Política

En la sesión de anoche de la Junta Departamental, se trataron como temas graves y urgentes —por el artículo 47— la problemática del portland de Ancap y la muerte de una persona en situación de calle, en planteos del colorado David Helguera y el nacionalista Alejandro Colacce.

Helguera cuestionó que los ediles del Frente Amplio “desactivaron” el tema portland en marzo, y acusó de “tomar el pelo” a la ministra Fernanda Cardona y a la presidenta de Ancap por respuestas “vagas y contradictorias”. También fustigó el proyecto del diputado Gurméndez para cerrar el sector portland.

Colacce planteó la inacción del Mides y pidió la renuncia del ministro Gonzalo Civila y de la directora departamental María Inés Firpo. Tras un intenso debate, por 21 votos en 31 (Partido Colorado y Partido Nacional) se aprobó una declaración cuestionando la falta de presencia del gobierno nacional en el territorio y reclamando aplicar la ley 18.787 para el traslado compulsivo a refugios.

El Frente Amplio presentó una declaración en minoría responsabilizando al Cecoed y al intendente por la falta de coordinación.

El diputado colorado por Paysandú, Walter Verri, afirmó que no comparte el proyecto de su correligionario Gabriel Gurméndez para cerrar la línea de cemento portland de Ancap, aunque advirtió que la situación de las plantas de Paysandú y Minas es “insostenible”.

“Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de Gurméndez. Quiero que quede claro”, afirmó, priorizando “defender todas las fuentes laborales de Paysandú”. Fue categórico sobre su futuro: “Esta ley no tiene ninguna chance de salir, ni siquiera se va a tratar. No tiene consenso dentro de su propio partido”.

Verri reconoció que existe “sensatez” en discutir la inviabilidad del negocio —”no es un bien estratégico”— y recordó que defendió una asociación con privados que mantuviera el empleo, las dos plantas y las canteras en Ancap, pero “cuando llegó el momento de abrir los sobres, no había ninguno”, porque “nadie quiere comenzar un negocio peleado con sus funcionarios”.

Planteó además un “ejercicio”: redirigir los 30 millones de dólares que se pierden cada año a Paysandú y Minas —15 para cada departamento— “para que el intendente decida qué proyectos productivos puede hacer para sustituir la mano de obra”.

El diputado nacionalista por Paysandú, Fermín Farinha, cuestionó el proyecto del colorado Gabriel Gurméndez para retirar a Ancap de la producción de cemento portland, al considerarlo “incompleto” por no contemplar el impacto laboral, social e industrial sobre el departamento.

“No puedo analizarla mirando una planilla Excel, sino pensando en Paysandú, en los trabajadores y en todos los puestos conexos a la actividad industrial”, afirmó. Fue categórico: “Hemos sido drásticos en señalar que no queremos que Paysandú pague el ajuste del negocio del portland de Ancap”.

Farinha advirtió que el proyecto “no explica qué viene después”: “Esta propuesta va a eliminarle la P al ente autónomo, pero sin resolver la cuestión de fondo”. Reclamó una propuesta previa de reconversión, inversión y sostenimiento del empleo.

El legislador inscribió el debate en la realidad industrial sanducera: “No puedo ver un árbol, tengo que ver el bosque. Tengo que ver Ancap, AmBev, Fricasa. La realidad de Paysandú como ciudad industrial”. Y cuestionó que la respuesta “vuelva a ser cerrar”: “Quiero una mirada más larga y con perspectiva de futuro”

El diputado del Frente Amplio por Paysandú, Juan Gorosterrazú, expresó su desacuerdo con el proyecto del colorado Gabriel Gurméndez para cerrar la línea de cemento portland de Ancap, al sostener que el Estado “no puede renunciar a una capacidad industrial estratégica”.

“La discusión no tiene que ser cómo liquidar al portland, sino cómo hacer viable el negocio del portland”, afirmó, advirtiendo que si Ancap abandona la producción, “Uruguay quedaría dependiendo exclusivamente de empresas privadas o de importaciones, perdiendo soberanía sobre ese insumo”.

Gorosterrazú cuestionó que el análisis se reduzca a la rentabilidad contable: “El portland ha sido históricamente una herramienta de desarrollo regional”. Destacó su peso en el empleo de Paysandú y Lavalleja, y el valor estratégico de los activos, en particular “la cantera de Queguay, patrimonio estratégico del Estado uruguayo”.

El legislador calificó el planteo de “demasiado drástico”: “Se le sacaría la P a Ancap, que la ostenta desde 1931 y en pocos años cumple 100 años. Sería muy grave en la visión a largo plazo”.

El edil del Partido Nacional y exdirector adjunto del Mides, Alejandro Colacce, pedirá en la sesión de esta noche de la Junta Departamental que “la directora departamental y el ministro de Desarrollo Social den un paso al costado” tras la muerte de una persona en situación de calle en Paysandú.

Colacce solicitará tratar el tema como grave y urgente: “Una persona murió a la intemperie en plena alerta roja por frío. No es una fatalidad, sino una falla del Estado“. Recordó que ya hay catorce fallecidos en el país, cuatro del Interior —Rocha, Artigas, Salto y Paysandú—.

El edil sostuvo que “ya existe la ley, los protocolos y el Mides tiene herramientas para actuar incluso cuando una persona no acepta ayuda y su vida corre riesgo”. Reclamó “menos relato, menos mesas y diálogo social, y más presencia en el territorio”.

El diputado Juan Gorosterrazú presentó ante el Congreso de Intendentes un proyecto del Frente Amplio que propone que los médicos especialistas recién recibidos trabajen obligatoriamente por un período acotado en el sector público del interior del país, con el respaldo de más de 50 jerarcas y profesionales, incluidos intendentes.

Gorosterrazú fundamentó la constitucionalidad de la medida: “El derecho al trabajo y a la libertad profesional no son absolutos y pueden reglamentarse. La formación es financiada por el Estado, lo que refuerza ese argumento”. Aclaró que “no configura trabajo forzoso porque es remunerado, transitorio —dos años— y con carga horaria acotada de 4 a 16 horas“.

“En Uruguay el acceso a la atención médica especializada sigue dependiendo en gran medida del lugar en el cual la persona vive”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez defendió su proyecto de ley para que Ancap deje de fabricar cemento portland, sosteniendo que la actividad es estructuralmente inviable, aunque garantizando que “ningún funcionario pierda su fuente laboral”.

El proyecto deroga la competencia legal del ente para producir cemento y da al Poder Ejecutivo un año para resolver el destino de plantas, canteras y subsidiarias —mediante venta, cesión o reutilización—. Sobre el personal contratado y tercerizado de Paysandú y Minas, dijo que está contemplado: “Son trabajadores que en algunos casos tienen mayor antigüedad que muchos funcionarios de Ancap”.

Gurméndez fundamentó la medida en las pérdidas: “Desde 1996 viene perdiendo más de 800 millones de dólares, y el año pasado la pérdida fue de 31 millones“. Recordó intentos fallidos como “el famoso horno, que nunca se pudo instalar”.

Negó que la salida encarezca el cemento: “Es al revés. La presencia de Ancap a precios tan altos le está dando un piso elevado al portland”. Y sentenció: “El Estado no es un buen empresario. Hay que dejar de tirar el dinero”

El edil nacionalista Andrés Silva Gallardo (Lista 51) solicitará explicaciones ante la Comisión Departamental del Partido Nacional para saber si el Directorio impartió instrucciones para enviar al Tribunal de Ética a los ediles que no voten alineados con sus bancadas.

El planteo surge tras la derivación al Tribunal de dos ediles blancos de Montevideo que votaron un endeudamiento de la Intendencia capitalina. “Quiero saber si existe una instrucción del Directorio. Si es así, estaríamos ante una situación muy grave”, expresó.

Silva Gallardo defendió la libertad de criterio: “Ser oposición no significa oponerse a todo“. Marcó un contraste con Paysandú, donde algunos curules no acompañaron propuestas del intendente Olivera sin que nadie pidiera sanciones, y advirtió que la medida “puede generar un quiebre histórico con las bases del Partido Nacional”.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeyom) resolvió poner fin al conflicto que mantenía con la Intendencia de Paysandú, luego de aceptar la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo departamental. La decisión fue adoptada por amplia mayoría en una asamblea de trabajadores y será comunicada formalmente al intendente Nicolás Olivera en las próximas horas.

Los ediles del Frente Amplio Mabel De Agostini, Emerson Arbelo, Valentina Charrutti y Andrés Imperial presentaron una moción para que se coloquen elementos reflectivos en las volquetas ubicadas en el Camino a Casa Blanca, al sur de Sacra y en el barrio San Félix, zona que los vecinos califican de “volquetas fantasmas”.

Los ediles advierten que estas volquetas “han sido causa de accidentes fatales, cobrándose vidas jóvenes” y que, pese a haber tenido reflectivos en el pasado, “desde hace tiempo vuelven a estar sin ellos, incluso a veces dejadas en lugares no apropiados”. La situación es especialmente peligrosa en invierno, cuando la neblina es frecuente en la zona del arroyo.

El diputado Fermín Farinha planteó ante la Comisión de Seguridad de Diputados dos propuestas sobre la Jutep: revisar qué información de las declaraciones juradas se publica abiertamente y exigir que el Directorio incorpore expresamente los votos discordes en sus resoluciones.

Sobre las declaraciones juradas, advirtió que omitir datos sensibles puede ser insuficiente si se cruzan con otros registros públicos. Como ejemplo citó la Lista de Personas Políticamente Expuestas de la Secretaría contra el Lavado de Activos: “Ahí tenemos la cédula. Se puede cotejar el nombre y usar las dos informaciones, porque lo que no está en un lado, está en el otro”. La preocupación ganó relevancia tras el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero en setiembre de 2025.

Sobre los votos discordes, sostuvo que no se necesita nueva ley: “Esa obligación surge de las disposiciones constitucionales vigentes y de criterios ya interpretados por la Suprema Corte de Justicia. Basta con recurrir a esas disposiciones para darse cuenta de que sería una gran señal que, a partir de la próxima sesión, se avanzara en esa línea”.

Fue categórico: “No puede haber mácula alguna en el actuar de la Jutep. Si el origen ya está viciado, impacta necesariamente en la decisión final”.

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) analizará la expropiación de los padrones ubicados en Setembrino Pereda e Instrucciones del Año XIII —donde funcionó la metalúrgica Ferropay— para construir viviendas de interés social. Los dos padrones suman 5.475 metros cuadrados y están embargados por el Banco República.

El director Alfonso Lereté recorrió el lugar junto al edil Marcelo Tortorella y vecinas del barrio, que conviven desde hace 17 años con roedores, mosquitos, inseguridad y ruinas: “En verano es imposible estar acá. Queremos que pongan lo que sea, viviendas, una plaza; que limpien y dejen prolijo”, expresaron.

Lereté diferenció dos plazos: en lo inmediato gestionará el derrumbe de las estructuras deterioradas coordinando con el Banco República; en una segunda etapa reactivará la propuesta de expropiación ante el Directorio de la ANV, apoyándose en la reciente norma que abrevia ese trámite. “No los puedo engañar, no es para mañana. Hay que plantar la semilla”, reconoció.

Tortorella presentó la iniciativa ante la Junta Departamental en noviembre de 2024, aprobada por unanimidad.

Los nueve alcaldes de Paysandú participaron en una jornada de trabajo en el Espacio Cultural Gobbi con autoridades de la Intendencia, abordando la caminería rural ante el invierno y el lanzamiento del programa cultural “Descentralizarte”.

El director de Descentralización, Gerardo Muria, informó que desde el inicio de la actual administración se intervinieron 1.046 kilómetros de caminería rural y destacó que todos los plazos de los planes operativos anuales —financiados por la OPP— se han cumplido.

“Descentralizarte”, elaborado por la Dirección de Cultura, ampliará la llegada de propuestas artísticas al interior departamental y traerá expresiones culturales de las localidades a la ciudad.

Los alcaldes también se reunieron con equipos de Obras, Vialidad, Administración, Cecoed y Gestión Humana, en una instancia de planificación conjunta que complementa las reuniones individuales habituales con cada área.