En las últimas décadas Uruguay ha incrementado notoriamente su área boscosa debido a la actividad forestal, que se ha sumado a los montes nativos existentes en diversas partes del país. En este sentido, la prevención de incendios resulta un tema de primer orden dado que un descuido o negligencia puede poner en riesgos vidas humanas y generar millonarias pérdidas económicas.
Esta expansión ha hecho que más zonas del país se tapicen con este cultivo, rodeando en muchos casos poblaciones y viviendas aisladas, por lo cual además de la prevención a nivel empresarial, la activa información y participación de las comunidades en la prevención es un tema importante.
No obstante, los incendios forestales en general no se desarrollan con gran impacto en las áreas de bosques cultivados para la industria forestal sino en las zonas costeras, como suele ocurrir –con distinta intensidad– cada verano.
A nivel de las empresas forestales, la legislación existente asegura el control. Desde su origen a fines de los años 80, la Ley Forestal ayudó a que la actividad del sector naciera muy regulada, lo que resulta una ventaja a la hora de prevención de incendios.
En este sentido, existen normas estrictas que deben cumplir las empresas tanto en lo que refiere a la limpieza de los perímetros de sus plantaciones, así como en el diseño de éstas ya que la ley no permite áreas mayores a 50 hectáreas continuas de plantaciones.
Además se deben dar cumplimiento a otros requisitos como cortafuegos, caminería, cursos y reservas de agua, entrenamiento del personal así como otras medidas de prevención activas. A esto se agrega en muchos casos las propias exigencias de mercado de la madera y celulosa en lo que refiere a certificaciones ambientales y de calidad, que son sumamente exigentes también con respecto al manejo de las plantaciones.
La semana pasada la Sociedad de Productores Forestales (SPF) realizó el lanzamiento del Plan contra incendios forestales 2019 – 2020, declarado de interés por el Sistema Nacional de Emergencias.
El mismo está coordinado por la referida sociedad y un comité técnico con representantes de diferentes compañías quienes diseñan la estructura, dimensión del mismo y definen los recursos a emplear. Participan del proyecto 110 empresas asociadas a la SPF y en su edición 2019 – 2020 el plan logrará la cobertura de 800.000 hectáreas protegidas efectivas, involucrando a más de 100 trabajadores de España, Chile y Uruguay, lo que significa un gran esfuerzo y una inversión de 2,5 millones de dólares aproximadamente.
En paralelo, también es importante el trabajo preventivo de distintos organismos públicos. Por ejemplo, desde hace varias temporadas el Sistema Nacional de Emergencias realiza limpieza de predios y construcción y mantenimiento de cortafuegos en las zonas de mayor riesgo de incendios, en el marco de un compromiso de trabajo entre las intendencias departamentales, la Dirección Nacional de Bomberos y el Instituto Nacional de Rehabilitación con la colaboración de personas privadas de libertad.
A su vez, las alertas tempranas se fortalecen a través de vuelos regulares para detectar posibles situaciones de riesgo, por parte de la Fuerza Aérea y Policía Aérea, y con colaboración de la sociedad de productores forestales.
El índice de riesgo forestal, de difusión diaria por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología, es un insumo de información importante para tomar decisiones en relación a diferentes actividades a cielo abierto por parte de empresas y productores, pero también debería ser tenido muy en cuenta por la población en general para extremar precauciones y minimizar riesgos.
Por otra parte, las situaciones locales se ven influenciadas por tendencias mundiales. En este sentido un elemento a tener en cuenta en los planes de monitoreo de incendios forestales es el cambio climático.
Aunque los datos regionales en este sentido son escasos, en noviembre del año pasado Estados Unidos publicó en su Cuarta Evaluación Nacional del Clima una serie de datos que explicaban la relación existente entre el aumento de incendios forestales y el cambio climático señalando que la continua emisión de gases de efecto invernadero en el mundo provocará que este tipo de incendios sean más frecuentes ya que el aumento de las de temperaturas ha provocado olas de calor más intensas, así como sequías severas que influyen al sumar mayor combustible vegetal seco y hacerlo más susceptible al fuego.
A pesar de esto y merced al gran esfuerzo del sector público privado y la sociedad civil, en Uruguay en los últimos años se ha logrado reducir significativamente el número de intervenciones por incendios forestales y de campo. Según datos de la Dirección Nacional de Bomberos, y a modo de ejemplo, en el verano de 2011 hubo un total de 5.010 intervenciones y en 2016 fueron 1.222.
Si bien los incendios forestales son un tipo de desastre que no ha tenido un alto nivel de ocurrencia en nuestro país, cada vez que ocurre uno suelen haber preocupantes pérdidas materiales y/o en los ecosistemas.
En definitiva, sigue siendo un tipo de desastre con gran riesgo potencial, fundamentalmente en las épocas de verano o sequía, razón por la cual desde principios de diciembre y hasta abril de cada año rige el denominado “Edicto del Fuego”. Esta medida tiene como fin prevenir los incendios forestales durante el verano, cuando la probabilidad de que ocurran aumenta debido a las altas temperaturas y la baja humedad, entre otros factores e incluye una serie de recomendaciones tales como mantener limpios y vigilados los predios arbolados, mantener limpias las calles cortafuegos (evitan la propagación del fuego), poner los restos de poda y hojarasca en lugares apropiados y nunca en terrenos baldíos, extremar la prudencia en el uso de fuegos artificiales evitando su uso por menores de edad, entre otras. En tanto, el incumplimiento de los reglamentos de policía de fuego podrá ser sancionado con multas que van de 10 a 200 UR (Unidades Reajustables), estableciéndose además penas de 12 meses a 16 años de cárcel para quien encienda una llama, poniendo en peligro la seguridad de personas o bienes de los demás, o lesionando sus derechos.
Son acciones sencillas sobre las cuales no se puede argumentar desconocimiento, medidas básicas de prevención que requieren una toma de conciencia de la peligrosidad que pueden tener comportamientos comunes como quemar basura o yuyos en baldíos, e incluso, el simple hecho de arrojar un cigarrillo encendido desde la ventanilla de un vehículo. El daño ecológico, económico y social de los incendios forestales y de campo es grave y suele permanecer durante años. En cambio, prevenir desde la conducta individual suele costar muy poco o nada.
