(AFP)
Un grupo de países con posiciones divergentes sobre Venezuela, reunidos en Montevideo, llamaron a la celebración de elecciones presidenciales libres como salida pacífica a la crisis de la nación caribeña, y se comprometieron a facilitar el envío de ayuda humanitaria. La asistencia internacional ha sido eje en las últimas horas del pulso entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, mientras varios países organizan centros de acopio del otro lado de las fronteras. La Unión Europea (UE), ocho países del bloque y tres de América Latina se comprometieron a trabajar para “establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible” y “permitir la entrada urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales”. Además, el grupo dejó en claro que la salida a la crisis debe ser una “solución venezolana”, en línea con la posición planteada desde la apertura de la reunión por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien abogó por evitar la intervención externa. México y Bolivia se abstuvieron de firmar la resolución conjunta, rubricada por la Unión Europea y once de los participantes.
En el documento también se resolvió coordinar la asistencia humanitaria con Acnur, la agencia de ONU para refugiados, y enviar una misión técnica a Venezuela. En el encuentro, que no contó con representantes del gobierno venezolano ni de la oposición, Mogherini dijo que la Unión Europea está lista para abrir una oficina en Caracas y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, explicó que su país no puede apoyar el llamado a elecciones en Venezuela, por tratarse de la política interna de otra nación. Antes, México había aclarado que asistiría a la cita sin ser formalmente parte del grupo.
Bolivia, en tanto, planteó sin éxito en la reunión el pedido de la suspensión de sanciones económicas a Venezuela, según Ebrard. Uruguay junto a México y los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) –que no han reconocido a Guaidó– había presentado el miércoles una propuesta de diálogo sin condiciones previas, que no incluía el llamado a elecciones en Venezuela. El denominado “Mecanismo de Montevideo” seguirá la próxima semana su curso paralelo a la acción del grupo de contacto, con el envío de una delegación integrada por los excancilleres de Uruguay, Enrique Iglesias, y el mexicano, Bernardo Sepúlveda, así como la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y un representante del Caricom. Según Mogherini, la iniciativa será complementaria a las determinaciones alcanzadas en Uruguay.
NUEVOS DESPIDOS EN BUQUEBUS
(ECOS)
La empresa Buquebus informó que la situación económica que atraviesa la compañía “amerita la necesidad de realizar un número importante de nuevos despidos” en los próximos meses, según consta en el acta de una nueva reunión tripartita a la que accedió ECOS, en la que estuvieron presentes representantes de los trabajadores y del Ministerio de Trabajo (MTSS). El despido de 15 trabajadores y el envío a seguro de otros 71 funcionarios es un hecho y no tiene vuelta atrás. Así se lo hizo saber la empresa propiedad de Juan Carlos López Mena al MTSS, al rechazar la propuesta de la cartera de dejar sin efecto por 30 días esta medida adoptada.
En vista de la complicada situación, con solo dos de sus cuatro buques en funcionamiento en la temporada de mayor demanda, se conformará una mesa de negociación. El objetivo de la comisión, que está planteado que funcione por al menos un mes, será “el estudio de una solución global a la realidad planteada”. A su vez, el Ministerio planteó que la empresa asuma, durante este período, el compromiso de no efectivizar ningún despido más.
PROCESARON A 10 OFICIALES
(SUBRAYADO)
La fiscal de Artigas Carolina Dean pidió el procesamiento de 10 oficiales de la Jefatura de Policía de ese departamento por peculado, fraude, contrabando, abuso de funciones y falsificación de documento público.
Los procesados integraban la Comisión Administradora de la Jefatura de Policía de Artigas, y eran investigados por presuntos delitos cometidos años atrás, por lo que en este caso se aplica el antiguo Código del Proceso Penal (CPP). Dean también pidió el procesamiento sin prisión de una escribana por la omisión de denunciar los delitos que presenció.
Según el auto de procesamiento, al que accedió Subrayado, estos oficiales arrendaron para beneficio propio inmuebles rurales del Estado destinados a destacamentos policiales de la Jefatura de Artigas, a través de contratos falsos con la escribana acusada.
Estos contratos irregulares eran celebrados con particulares y otros policías que conocían su ilegalidad, y por eso no registraban la operación. Asimismo incurrieron en la explotación comercial particular de la panadería y carnicería policial y una vez cerradas dichas instalaciones, los oficiales vendieron de forma directa la maquinaria, que era propiedad del Estado.
Además, comercializaban semovientes y frutos del país, así como faena de lanares, sin llevar un registro y utilizaron dinero de la Jefatura para compras particulares en Free Shop y comercios fuera del país, señaló la fiscal Dean. Por otro lado, contrataron a funcionarios policiales como mano de obra particular, para hacer trabajos de sanitaria, electricidad y albañilería en las viviendas de los jerarcas. Todo esto dentro del horario laboral y sin una compensación extra para los funcionarios.
Los mismos oficiales utilizaron vales de combustibles destinados a la flota policial y uno de los comisarios acusados uso los vales para su vehículo particular mientras estaba de vacaciones en Rocha, lo que fue autorizado por su jerarca. Otro comisario falsificó documentos públicos al extender un certificado de buena conducta a una mujer con antecedentes por tráfico de drogas para facilitar su ingreso al Ministerio de Salud Pública.
