Las intensas precipitaciones registradas en el litoral y diversas regiones del país en las últimas horas han vuelto a poner en jaque a la red de caminería rural. El escenario es largamente conocido por los productores de Paysandú y otros departamentos. Tras acumulados de lluvia de magnitud —que en algunas zonas superaron los 100 milímetros desde el pasado lunes—, las vías secundarias de balastro sufren un rápido deterioro que en algunos casos complica y en otros interrumpe temporalmente el tránsito pesado.
Se trata de un cuadro recurrente que impacta de manera directa en la salida de leche y el transporte de granos y ganado. La historia indica que, frente a la emergencia climática, la respuesta del Estado suele ser reactiva. Los municipios y las direcciones departamentales de Vialidad deben generalmente abocarse a reparaciones de contingencia una vez que el agua cede y el daño está consumado.
Este esquema no alcanza para atender con agilidad y equidad redes departamentales de caminos que, en el caso de Paysandú, se sitúan en más de 3.000 kilómetros. La verdad es que la falta de diagnóstico previo y de atención genera cuellos de botella, dificulta la asignación oportuna de maquinaria y combustible, y demora las soluciones para las comunidades rurales más aisladas.
Este problema, que afecta la infraestructura productiva, ocupó un lugar central en la agenda del Congreso de Intendentes durante su sesión plenaria de mayo pasado en Salto.
Allí los jefes departamentales y la Comisión Sectorial de Descentralización trataron la necesidad de optimizar los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y avanzar hacia esquemas de financiamiento que contribuyan a mejorar la competitividad territorial.
Sin embargo, parece evidente que el debate político sobre la caminería rural no puede limitarse exclusivamente a la discusión de partidas presupuestales o al reclamo de más generosas transferencias desde el gobierno central.
Entendemos, en este sentido, que si el incremento de recursos financieros no se acompaña de una mejora sustancial de los mecanismos de auditoría, planificación y ejecución, el riesgo de perpetuar el ciclo ineficiente de reparación y erosión seguirá siendo demasiado alto.
La descentralización requiere también que los gobiernos locales cuenten con capacidades técnicas modernas que permitan auditar y planificar con rigor la durabilidad del trabajo vial y la calidad de los materiales empleados.
En este sentido, la incorporación de tecnologías de teledetección —por ejemplo, mediante la combinación de imágenes satelitales periódicas y relevamientos focalizados con drones— podría ser una herramienta de gestión preventiva para los problemas de la caminería rural.
Aunque aún no es común el uso de este tipo de herramientas tecnológicas con tales fines, no es menos cierto que las imágenes satelitales y los drones son utilizados para muy diversas tareas en el campo uruguayo, que van desde el control de incendios hasta la fumigación o el tratamiento con fitosanitarios, entre otros.
En este contexto no es descabellado pensar que los avances en el procesamiento de datos y la fotogrametría puedan utilizarse de forma sistemática para auditar caminos y generar mapas de riesgo ante alertas meteorológicas. Más aún si tenemos en cuenta los pronósticos para la región con motivo de la llegada de El Niño.
Contar con sistemas de monitoreo digital permite construir inventarios dinámicos del estado de las calzadas, detectar fallas en el drenaje de alcantarillas y, en definitiva, prevenir y planificar.
Con esta información georreferenciada es posible priorizar tramos complicados por donde circula la recolección lechera o el transporte de la actividad agropecuaria.
Esto permitiría avanzar sustancialmente en el reconocimiento objetivo de tramos críticos para la toma de decisiones en planes de mejora, y dar transparencia ante la ciudadanía a la inversión del Fondo de Desarrollo del Interior.
En este sentido, cabe recordar los dimes y diretes que desde hace años generan denuncias cruzadas sobre posibles usos opacos de la maquinaria vial, la compra discrecional de balastro de baja calidad y otros aspectos que han teñido las relaciones entre el gobierno central, las intendencias y los municipios del país. La fiscalización satelital puede aportar también a la profesionalización de las compras públicas, dotar de mayor transparencia a la ejecución de convenios para la renovación de flotas de maquinaria u obligar a las empresas contratistas a dar mayores garantías sobre la durabilidad de las obras ejecutadas.
Sin duda que también existen desafíos operativos, y no podemos ser ingenuos y pensar que con la sola implementación de software de teledetección o de drones se resolverán automáticamente las dificultades o crisis viales. La tecnología constituye una herramienta de diagnóstico, pero sabido es que de nada sirve si luego los municipios carecen de presupuesto operativo o de maquinaria para realizar la reparación en tiempo y forma.
Por otra parte, la idea tampoco es burocratizar la recolección de información de una forma desconectada del territorio y sus necesidades reales. Para que el sistema pueda ser efectivo, se requiere un acceso a datos abierto y descentralizado que permita que productores, alcaldías y gremiales locales tengan acceso a la información y puedan dar seguimiento al estado de sus caminos.
La problemática de la caminería rural es de larga data en Uruguay, pero la vulnerabilidad que provoca la lluvia exige superar las situaciones coyunturales y la improvisación. La descentralización de políticas que impulsa el Congreso de Intendentes y las herramientas tecnológicas disponibles deberían caminar juntas para modernizar con efectividad la gestión pública en el interior profundo del país.
Paysandú y otros departamentos de la región pueden liderar proyectos piloto interinstitucionales, articulando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el MGAP y otros gobiernos departamentales, para testear soluciones de auditoría satelital en las zonas productivas más afectadas.
Existe una relación directa entre pasar de la reacción a la planificación basada en datos, y la eficiencia y el cuidado de la competitividad de sectores productivos fundamentales para la economía del país. También atañe a la calidad de vida de nuestras comunidades rurales.
Cuando una calzada colapsa, los camiones cisterna quedan varados o se ven obligados a dar rodeos de decenas de kilómetros, encareciendo fletes y sobrecargando costos para los productores; cuando en las zafras graneleras el tránsito pesado intensivo convierte caminos rurales en espacios intransitables de barro, hacen falta otras soluciones además de las tradicionales.
