En un momento de desarrollo en el que las biotecnologías modernas transformaron la biodiversidad en una gran reserva genética, no es un tema menor la discusión sobre qué pasa con los recursos genéticos nacionales que se han vuelto insumos estratégicos –en algunos casos muy codiciados– para el desarrollo de nuevos productos y procesos de distintos sectores de actividad como la industria farmacéutica, la elaboración de cosméticos o alimentos, entre otros usos.
Por ejemplo, podríamos preguntarnos ¿quién se beneficia de una ganancia que se genera a partir de investigación sobre una semilla criolla que se viene cuidando por generaciones o de una planta natural con características adaptadas al país?
En este sentido, el concepto de Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de los Beneficios derivados de su utilización (ABS, por sus siglas en inglés) viene orientando el ordenamiento internacional y, más recientemente, también el nacional en lo que respecta a la promoción de un desarrollo que respete aspectos patrimoniales, de conservación y sostenible con la biodiversidad.
En 1992 se firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en 2010 se adoptó el Protocolo de Nagoya, un marco acordado internacionalmente y vinculante para el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. El mismo busca crear condiciones predecibles para el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos, promover la participación adecuada en los beneficios cuando los recursos genéticos abandonan el territorio del país proveedor, además del apoyo al monitoreo del propio protocolo y los marcos regulatorios nacionales.
Uruguay ratificó tanto el Convenio sobre la Diversidad Biológica como el Protocolo de Nagoya mediante diferentes leyes y desde abril de 2017 se está ejecutado en el país el proyecto “Fortalecimiento de los recursos humanos, los marcos legales y las capacidades institucionales para aplicar el Protocolo de Nagoya” con el Proyecto Global ABS, financiado por el GEF e implementado por PNUD que, con apoyo técnico y financiero del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, se desarrolla en 23 países del mundo.
El mismo procura documentar los conocimientos tradicionales de comunidades locales y apoya el desarrollo de un marco legal para implementar normas que garanticen la aplicación del protocolo y promuevan la asociación entre distintos actores del gobierno, la sociedad civil, el sector privado e instituciones de investigación.
En Uruguay el proyecto es liderado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y el PNUD valoró como uno de los resultados más destacados una resolución ministerial del 2018 que estableció un régimen provisional de acceso a los recursos genéticos y la aprobación de los procedimientos necesarios para requerir el acceso a los mismos ante las autoridades competentes.
Entre los usuarios y recursos genéticos y/o compuestos bioquímicos se encuentran institutos de investigación, universidades, investigadores de las industrias (farmacéutica, cosmética, alimentos y bebidas, semillas, insumos agropecuarios, biotecnológica), jardines botánicos y coleccionistas. Ahora todos ellos deben realizar un trámite ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente para acceder a dichos recursos con la finalidad de desarrollar investigación científica, ya sea con fines no comerciales o comerciales.
El trabajo que se ha comenzado a desarrollar está dando visibilidad al tema y ha permitido que empiecen a utilizarse los carriles técnico y jurídicos necesarios para la aplicación del protocolo.
En este sentido, recientemente se aprobó la primera solicitud de acceso a recursos genéticos en el país. También se están inventariando los usos y conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos y se realizan una serie de investigaciones sobre el uso de las hojas de Pitanga como posible agente quimioterapéutico contra el cáncer de colon, el uso de especies de la flora nativa como antioxidantes, y la valorización de los recursos genéticos y las cadenas de valor relativos al acceso y participación en los beneficios de estos recursos.
Algunas de estas investigaciones como las referidas al fruto nativo Pitanga implican una contribución directa de equipos de investigación de nuestra región ya que se realizan por científicos del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República.
En concreto, se está estudiando el potencial efecto quimioterapéutico o preventivo como agente para el cáncer de colon a partir de un producto natural de uso tan tradicional como la pitanga, cuyas hojas se utilizan en medicina popular por sus propiedades antidiarreicas y antiinflamatorias, siendo también muy conocido el uso de su fruta para la adición en bebidas alcohólicas como por ejemplo la caña.
Seguramente no es éste el único recurso vegetal de interés científico y potencial uso por la industria farmacéutica o alimentaria, dado que por su ubicación geográfica y características climáticas, Uruguay posee una gran biodiversidad ecosistémica y genética, así como una gran diversidad de especies, muchas de importancia mundial en términos ecológicos, económicos y sociales.
No obstante, de acuerdo a publicaciones especializadas, el conocimiento de la biodiversidad uruguaya es irregular ya que mientras hay algunos grupos muy conocidos otros recién comienzan a ser estudiados.
Los recursos genéticos de un país son parte de su patrimonio y deben ser conocidos y protegidos por la legislación garantizando el acceso consentido y legal.
Contar con normativa nacional e internacional en la materia es muy importante, pero también lo es la puesta en valor y la generación de conocimiento científico sobre el conocimiento tradicional y popular asociado a los recursos genéticos que poseen los productores familiares y otras personas del medio rural que han accedido a ellos por el mecanismo de trasmisión de generación a generación. Además, está el desafío de avanzar hacia una participación justa y equitativa de los beneficios que de ellos resultan.
Se trata de un tema que tiene implicaciones legales y económicas muy fuertes e involucra la investigación, la innovación, el conocimiento popular y la transferencia de tecnología así como la sustentabilidad de los recursos. No es un tema exclusivamente tecnológico sino, en definitiva, un asunto de soberanía que era impensable debatir hace solo unas décadas pero que hoy está en la agenda y en el cual queda mucho por andar todavía. → Leer más
