
(EFE – SUBRAYADO – TELENOCHE)
El temporal que afectó este jueves a Uruguay dejó un trabajador rural muerto tras ser alcanzado por un rayo en Cerro Largo y provocó cortes de energía que afectaban a unos 32.000 hogares, además de caída de árboles en distintos puntos del país. En tanto, ante el avance de un ciclón extratropical con vientos que podrían superar los 120 kilómetros por hora, el Gobierno decretó anoche una alerta roja para la franja costera y activó un operativo de emergencia.
El peón rural, de 59 años murió este jueves de tarde cuando volvía a la estancia en la que trabajaba en paraje Laguna del Junco, en la localidad de Tupambaé, y fue alcanzado por un rayo, producto de la intensa tormenta eléctrica que afectó varias zonas del país.
El caballo en el que trabajaba también murió en el incidente.
Además, el ciclón provocó caídas de árboles y cortes de energía en 32.000 hogares, según informó UTE, que añadió que los departamentos que concentran la mayor cantidad de clientes sin servicio son Rivera, Paysandú y Lavalleja. A la vez, Policía Caminera publicó este jueves una actualización de rutas y caminos cortados debido a las intensas lluvias de las últimas horas, y de las rutas parcialmente obstruidas por la caída de árboles por los intensos vientos. Los departamentos de Treinta y Tres y Colonia son los afectados por los cortes de rutas. Mientras que en Treinta y Tres, Rocha y Tacuarembó hay afectación en la circulación por los árboles caídos.
En tanto, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), bajo la órbita de Presidencia, convocó a una reunión a desarrollarse este viernes desde las 11:00 en Torre Ejecutiva, a la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos y Desastres. La convocatoria, con la firma del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se ampara en el artículo 9 de la Ley Nº 18621. El organismo convocado, según la normativa, es el ámbito de coordinación del Poder Ejecutivo para la definición de políticas públicas de reducción de riesgo y atención a emergencias y desastres.
Esta junta tiene como fines formular políticas, estrategias, normativas y planes nacionales para la reducción de riesgos y manejo de situaciones de emergencia y adoptar medidas para reducir la vulnerabilidad y fortalecer las capacidades de preparación, respuesta, rehabilitación y recuperación, entre otras.
Esta mañana participarán del encuentro los subsecretarios de Interior, Defensa, Transporte, Industria, Salud Pública, Ganadería, Vivienda, Desarrollo Social, Ambiente y Economía.
SORTEO PARA LA FINANCIACIÓN DE VIENDAS COOPERATIVAS
(TELENOCHE)
El Ministerio de Vivienda llevó a cabo este jueves en Montevideo el primer sorteo del año para la financiación de viviendas cooperativas. En la instancia, la ministra Tamara Paseyro destacó el avance del programa y señaló que desde marzo de 2025 se terminaron más de 3.000 viviendas y otras 5.800 se encuentran en ejecución. Durante la actividad, Paseyro destacó el avance de los programas de vivienda cooperativa desde el inicio del actual período de gobierno.
“Desde el 1º de marzo de 2025 hasta junio de 2026 tenemos 105 cooperativas terminadas y 180 en ejecución. Eso representa más de 3.000 viviendas terminadas y 5.800 en ejecución”, afirmó.
La ministra agregó que el programa cooperativo concentra el 50% del presupuesto destinado a vivienda y señaló que la cartera mantiene mesas de trabajo con el movimiento cooperativo desde el comienzo de la actual administración.
APELACIONES CONFIRMÓ SENTENCIA DE CONDENA POR CASO ROSLIK
(SUBRAYADO)
En diciembre de 2025, Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel Pérez fueron condenados a penas de entre 11 y 15 años de prisión. Un Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó este jueves “en todos sus términos” la sentencia en primera instancia del juez Claudio De León por la que se condenó a nueve personas a penas de entre 11 y 15 años de prisión por el caso de Vladimir Roslik. La defensa de los condenados podrá presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Se dispuso la condena de Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel Pérez.
El juicio fue por el secuestro y la tortura de 30 residentes de San Javier, entre los que estaban dos menores de 16 y 17 años, y el médico Vladimir Roslik, que murió en el Batallón 9 de Fray Bentos. Los hechos datan de 1980 y 1984, dos operativos de los militares.
Para la Justicia, las víctimas fueron sometidos a detenciones arbitrarias, privación de libertad agravadas y a torturas (incluyendo plantones, submarino y picana eléctrica), actos que constituyeron “graves violaciones de los derechos humanos que atentaron contra la dignidad humana, un valor anterior al Estado y que jamás pudo ser transgredido”, dijo el juez.
“Las personas que fueron detenidas en los operativos de 1980 y 1984 debieron ser puestos a disposición de la justicia ordinaria, y no de la justicia militar, por la sola razón de que los mismos no eran militares. Así que cualquier intento de maquillar aquella situación, resultó ilegítima y de cierta forma grotesca al desconocer los principios más básicos del derecho”, sostuvo la sentencia.
“Todos los delitos analizados en la presente sentencia se computan a todos los acusados a título de dolo directo, con resultado ajustado a la intención, cometidos con consciencia”, detalló el juez De León en la sentencia del 22 de diciembre de 2025.
El juez dispuso que los condenados no cumplan prisión efectiva como medida cautelar, pero el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, apeló a la resolución y el 31 de diciembre de 2025 se revocó la sentencia y se dispuso el cumplimiento de la prisión preventiva como medida cautelar.


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