En respuesta a los efectos del Decreto-Ley N.º 36/2025 aprobado en Italia, que restringe el acceso a la ciudadanía por descendencia, un grupo de activistas formalizó en los últimos días la creación de la Asociación de Defensa de los Italodescendientes. La agrupación surge a partir de las movilizaciones y protestas organizadas meses atrás en Roma, que incluyeron la participación de ciudadanos provenientes de distintos países, entre ellos Uruguay.
“Es un corte que termina con más de 150 años de derechos de ciudadanía”, había advertido el sanducero Alfredo Dolce, referente del Comité de Descendientes Italianos, al ser consultado oportunamente por EL TELEGRAFO. Desde entonces, la movilización de los afectados dio paso a una forma de organización más estable y articulada.
“Con las chicas que organizamos las protestas y actividades en Roma (contra) el decreto, en estos días pasados nos constituimos como Asociación de Defensa de los Italodescendientes”, informó Dolce, quien asumió temporalmente como tesorero de la flamante organización. “Lo importante de todo esto es que ya hicimos algunas gestiones, por ejemplo con la asociación Asmel, y conseguimos que se les reconozcan los derechos a decenas de ‘varados’ que habían presentado solicitud de residencia para ciudadanía en Italia”.
Según explicó, esa gestión permitió que personas que se encontraban en situación migratoria irregular pasaran a ser reconocidas como solicitantes con trámite en curso, un cambio que implica el acceso a derechos básicos y una regularización legal clave. “Es un primer gran paso, para ellos gigante”, valoró.
Mientras tanto, continúan atentos al fallo que deberá emitir la Corte Constitucional Italiana, la cual analiza la validez de la legislación anterior que otorgaba el derecho a la ciudadanía iure sanguinis a los descendientes de italianos nacidos en el exterior. “Si se gana ese juicio, la nueva ley comienza a perder fuerza legal”, sostuvo Dolce. “Y cuando se traten los próximos juicios contra la Ley actual 74/2025, tenemos muchas más posibilidades de ganar y que todo vuelva a como era antes del decreto”, agregó.
La Asociación también ha comenzado a recibir planteos y denuncias vinculadas a otros derechos vulnerados, como la inscripción de hijos menores como ciudadanos italianos, los procedimientos en consulados, o casos de personas que fueron estafadas por falsos gestores. “Hay temas relacionados con las elecciones, con el funcionamiento de los Comune y de los consulados que nos están empezando a llegar”, señaló.
El equipo está compuesto por profesionales de distintas áreas –gestión, asesoría legal, facilitación– que participan de manera voluntaria con el objetivo de incidir en la defensa de los derechos de los italodescendientes. Según indicó Dolce, “costó un tiempo darnos cuenta cuál era el sistema de organización que teníamos que adoptar, para poder diferenciar lo laboral propio con el afán de defender los derechos de los italodescendientes”.
Finalmente, concluyó que “la Asociación es la organización adecuada, en donde cada uno ocupa un lugar independientemente del trabajo que realice en forma particular”.