Las gremiales rurales integrantes del Grupo 22, solicitan pública y formalmente al Poder Ejecutivo que de forma urgente, disponga por decreto los ajustes salariales aplicables al período 1º de julio de 2019 al 30 de junio 2020. Se mostraron muy molestas tras las reuniones de los últimos días con representantes del Ejecutivo para avanzar sobre los Consejos de Salarios del sector.
Se dejó en claro que durante una reunión mantenida en los últimos días, se le transmitió al ministro de Trabajo la situación general del sector agropecuario, “mostrándole información sobre el endeudamiento creciente de todos los sectores del agro, la evolución de los salarios rurales en relación al PBI del sector, la evolución de los salarios en kilogramos de diferentes productos agropecuarios, el número de hectáreas necesarias para cubrir una canasta básica familiar, y la situación particular de los diferentes rubros: arroz, lechería, agricultura de secano, ganadería y en general del sistema cooperativo”.
Con estos argumentos, los ruralistas buscaban la posibilidad de generar algún ámbito para conversar sobre cambios en estos aspectos con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los Consejos de Salarios. El jerarca respondió, según las gremiales, que él entendía que los Consejos de Salarios están funcionando muy bien, que se logra un alto porcentaje de acuerdos, que los sectores empresariales están muy conformes, que no hay quejas en el Ministerio y que el único sector empresarial que tiene problema es el rural.
Por esto, y “luego de una hora y media de intercambios y ante la inflexibilidad del ministro para generar ámbitos de análisis sobre posibles modificaciones al funcionamiento de los Consejos de Salarios y la reiteración de consideraciones sobre las responsabilidades en el fracaso de las negociaciones del grupo 22, los representantes de las gremiales decidieron retirarse de la reunión”.
Se le manifestó asimismo la conformidad con la mejora del salario real de los trabajadores rurales y también la conveniencia de considerar la situación de las empresas cuando se decretan los aumentos de salarios para que no sufra el empleo, como también el de subsectores donde inclusive debería considerarse la necesidad de la pertinencia de los ajustes salariales. También se le recordó al ministro que las gremiales rurales, al solicitar al Poder Ejecutivo que el ajuste salarial se dispusiera por decreto, éste fuera por todo el período de la ronda de negociación en cuestión, o sea dos años, considerando conveniente que los aumentos hubieran tenido vigencia hasta el 30 de junio de 2020.
Luego se hizo referencia al comunicado de las gremiales rurales del pasado 2 de octubre de 2018 explicando las razones del retiro del Consejo de Salarios. Entre dichas razones se mencionaban los perjuicios que la negociación por rama de actividad genera al sector agropecuario y al empleo en el interior del país.
Figuró la inconveniencia de la secuencia actual de las negociaciones de los consejos de salarios que deberían comenzar por los sectores transables de la economía, es decir los que deben competir, y además, que los conflictos sindicales, específicamente las ocupaciones en las agroindustrias y otros rubros vinculados, repercuten directamente en los productores rurales, ya que aquellas trasladan el aumento de sus costos en sus precios.
En el comunicado, las gremiales destacan la postura del director de Trabajo Jorge Mesa, quien realizó importantes aportes sobre un análisis más integral de la situación, hacia el concepto de cadena como espacio a discutirse, mostrando actitud “más comprensiva de la realidad que hemos planteado”.
