Recientemente las autoridades de Ancap anunciaron que en el último balance el ente estatal obtuvo una ganancia del orden de los 88 millones de dólares, lo que es positivo sobre todo si se tiene en cuenta el desastre de administraciones anteriores que obligaron incluso a una recapitalización del orden de los 800 millones de dólares.Pero se cuidaron de decir que el “mérito” reside en tender a nivelar las cuentas, al amparo de la facultad de poder fijar el precio de los combustibles a su antojo en régimen de monopolio, y por ende no ser afectado por ninguna empresa que le reste mercado por menor precio de venta final de los derivados del petróleo.La consecuencia, por lo tanto, está a la vista y la sufrimos a diario todos los uruguayos: tenemos los combustibles con los precios más altos de la región y de los más caros en el mundo, lo que es una bomba de tiempo en la línea de flotación de la economía, porque combustibles caros desalientan la actividad, la producción de bienes y servicios, incrementan costos y suman inflación a una economía en estancamiento, nada menos, por lo que se tiende a la indeseable “estanflación” que es seguramente el peor escenario económico.Y no se trata de ser tremendistas, sino de señalar una tendencia que no se ha sabido o querido cortar para evitar los altos costos políticos y el gobierno sigue en piloto automático, imponiendo altísimos costos a los actores reales de la economía, porque en este caso de los combustibles, si bien hay una gran responsabilidad de Ancap por los precios que aplica, paralelamente tenemos que la mitad del valor final de los carburantes son impuestos. Y esos impuestos directos son los que proporcionan el efectivo que el Estado necesita para seguir dilapidando. El caso de UTE en esta coyuntura es aún más gravoso, al fin de cuentas, porque también en régimen de monopolio de hecho aplica a los uruguayos las tarifas más altas de la región, sobre todo en el ámbito de los hogares, y en gran medida ello se debe a decisiones políticas del Ministerio de Economía y Finanzas que ante el déficit fiscal creciente, situado actualmente en el orden del 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), demanda del ente de la electricidad cuantiosos recursos con destino a Rentas Generales.Tenemos así que la empresa estatal UTE ganó 406 millones de dólares en 2018 y así completó seis años consecutivos con números positivos, que en el ejercicio previo había sido de 492 millones de dólares.A la vez, en la perspectiva de los últimos seis años, surge que UTE obtuvo ganancias por 2.287 millones de dólares, en tanto el último año con números en rojo fue 2012, como consecuencia de costos de generación exacerbados por una prolongada sequía y un margen de maniobra acotado por falta de generación de respaldo con impulsores alternativos, lo que se ha ido revirtiendo en los últimos años.El punto es que estas ganancias no han quedado siquiera en las arcas del ente y por lo tanto eventualmente traducido en inversiones para mejorar los servicios y por ende la eficiencia, sino que gran parte ha ido a dar a Rentas Generales para enjugar gastos de funcionamiento del Estado, que invariablemente ha tenido una gestión procíclica, es decir incrementando gastos e incorporado gastos fijos que se deben atender en bonanza o en crisis, porque no hay otra alternativa.Es que además de las transferencias previstas en los compromisos de gestión, el ente ha concretado desde 2016 aportes que se han situado en los 500 millones de dólares, y aún así este monto nada despreciable ha sido una gota en el mar del gasto que no ha podido impedir que el déficit trepara hasta el 4,5 por ciento del PBI.Tenemos que estas ganancias de UTE y Ancap –a ellas hay que sumarles las de Antel– no son otra cosa que impuestos indirectos que salen, naturalmente, del bolsillo de todos los uruguayos, en este caso por sobrecostos que se aplican por decisiones políticas.Mientras tanto, combustibles y electricidad con semejantes costos han sido determinantes para que el Uruguay siga perdiendo competitividad en la región y en el mundo, y por lo tanto las “ganancias” obtenidas han sido a costa de dejar menos recursos en circulación entre los actores de la economía, los que generan fuentes de trabajo genuinas, fuera de los “curros” del Estado que pagamos todos, y aplicando costos cada vez más agobiantes a las empresas que enfrentan más dificultades no ya para tener rentabilidad, sino para sobrevivir, mientras el gobierno sigue tratando de ignorar esta realidad y se encierra en un circuito de autocomplacencia.El ente energético es sin dudas una de las principales fuentes de financiación entre las empresas estatales para el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir las necesidades de gasto público que no se ha contenido siquiera un mínimo, porque todavía se extraña tener aquel “espacio fiscal” que mencionara más de una vez Astori, que ha pasado de espacio a un agujero negro que se traga más y más recursos.Nada indica, lamentablemente, que este panorama va a cambiar en el corto plazo, porque ya entramos en un círculo vicioso: las altas tarifas promueven recesión y desaparición de empresas y con ello caída de la actividad económica y consecuente menor recaudación, que obliga al Estado a buscar recursos por otro lado, es decir la vía de estos impuestos indirectos que castiga a los clientes cautivos de las empresas estatales.Así, la prioridad del equipo económico se centra en hacer caja para tratar de mantener dentro de determinados límites el déficit fiscal.Pero el pronóstico es cada vez más comprometido, porque el gobierno no tiene margen de maniobra para romper este esquema de franco deterioro. Cuando lo tenía, hacía gárgaras con el “espacio fiscal” para seguir gastando sin retorno en sustentabilidad, vivió a lo nuevo rico, y hoy la realidad está pasando la costosa factura que estamos pagando todos los uruguayos, con cuarto año consecutivo de economía en estancamiento. → Leer más
