiente a la existencia de irregularidades en el trámite. Podría decirse que de esa forma hay riesgo de que paguen justos por pecadores, y sí, lamentablemente sí; pero ¿acaso no es más grave el riesgo al que se nos expone a todos al permitir la circulación de conductores que no cuentan con las condiciones físicas, conocimientos teóricos y prácticos, o de las que sea, para estar detrás de un volante recorriendo las calles o las rutas?
¿O por qué sería que van estas personas a obtener su licencia en San Javier, por amor al piroj acaso? No, claramente no; más allá de que seguramente más de uno de ellos habrá vuelto a casa con una de estas exquisiteces propias de la gastronomía de la localidad vecina, la razón no es otra que eludir los controles reglamentarios, evitar rendir los exámenes prácticos o teóricos, escapar de los controles físicos y del tan temido gabinete psicosensométrico —que solamente menos del 1% de los conductores no logra aprobar, según datos de IDP—, que en Paysandú se instrumentó como un adelanto que debería llegar más temprano que tarde a todos los lugares donde se expidan permisos.
La obtención del permiso de conducir no es un mero trámite: es nada menos que la constatación de que una persona está en condiciones de circular al mando de un vehículo que, en manos que no correspondan, es una verdadera arma. Y debemos recordar que esa habilitación rige para todo el país y también en el extranjero, por lo cual la responsabilidad es infinitamente mayor. Por eso al Intendencia de Paysandú debe actuar con la severidad que amerita el caso, pero también el Congreso de Intendentes debe tomar cartas en el asunto.
Claro, después, cuando ocurren casos como el de Toledo, en Canelones, en el que perdieron la vida tres jóvenes —uno de ellos con un hijo de muy corta edad— que regresaban de un partido de fútbol con sus amigos, por culpa de un conductor alcoholizado al que ya se había retirado el permiso, no queda espacio más que para el lamento y las lágrimas de las familias destruidas. Por ello el reclamo, el pedido, de que al igual que con el alcohol, pasemos a tener tolerancia cero con este tipo de situaciones.
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