Hace más de un año, en febrero de 2018, el Estado uruguayo realizaba un llamado público para monitorear el “tono” de las noticias que se difundían en los medios de comunicación. Ante la alarma y el enojo provocado por el vocablo en cuestión, Presidencia resolvió suprimir el “tono” y aclaró, en un comunicado, que “no realiza valoración alguna sobre el trabajo de los medios de comunicación, ni de los periodistas”. Hasta ahora se desconoce el trabajo de la empresa encargada de tal fin, porque una vez modificado el llamado, tampoco el Estado –tan preocupado por el trabajo de los medios– dio a conocer la empresa ganadora, la evaluación de la tarea o una suerte de “rendición de cuentas” basada en las actividades con mayor difusión en el último año.
Después, a mediados del año pasado –en agosto, más precisamente–, únicamente con los votos del Frente Amplio, el Parlamento votó la instalación de un Consejo Audiovisual de ley de Medios e hizo pesar su mayoría legislativa para aprobar una iniciativa polémica.
En esa oportunidad no discutieron sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o también llamada ley de medios, pero discutieron sobre la creación de los cargos de particular confianza –más cargos en el Estado, de los caros, además– que iban a conformar este consejo y que prevé la mencionada ley. Este órgano, “desconcentrado del Poder Ejecutivo que actuará con autonomía técnica”, de acuerdo a la definición en sala, se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Industria.
La remuneración, aprobada en agosto de 2018, se ubicaba en $141.000 para su presidente y los otros cuatro integrantes en torno a $121.000. Hasta ahora no hay novedades de esta comisión, en tanto no hubo acuerdo entre los partidos políticos para votar los cuatro nombres.
En cuanto a la ley propiamente dicha, hasta fines del año pasado el Parlamento se encontraba estudiando un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, para modificar tres artículos (56, 117 y 139), declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.
La ley ha demostrado ser ineficiente para defender la producción nacional, o las minorías étnicas, o los discapacitados o los niños y adolescentes porque no regula Internet o las redes sociales, que son el principal desafío de los medios tradicionales. Y aunque eso fue advertido, igual hicieron pesar su mayoría.
Con la ley, impusieron publicidad gratis en canales y radios para difundir los “logros del gobierno nacional” –justamente en tiempos electorales– y las formas de desarrollar el negocio.
Un ejemplo es el compendio de obras realizadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Mientras contabilizan “1.500 días del período de gobierno”, también numeraban “1.500 obras para un gran proyecto de país” e informaba que la Dirección de Descentralización e Inversión Pública concretaba inversiones por más de 12.500 millones de pesos y en caminería rural por 230 millones de dólares.
Esta propaganda, obligatoria en los medios, no ha tenido en cuenta el cambio de preferencia de los consumidores uruguayos por las nuevas tecnologías, y para lo único que sirvió fue para hacerle la campaña al gobierno y de paso debilitar a los medios establecidos, con los cuales el Frente Amplio no tiene mucha afinidad que digamos. Un hecho que ya habíamos previsto que sucedería desde estas páginas –y desgraciadamente el tiempo nos dio la razón–, dejando a la ya complicada televisión y radios privadas de Montevideo una situación aún más vulnerable.
Y los contenidos que tanto preocupan al gobierno, se desarrollan por un sinnúmero de posibilidades que brinda la multimedia, como YouTube, Netflix o sistemas de streaming, a los cuales no llega la ley. Pero eso no preocupa a los legisladores oficialistas, a los que tampoco les desvela afectar la principal fuente de ingreso de los medios establecidos a los que acusan de opositores, conscientes que debilitando su economía también afectan la calidad del periodismo y los hace dependientes.
Pero también los medios escritos deben luchar contra la competencia desleal de “la red”, ante las características del “copie y pegue”, sin atribuir derechos de autor a las fotografías o la redacción. Por esto, tampoco alguien paga derechos de autor o impuestos. Y eso, no está contenido en una ley porque no hubo legislador alguno –al menos de la mayoría con peso para decidir– que se preocupara por el asunto.
Entonces, si no hay retorno, no hay ingresos. De ahí, una de las puntas de las dificultades económicas por las que atraviesan las empresas. Pero, una parte de ellos sigue obligado a hacerle la campaña gratis al gobierno so pena de sanciones severas ante incumplimientos.
Ahora se realizó una nueva reunión entre el sindicato de la prensa y el presidente Tabaré Vázquez porque el pacto firmado con la grey política parece no alcanzar. Debió confirmarle a los directivos su apoyo a la no difusión de noticias falsas y manifestó su preocupación –recién ahora– por la situación de los trabajadores de los medios de comunicación, paradójicamente muchos de ellos grandes defensores de estas políticas, pero que ahora son los primeros perjudicados. La reunión también se llevó a cabo para conseguir su aval y comenzar una campaña con mensajes de bien público, que prevé la ley. Todo perfectamente ajustado. Por si era poco el tiempo adquirido en las tandas, ahora se debe inundar con “mensajes” de cercanías a un receptor que está concentrado en otras formas de comunicación. De hecho –y solo por tomar un ejemplo– hay una gran mayoría de ese electorado que no sabe que las elecciones internas serán dentro de un mes y medio exactamente.
Hay que discutir primero si los comunicadores uruguayos realmente necesitan talleres para conocer el fenómeno de las “fake news”, o noticias falsas, y evitar su difusión. Cualquiera sabe que no parte de los profesionales de los medios ni de las empresas ese fenómeno globalizado. En realidad, la última “fake news” contra el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, provino del anonimato del WhatsApp. Y a esa forma de comunicar no la controlan Vázquez, ni APU, ni todo el Parlamento nacional, ni los legisladores con mayoría oficialista. Ni siquiera Trump o Putin, quienes también son víctimas de esa “viralización”.
Por eso, no hace falta confirmar cuán éticos somos para actuar correctamente. O somos o no lo somos. En realidad, Vázquez es un presidente en campaña que quiere moderar una campaña intensa, plagada de ironías y de cruces de fuerte contenido. A propósito, aguardamos que el mandatario despeje una de las afirmaciones más relativas de los últimos tiempos. Debemos recordar que Vázquez, y otros después, sostuvieron que en este país había niños que “comían pasto”. Todo lo demás, es purpurina.
