Año: 2026

El Instituto Plan Agropecuario puso en marcha la segunda etapa del programa Procría, una iniciativa que apunta a acompañar durante cuatro años a casi 1.000 predios ganaderos en todo el país. La propuesta, que comenzó en diciembre, inicia su segunda fase en enero con el acompañamiento de unos 100 técnicos extensionistas.
Salto registró el mayor nivel de adhesión y cuenta con equipos técnicos asignados en toda la geografía del departamento. Los grupos trabajan, además, en Colonia Aparicio, Saravia, Masoller, Vera, Belén, Colonia Itapebí, Colonia Rubio Este, el eje de la ruta 31, Arerunguá y Guaviyú de Arapey.
La primera etapa del relevamiento aún se encuentra en curso y consta de un diálogo con las familias para delinear las estrategias que desarrollarán en los siguientes cuatro años. Los indicadores se enfocarán en la tasa de preñez, tasa de destete, peso del ternero, peso de la vaca de refugo o de invernada, con la intención de avanzar con datos reales. Más allá de las diferencias regionales, el programa Procría está puesto en la singularidad de cada establecimiento y en muchos casos, el desafío está planteado en elevar indicadores básicos, como el porcentaje de destete que ronda el 70% o, incluso, cambios en la forma de gestión del predio. Con el avance de las visitas y la sistematización de la información, el programa comenzará a generar un volumen de datos sin precedentes.

El Ministerio de Ganadería no declaró la emergencia agropecuaria, sino que anunció la instalación de una “mesa de trabajo” para evaluar las acciones que adoptarán las autoridades junto a las gremiales agropecuarias. El subsecretario Matías Carámbula aseguró que, en diálogo con el equipo económico, se ha logrado “garantizar” la disponibilidad de recursos para eventualmente atender la situación de déficit hídrico. El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, afirmó que hay “desilusión” por la postura del gobierno y consideró que no se deberían hacer más análisis. El directivo recordó que el ministro Alfredo Fratti había informado que el Fondo de Emergencia estaba sin recursos.

Nosotros decimos que las emergencias ameritan el redireccionamietno de fondos, establecer prioridades y buscar la manera. Desde la federación hacemos propuestas sobre fuentes para nutrir el fondo de emergencia porque hay posibildiades de donde sacar el dinero”. Sin embargo, “lamentablmente el ministerio decidió no declarar la emergencia agropecuaria y a nosotros nos genera desilusión porque todo el sector entiende que los indicadores lo ameritan”. El MGAP, “terminó resolviendo por dilatar, seguir monitoreando y analziando, cuando todos sabemos que la palabra emergencia indica que no se puede esperar. Además, tenemos la información objetiva, veraz y totalmente validada que ha sido generada por institutos oficiales que lo están demostrando”.

Normey enfatizó que “no hay que hacer más análisis, sino declarar la emergencia y a partir de ahí tomar las medidas acorde a la situación”. Aseguró que “no quedaron claras” las declaraciones de las autoridades del ministerio en la conferencia de prensa, “porque se reconoce una situación compleja, pero dicen que se seguirá monitoreando”.
Este viernes serán recibidos por las autoridades del Ministerio de Ganadería.

El directivo de la Asociación de Tamberos de Canelones, Justino Zabala, sostuvo que “cayeron muy mal” las declaraciones del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, quien manifestó que los 30 millones de dólares que Venezuela le adeuda a productores lecheros, están perdidos.
Zabala dijo que Fratti “tiene que ser el primero en defender” los intereses del país, porque el negocio no fue entre privados, sino entre Conaprole y Corpovex, una empresa estatal venezolana.

El directivo aseguró que los Estados venezolano y uruguayo diseñaron el negocio. “Estamos muy inconformes. Las declaraciones de Fratti fueron infelices y equivocadas porque se manejan una serie de argumentos que no son válidos. No fue un negocio entre privados. Fue un negocio de las empresas uruguayas con el Estado venezolano a través de una de subsidiarias que se llama Corpovex. Los Estados uruguayo y venezolano intervinieron directamente, diseñando el negocio y viendo la forma de pago con un fideicomiso por el Bandes de Uruguay”, agregó.
El fideicomiso “se iba a nutrir de la plata que Ancap le pagara a Pdvsa. Nada de eso se cumplió y finalmente quedó Conaprole con 30 millones de dólares que no es poca cosa. Hace diez años no lo pudo cobrar al pasarlo a pérdidas, tal como tiene que hacerlo por las normas contables. Eso se refleja directamente en el precio de la leche que reciben los productores”.

En el juicio hoy, Conaprole reclama 60 millones de dólares por mora, recargo y perjuicios a sus representados. Zabala subrayó que “son 30 millones de dólares que no fueron a los bolsillos de los productores, que son muy necesarios. Pero no podemos decir, como dijo el ministro, que esa plata está perdida. Y menos un ministro del gobierno, cuando tiene que salir a defender a los productores”.

Explicó que “en este momento sigue en curso un juicio que le hace Conaprole al Estado uruguayo y al Estado venezolano. Es un juicio largo que lleva un montón de tiempo y ya se hicieron miles de gestiones. Personalmente, estuve en varias de ellas con el presidente Tabaré Vázquez y nada se logró. Creo que los tamberos se merecen una rectificación del ministro”.

Consultado el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Matías Carámbula, recordó que el juicio “se encuentra en un proceso internacional al Estado venezolano, al organismo encargado de la compra de la leche, al banco Bandes y al Estado uruguayo. En ese proceso, Conaprole representando a los productores hizo lo que tenía que hacer. Por eso, me parece que hay que ser muy cuidadoso y respetuoso mientras corre todo por la órbita judicial”.