La Justicia envió a la cárcel a un hombre de 39 años que, en el marco de un operativo antidrogas, se descubrió que además estaba requerido por un delito de índole sexual, por el que fue finalmente penado.
Como corolario de la operación Laberinto, llevada a cabo por la Brigada Departamental Antidrogas, personal del Grupo de Respuesta Táctica aprehendió a Christian Marcos Jara Pérez, poseedor de antecedentes penales, cundo se desplazaba en una bicicleta por Luis Batlle Berres al sur. De acuerdo con datos recabados, al ver a los uniformados, Jara Pérez pretendió fugarse pero fue detenido en las inmediaciones de calle Artigas. Asimismo, fue cotejada su identidad –vía comunicación interna con el Centro de Comando Unificado Departamental– y se supo que estaba requerido por otros asuntos.
Así surgió que, además de estar presuntamente vinculado a una boca de venta de drogas que operaba en la zona sur y en un caso de violencia, pesaba sobre él una denuncia radicada en la Comisaría Segunda del 15 de enero pasado.
En tal ocasión, una mujer dio cuenta que su hija de seis años le había confiado no querer ir más a la casa de la amiga de su hermana mayor, ya que en reiteradas ocasiones la pareja de la dueña de casa le había mostrado los genitales y se masturbaba delante de ella.
Ante esto, la Fiscalía de turno dispuso que Jara Pérez fuera conducido a la sede, donde luego de tomar declaraciones, la Justicia Penal dispuso la formalización de la investigación y posterior juicio abreviado para Christian Marcos Jara Pérez, imputado y condenado por “un delito continuado de negociación de estupefacientes en reiteración real con un delito continuado de violencia doméstica especialmente agravada”; imponiéndole como pena dos años de cárcel efectiva y 18 meses restantes de presentación ante la comisaría de su jurisdicción.
Por otra parte, se amplió la investigación y fue condenado por “reiterados delitos de abuso sexual sin contacto corporal”, imponiéndole como pena seis meses de prisión efectiva; la suspensión en el ejercicio de la patria potestad o guarda por el término de 10 años, así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de salud y de todas aquellas que impliquen trato directo con niñas/os y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por el plazo de 10 años; y la obligación de reparar a la víctima en un monto equivalente a 12 salarios mínimos.
