(El país)
El gobierno lleva adelante la Encuesta Nacional de Victimización, hecha por segunda vez en la historia del país. Se trata de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y financiado por el Ministerio del Interior, cuya primera fase empezó en octubre de 2025 y la segunda el pasado 2 de marzo.
Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, indicó a El País que la última vez que se realizó fue en 2017 y “lamentablemente no se hizo nunca más”.
En base a la mesa interpartidaria que coordiné en 2023, por una propuesta del Partido Colorado, se decidió que había que empezar a hacer de vuelta encuestas de victimización cada año o cada dos años. La primera encuesta iba a ser en 2025. Ahora, como había que hacerla de cero, fue un trabajo descomunal entre el INE y el Ministerio del Interior, por el diseño del cuestionario, toda la metodología”, sostuvo.
Desde el Partido Colorado (PC), reivindican que la Encuesta Nacional de Victimización fue una propuesta suya, que estuvo incluida en el programa partidario de 2019, con el entonces candidato Ernesto Talvi, y en 2024, con Andrés Ojeda, actual secretario general de esta fuerza política. En el programa del Frente Amplio y Partido Nacional de 2024, esta propuesta no figura; sí está presente en el programa conjunto de la coalición para el balotaje de noviembre de 2024.
En diálogo con El País, Ojeda aseguró que lo propusieron inicialmente en la campaña del 2019 con el “grupo de seguridad”, también con el involucramiento de Sanjurjo. Con respecto a la mesa interpartidaria de 2023, expresó: “Se aceptó, se incluyó en las medidas a tomar por parte del Ministerio del Interior y se iba a viabilizar hacia este período, por los plazos. Se habló con el INE y se avanzó. Se ocupó Diego de eso directamente”.
La demora en el comienzo del campo de trabajo de la encuesta, desde 2023 a la fecha, fue por el diseño del cuestionario y la metodología del estudio, que según Sanjurjo es “muy caro” e implicó “mucho trabajo”.
El senador colorado Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, sostuvo en declaraciones a El País que este tipo de encuestas “son el instrumento metodológicamente idóneo para medir la dimensión subjetiva de la seguridad pública: la percepción de inseguridad, el temor al delito, la sensación de vulnerabilidad, el miedo”.
“Para mí la encuesta es positiva, habla más allá del número, y después se estudia, pero es un insumo más para entender cómo se puede apreciar la inseguridad o el miedo. Si se suprime eso, el gobierno va a carecer de datos concretos sobre el estado de la población. Así se puede apreciar cómo en algunos barrios la cantidad de delitos denunciados son muy inferiores a otras zonas, pero sin embargo la gente se siente insegura, a pesar de los datos objetivos”, afirmó el dirigente colorado.
Sobre la encuesta en sí, Sanjurjo señaló que estas dos fases en las que se divide el estudio corresponden al trabajo de campo, es decir, encuestadores en todo el país relevando respuestas de miles de personas. En este caso, la “muestra teórica” es de unas 10.000 personas, pero, si bien normativamente es obligatoria, la “muestra esperada” es aproximadamente la mitad.
Esta encuesta, que en principio se realizará cada dos años, funciona a la par de la Encuesta Continua de Hogares que hace el INE semestralmente, la cual cuenta con un “módulo de victimización” con algunas preguntas al respecto, pero desde Interior se pretende tener más y mejor información de “percepciones sobre seguridad, confianza en instituciones y respuesta a los delitos”.
“En los países desarrollados se hacen las cifras de delitos denunciados, que son absolutamente fundamentales, pero a su vez también se realizan en paralelo encuestas de victimización. No existe un país desarrollado que no haga encuestas de victimización desde los años 70 u 80. Chile las hace desde hace 26 años cada año. Tenemos un atraso de 50 años en este tipo de herramientas”, sostuvo Sanjurjo. Se espera que el trabajo de campo termine en mayo y los resultados estén listos “en el tercero o cuarto trimestre de este año, supongo”.
ORSI ESTARÁ EN LA INVESTIDURA DE KAST
(ÁMBITO)
El próximo 11 de marzo, el presidente electo chileno, José Antonio Kast, sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric y se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha y en el primer defensor del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) en llegar al poder en democracia.
Con intenciones de seguir fomentando las relaciones diplomáticas con el país, el presidente Yamandú Orsi confirmó su participación en la ceremonia junto con otros mandatarios. Entre ellos se encuentran los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader.
También se harán presentes el presidente argentino, Javier Milei, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y el rey Felipe VI de España. Aún es una incógnita quién representará a Estados Unidos en la toma de posesión de Kast, quien ya ha dicho que será un socio de Donald Trump en la región y asistirá a la reunión de líderes ultra que el mandatario estadounidense convocó para el 7 de marzo en Miami.
BUSCAN EN PANDO REGULAR EL TRABAJO DE CUIDACOCHES
(RADIO MONTE CARLO)
En Pando se busca regular el trabajo de los cuidacoches mediante un abordaje integral que genere garantías para todas las partes.
El alcalde de la localidad, Mauricio Chiesa, dijo que para ello se conformó una mesa interinstitucional junto a la Intendencia, los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Salud Pública, y ASSE.
En los últimos dos años, la cantidad de personas que se dedican al cuidado de vehículos en la cuidad se incrementó un 88 por ciento, sostuvo en diálogo con radio Monte Carlo.
Chiesa informó que actualmente se trabaja para construir una política local que permita abordar este tema y, a su vez, ordenar la vía pública. “Buscamos darles garantías a todos los ciudadanos y a todas las personas que transitan por nuestras calles”, argumentó.
Uno de los objetivos es lograr que los cuidacoches regularizados, que en su mayoría son hombres que superan los 60 años, obtengan el carné de salud.
La idea es “generar un trabajo digno y brindar servicios a los que seguramente, por distintas razones, no están conectados”, subrayó. En tanto, remarcó que hay personas que recobraron su libertad y que, al no encontrar oportunidades laborales, se dedican a ello.
