La emergencia sanitaria a la que obligó la pandemia de coronavirus que alcanzó a nuestro país el pasado 13 de marzo y aún se mantiene, así como los problemas que se han originado en la economía, han provocado cambios de planes, o al menos de objetivos en el corto plazo, para el gobierno nacional.
Durante la campaña electoral y luego en la transición, el actual presidente Luis Lacalle Pou llevó como una de sus principales banderas de un recorte de gastos en el estado del orden de los 900 millones de dólares.
Por lo pronto, pese al impacto de esta emergencia, el último dato sobre el déficit fiscal lo sitúa 0,4% por debajo del número de un año a esta parte: un 5%.
Es de esperar que en los próximos meses se incremente el efecto de esta pandemia en estos resultados, conforme se aprecie el impacto de las medidas adoptadas, con una cifra récord de personas en seguro de paro, con ramas enteras de la actividad privada que han visto detenido su trabajo y deberán afrontar una recuperación desde cuando apenas se pueda.
Así las cosas, tal vez ese objetivo de ahorro deberá postergarse, aunque no necesariamente se deberá dejar todo para más adelante, de hecho hay acciones que ya comienzan a verse y a generar la reacción esperable, como ocurre cada vez que se modifica algo dentro del Estado.
Hace poco hemos visto como se dejó sin efecto un programa como INJU Impulsa, una política pública con unos 10 años de actividad promoviendo la integración, el voluntariado social y el emprendedurismo entre los jóvenes. Según decía en ese momento a EL TELEGRAFO su coordinadora, Cecilia Beceiro, lo que se ha dicho es que este tipo de programas que se ejecutaban desde el Mides en el territorio pasarían a trabajarse en coordinación con las intendencias departamentales, directamente, lo que es decir, como funcionó alguna vez el INJU desde su creación, con una oficina central con variados servicios en Montevideo y coordinando con las áreas de Juventud de cada intendencia. Esto, por supuesto, demandaría un contacto muy próximo para verificar que las cosas realmente funcionen bajo una directiva precisa y no regresemos a una época en la que las políticas de juventud se limitaban a un trozo de plástico, que fue muy importante para la identidad y el autorreconocimiento de una generación, pero que muy pocos jóvenes llegaron realmente a usar.
En las últimas semanas también hemos visto declaraciones de trabajadores vinculados al Estado a través de contratos con Centros MEC, una de las políticas de descentralización que llevó adelante el Ministerio de Educación y Cultura, en este caso desde hace 13 años.
La gran virtud que ha tenido Centros MEC es la de llegar con servicios culturales hasta localidades del “interior profundo” del país, como les gusta decir en Montevideo a las pequeña localidades del ámbito rural. A través de estos centros la población de las localidades pudo acceder a conexión gratuita a internet, cursos de alfabetización digital, a disponer de una biblioteca a pocos pasos de sus casas para complementar la oferta de la vieja, querida y nunca suficientemente bien ponderada escuela pública, solitaria presencia estatal en cada rincón del territorio allá donde hubiera una familia deseosa de ofrecer el conocimiento a sus hijos.
En este caso un recorte en el programa Centros MEC tendría un efecto muy distinto si se aplica en Montevideo, aún en los barrios, que en una localidad como Gallinal, o Lorenzo Geyres, donde realmente son la única opción de acceso comunitario a la cultura.
Es posible –y admisible– que no estén hoy funcionando de la mejor forma, o incluso que tal vez las personas que estén destinadas a las tareas que se deben realizar allí no sean las más adecuadas o las más capacitadas, pero no puede ser esa una excusa para pasar llave y que ese ahorro, ese recorte, termine perjudicando a uruguayos que por el hecho de vivir fuera de la capital o aún de alguna capital departamental, ya se encuentran en una situación de desventaja en cuanto el acceso a la cultura.
Se puede hilar más fino y sumar a esta lista otras políticas del Ministerio de Educación y Cultura, a las Usinas Culturales. Tal vez se trate de un instrumento no demasiado visible para el común de la población, pero es una política pública que ha permitido a artistas del interior del país darse a conocer a través de productos con un estándar básico de calidad, permitiendo acceder a buenos equipamientos y a la orientación de profesionales con conocimiento en el área. Por ello, es compartible el objetivo de alinear las cuentas del Estado, de forma de poder cumplir los compromisos de “aflojar la cincha” y que la carga tributaria se haga más liviana para quienes, como dijo el presidente de la República, tendrán que cinchar el carro cuando se supere esta pandemia, pero lo que no se puede admitir es que ese ahorro se produzca a costa de retroceder en mejoras indiscutibles que se habían logrado.
