Unasev y el Ministerio del Interior llevan adelante desde este mes una “profundización” de los controles a motos. Así lo anunció la Unidad Nacional de Seguridad Vial como parte de un plan que tiene dos frentes: por un lado la acción por mejorar la seguridad vial y por otro mejorar la seguridad ciudadana frente al delito, ante la constatación del empleo de este tipo de vehículos para quebrantar la ley.
Este anuncio se produjo tras una reunión que mantuvieron en los últimos días del año pasado el subdirector de la Policía Nacional, comisario general Alfredo Clavijo, y el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, instancias en la que abordaron aspectos vinculados al tránsito, la siniestralidad vial y el uso ilícito de motocicletas.
Esto no es de ahora; el problema de las motos es una preocupación de larga data, desde que por su abaratamiento los birrodados de origen chino empezaron a poblar en forma desmedida las calles del país, convirtiéndose en un dolor de cabeza (incluso literalmente, cuando empezó la moda de ponerles ruidosos escapes para llamar la atención).
La incautación de motos se mostró como una medida poco efectiva para contener el problema y generó otros, como la acumulación de vehículos abandonados en dependencias tanto de las intendencias departamentales como del propio Ministerio del Interior. Era más barato sacar otra moto en cuotas que hacer frente a las deudas, multas y reparaciones de la que se había incautado. Esa concentración de chatarras de motos generó además problemas ambientales, por volverse esos depósitos improvisados espacios propicios para la proliferación de plagas que luego se dispersaban por todo el vecindario, a la vez que contenían materiales contaminantes, como los lubricantes que quedan en los depósitos de los motores y las baterías, por ejemplo.
Clavijo explicó que el operativo será llevado adelante por las Jefaturas Departamentales de Policía y la Dirección Nacional de Policía Caminera, con un refuerzo especial de los controles en rutas nacionales. “Va a haber una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos en todo el país”, señaló. Agregó que estos controles se ocuparán de comprobar todo lo establecido por la normativa vigente: libreta de propiedad del vehículo, licencia de conducir, uso de casco, chaleco reflectivo, seguro obligatorio y las condiciones en las que deben circular las motos. Recordó que desde el Ministerio del Interior se ha reiterado el llamado a la regularización de la documentación y de los vehículos, advirtiendo que los controles se intensificarían. El que avisa no traiciona.
El subdirector policial remarcaba justamente este doble riesgo de las motos al decir que, desde la seguridad vial, al estar involucradas en siniestros de tránsito graves y fatales; y por otro, desde la seguridad ciudadana, debido a su utilización para cometer delitos, las motos son un problema por partida doble. Indicó que durante 2024 casi el 40% de las rapiñas se cometieron en moto y que en aproximadamente el 25% de los homicidios en los que se pudo recabar evidencia se constató el uso de este medio de transporte, una tendencia que, según indicó, ha ido en aumento en los últimos años. Aseguró Clavijo que los operativos de control se mantendrán hasta que los indicadores estadísticos reflejen una disminución, tanto de la siniestralidad vial como de los hechos delictivos asociados al uso de motocicletas.
A su vez, Metediera apuntó que estas acciones forman parte de una serie de acciones que se desarrollan desde el inicio de la gestión y planteó que los datos preliminares de 2025 muestran “cifras preocupantes” en materia de siniestros de tránsito, con 30 personas fallecidas más que en el mismo período del año anterior. El jerarca enfatizó en el uso de la fiscalización como herramienta para mejorar y aclaró que los controles “no serán indiscriminados, sino focalizados en aquellas personas que incumplen la normativa y ponen en riesgo la seguridad vial y ciudadana”.
Y es que justamente este que menciona el presidente de Unasev es un punto en el que se deberá ser cuidadoso durante todo este proceso, para no caer en estigmatizaciones injustas respecto a quienes tienen la moto como vehículo para sus desplazamientos diarios y que cumplen la normativa en la medida de sus posibilidades. Porque tampoco es que se trate de convertir a cualquiera que ande en moto en un potencial rapiñero o en un siniestro de tránsito andante y que al poner mucho énfasis en controlar las motos se olvide o se haga la vista gorda con otros usuarios de las vías de tránsito.
Las motos son un problema, sí, pero no son el único problema, y que haya conductores imprudentes y delincuentes que elijan estos vehículos para sus actividades no da carta blanca para hacer la vida más complicada a aquel que la emplea correctamente como medio de transporte.
Recordemos que tiempo atrás el ministro del Interior, Carlos Negro, planteó al Congreso de Intendentes un plan de acción para fortalecer el control de la circulación irregular de motos y propuso como medida para afrontar la falta de identificación visible o la adulteración de la matrícula y controlarlas, la instrumentación de un tag electrónico, del modo del que emplean los pases de los peajes, que permita acceder a datos de empadronamiento del vehículo e identificación de su titular.
Siempre se dice en este tipo de situaciones que quien en nada raro anda no tendrá inconveniente en que lo sometan a controles. Sin embargo, así planteado, genéricamente, da la impresión que de buenas a primeras es una forma más de ceder privacidad en pos de seguridad y que en la misma bolsa que quienes cometen imprudencias y delinquen, terminan cayendo los usuarios responsables y —tristemente— a veces son solamente ellos quienes terminan cayendo.
