A partir de la reciente divulgación de los datos de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), la conclusión que prima entre los expertos es que hubo un retroceso significativo a nivel global, particularmente en los países desarrollados. En este contexto, surge con claridad que Uruguay se ha mantenido relativamente estable o ha retrocedido menos, a la vez que mejoraron sus resultados en áreas como Ciencias.
A su vez, los países asiáticos continúan destacándose en rendimiento, como ha sido una constante desde que se puso en marcha esta medición. Al mismo tiempo, resulta llamativo que algunas naciones europeas, otrora muy destacadas en esta evaluación, hayan retrocedido notoriamente.
Para explicar esta tendencia, la OCDE menciona varios factores, entre ellos el creciente uso de las pantallas, la pérdida de interés por la lectura entre los jóvenes y los cambios en la relación de los estudiantes con la escuela a partir de la pandemia de Covid-19.
El informe PISA también examinó el uso de la inteligencia artificial en las aulas. La OCDE constató que un uso más intensivo de estas herramientas suele asociarse con resultados más bajos en Ciencias.
En este contexto, Uruguay tuvo un desempeño relativamente estable, con una mejora clara en Ciencias, estabilidad en Lectura y una caída en Matemática respecto de 2018.
En esta última evaluación, Uruguay obtuvo 409 puntos en Matemática, 9 puntos menos que en las pruebas de 2018; 430 puntos en Lectura, manteniéndose estable, y 435 puntos en Ciencias, 10 puntos por encima de 2018. Se trata de una lectura positiva si se tiene en cuenta cuánto han caído los resultados en países europeos y en buena parte de América Latina.
“Respecto de los desempeños alcanzados, el país muestra un desempeño promedio situado en el entorno del nivel medio, con mejores logros promedio en ciencias, seguida de lectura y matemática, con puntajes promedio de 444,5, 43,2 y 404,9 puntos, respectivamente”, dice el informe difundido por ANEP.
Cuando se mira específicamente a nuestro país, surge una conclusión particularmente interesante: las pruebas PISA no permiten afirmar que Uruguay obtendría mejores resultados simplemente aumentando el gasto educativo, como sostienen de manera recurrente algunos sectores vinculados a la educación, entre ellos los gremios docentes y sectores afines de la izquierda.
El punto, en realidad, es cuánto se gasta, cómo se distribuyen esos recursos y qué resultados producen. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué Uruguay, teniendo un nivel de desarrollo relativamente alto dentro de América Latina, no consigue resultados similares a los de los sistemas educativos de mejor desempeño?
La conclusión es que existe una relación entre el gasto acumulado por estudiante y los resultados de PISA, pero esa relación no es directamente proporcional. Cuando un sistema dispone de pocos recursos, aumentar el gasto puede generar mejoras importantes; pero, a medida que la inversión aumenta, los beneficios adicionales tienden a ser menores o directamente inexistentes.
La interrogante, por lo tanto, pasa por determinar si se está obteniendo todo el rendimiento educativo que podríamos alcanzar con los recursos disponibles. Y la respuesta que surge es que Uruguay ha aumentado considerablemente el gasto, pero los resultados no lo han hecho en la misma proporción. El informe nacional muestra que el gasto público en educación pasó de unos $120.235 millones en 2016 a $131.964 millones en 2022, expresados en pesos constantes de 2022.
Como porcentaje del PBI, pasó de 4,38% a 4,57%, con un máximo de 4,95% en 2020.
Este incremento del gasto, además, no significa que los estudiantes hayan sido necesariamente los principales destinatarios de la mejora en los recursos, sino que el dinero se ha volcado mayoritariamente a mejorar salarios, ampliar la cobertura, infraestructura e inclusión, entre otros rubros.
Este mayor presupuesto no se tradujo necesariamente en un salto equivalente en los aprendizajes, aunque se haya ampliado mínimamente la cobertura. Aquí surge que el problema está en la gestión de los recursos tanto o más que en cuánto se vuelca a la educación, incluso al evaluar los planteos de mantener determinado porcentaje del Producto Interno Bruto destinado al sector, como reclaman sistemáticamente los gremios.
La propia ANEP dedicó un estudio de PISA 2022 —el Volumen 8, “Recursos y gestión de los centros educativos en perspectiva comparada”— a analizar precisamente los recursos, la organización y la gestión. El trabajo comprende aspectos como la disponibilidad y estabilidad de los docentes, el tiempo efectivo de enseñanza, el tamaño y la composición de los grupos, el liderazgo de los centros, la capacidad de los directores para tomar decisiones, el apoyo a estudiantes con dificultades, el ausentismo, la repetición y el rezago, las condiciones socioeconómicas, la organización de los centros y la calidad de la enseñanza.
En Uruguay, al menos uno de cada cuatro estudiantes de 15 años todavía estaba rezagado en la Educación Media en 2022, según esta evaluación. Por lo tanto, parte del gasto educativo no está destinada simplemente a enseñar más y mejor a estudiantes que avanzan normalmente, sino también a atender trayectorias educativas complejas.
En otras palabras, nuestro país no parece tener principalmente un problema de falta extrema de recursos, sino de rendimiento del sistema.
Eso no significa que no haya áreas en las que sea necesario invertir más, sino que una política basada exclusivamente en aumentar el presupuesto no necesariamente producirá mejores resultados si no modifica, simultáneamente, la forma en que se utilizan esos recursos. O, mejor aún, si no se aprovechan con mayor criterio los recursos de los que ya se dispone.
De hecho, el propio informe de Uruguay señala que los países con gastos moderados por estudiante no necesariamente tienen malos resultados y que, una vez alcanzado cierto nivel de inversión, la relación entre gasto y desempeño se vuelve menos fuerte. Y hay una segunda conclusión todavía más interesante. Si nuestro país quisiera pasar de aproximadamente 409 puntos en Matemática a los 480-500 puntos de los sistemas educativos de mejor desempeño, probablemente no alcanzaría con aumentar el gasto educativo del 4,5% al 5%, 5,5% o 6% del PBI. Tendría que conseguir más aprendizaje por unidad de recurso. Eso lleva la discusión hacia aspectos mucho más concretos: qué pasa dentro del aula, cómo se seleccionan y forman los docentes, cuánto tiempo se enseña efectivamente, cómo se atiende a los alumnos rezagados, cómo funcionan los centros y qué autonomía y responsabilidad tienen sus equipos directivos.
Más recursos son importantes, especialmente cuando un sistema está subfinanciado. Pero, una vez alcanzado cierto nivel de recursos, como ocurre en nuestro país, aumentar el gasto por sí solo no garantiza mejores resultados. Importa mucho más cómo se utilizan esos recursos. Y este es el tema que, lamentablemente, nunca se coloca sobre la mesa como una prioridad cuando quienes reclaman sistemáticamente más fondos se resisten a que se rindan cuentas sobre cómo se gasta ese dinero y se comparen los resultados, como debería ocurrir.
Porque no todo se arregla poniendo más dinero en la educación. Si la respuesta no es satisfactoria, hay que preguntarse qué estamos haciendo mal y qué se puede y se debe hacer para remediarlo.
