En momentos en que arrecia la campaña electoral, el ciudadano común, por lo menos el interesado en política y que decide su voto en base a razonamiento y no a fidelidades, simpatías y extremismos ideológicos, asume como desafío ineludible el hacerse una composición sobre una serie de elementos que hacen al estado de la economía, el tramado socioeconómico, al futuro y a la institucionalidad, entre otros aspectos, que deberían influir para que su balance se haga con conocimiento de causa y en el acierto o en el error, evaluar qué candidato promueve las mejores propuestas, antecedentes y perspectivas de llevarlo adelante.
Y las perspectivas de llevarlo adelante en aras del interés general, más allá de las buenas intenciones, son en gran medida el eje del problema porque –los números no dejan mentir– el gobierno que acceda el 1º de marzo de 2020 tendrá fuertes condicionamientos para revertir el ya indisimulable proceso de estancamiento de nuestra economía, teniendo en cuenta que el margen de maniobra y los tiempos tienen que ver con el legado que dejan los tres gobiernos del Frente Amplio.
Lamentablemente, con un viento favorable de la economía internacional que se extendió por lo menos hasta 2014, en un período en que se registraron fuertes ingresos por el alto precio de los productos primarios de exportación, se siguió incrementando el gasto estatal, y hoy, cuando las aguas han bajado y los precios se han reducido sustancialmente, nos ha quedado el gasto público que nos sitúa con un déficit fiscal del orden del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y con cero espacio fiscal, del que en su momento hizo gala el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori.
Pese a que éste, como responsable de la conducción económica del país, siendo o no el titular de Economía, se esfuerza por transmitir en cada oportunidad en que sale a la palestra que la situación no es tan mala, este optimismo –de parte interesada, naturalmente– no es compartido ni cerca por los economistas y en gran medida tampoco por el ciudadano común, que ha visto crecer el desempleo, ve el cierre a diario de empresas, envíos al Seguro por Desempleo e ingresos promedio que no cubren los requerimientos del núcleo familiar.
En este contexto, los candidatos en líneas generales sostienen que no habrá subas de impuestos y sí eventualmente reducción de gastos, pero si hay algo que no se puede hacer en economía es esquivar los números, que reflejan la realidad y desmienten lo que se maneja en el aire con eslóganes y promesas de pasar a vivir poco menos que en el país de la abundancia de la mano de tal o cual candidato.
El punto es que nadie en su sano juicio puede aceptar que sea sostenible seguir con este déficit del 5 por ciento del PBI, y que no habrá necesidad de ajuste fiscal, un término temido al que nadie quiere apelar pero que se impone, llámesele como se le quiera llamar, dadas las circunstancias.
Una idea de cómo se presenta el panorama surge de exposiciones de reputados economistas en conferencia reciente organizada por el BBVA, los que coincidieron en que sería inevitable la suba de impuestos dado que no alcanza con la vía del recorte y la eficiencia del gasto para combatir la brecha fiscal que, lejos de reducirse en estos años, como había manifestado el ministro Astori, se ha seguido acentuando.
Según Gabriel Oddone (CPA Ferrere), Tamara Schandy (Deloitte) y Javier de Haedo, asesor del Partido de la Gente, la economía uruguaya está estancada y el contexto regional y global no ayudará en los próximos dos años.
Pero sobre todo, coinciden en que cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones nacionales, el nuevo gobierno implementará un ajuste con aumento de impuestos, pese a que ello se niegue en la campaña electoral.
En este sentido Oddone dijo en este foro que para recuperar la consistencia fiscal en el corto plazo se necesita un ajuste. “Uruguay va a hacer, gobierne quien gobierne, un ajuste fiscal de entre U$S 900 y U$S 1.200 millones”.
De Haedo, por su parte, expuso que sería “deseable” que el ajuste se hiciera bajando gastos, pero es “imposible”, por lo que considera “inevitable” una suba de impuestos: “No se dejen ilusionar. El 1° de marzo asume el gobierno y los salarios públicos van a estar dados desde enero para todo el año. Las jubilaciones van estar dadas desde enero, los pagos de intereses del año van a estar jugados, las cápitas del Fonasa van a estar jugadas, las asignaciones familiares. El 85% del presupuesto va a estar jugado. No hay forma de bajar los gastos el primer año”, afirmó.
Para el economista, si la suba impositiva ocurre, se debería poner la mira en el IVA. Según entiende, es el tributo que menos afecta a la producción, a la asignación de recursos y a la exportación. “Si el gobierno tiene el suficiente coraje lo puede hacer transitorio hasta lograr bajar el gasto y pasar la reforma”, señaló.
Este punto fue rechazado por el actual ministro de Economía Danilo Astori, quien dijo que el IVA es un impuesto que lejos de aumentarse debería reducirse, porque perjudica a todos los sectores de la economía. Sin embargo, esto lo dice un ministro de Economía que ha mantenido este impuesto durante toda su gestión, por lo que en el mejor de los casos, debe evaluarse que la realidad o la ideología pudo más que sus intenciones.
Por su parte, Schandy puntualizó que es “muy probable” que el nuevo gobierno asuma con un déficit fiscal de 5% del PBI, y “con riesgo” de que pueda ser incluso más alto. Según dijo, es “imperativo” que se anuncie al menos “una senda creíble” para el mercado de cómo desarmar ese problema fiscal.
Por otro lado, Oddone señaló que la economía está estancada y con niveles de bajo crecimiento, producto de shocks externos, pero también porque el gobierno “subestimó de manera sistemática la magnitud de lo que estaba ocurriendo”.
“Cada uno de los escenarios que se trazó para cada uno de los momentos fue más optimista de lo que efectivamente ocurrió. Es una tendencia del sistema político, de esperar y de postergar decisiones. Eso ya pasó en 1999 y nuevamente desde 2015 en adelante”, apuntó.
Y como final, para hacernos una idea de la diferencia entre lo que se dice y se dice querer y la realidad que termina por imponerse, por efectos precisamente de la necesidad de dinero del Estado, tenemos lo ocurrido con la generación de electricidad por fuentes renovables, que además de su aporte ecológico, según se dijo desde el gobierno permitiría abatir los precios de la electricidad. El Instituto Uruguay XXI da cuenta de que “nos hemos convertido, junto con Dinamarca, Irlanda y Alemania, en uno de los países líderes mundiales en materia de energías renovables, siendo además el que más ha invertido en Latinoamérica en el desarrollo de energías limpias en relación a su PBI lo que ha posibilitado que en 2018 se haya producido el 38% de la energía partir de fuentes eólicas, según la información de UTE”.
Lo que no se indica es que pese a estas inversiones, lejos de beneficiarse a hogares y empresas, Uruguay sigue teniendo las tarifas más altas de la región, y de esta forma afecta negativamente en nuestra economía y la competitividad. No es porque sí: la necesidad de dinero de Rentas Generales hace que UTE cobre sobreprecios en las tarifas para tapar aunque sea parcialmente el agujero fiscal. Y pese a ello, seguimos con el déficit del cinco por ciento del PBI.
Bienvenidos –es un decir– al Uruguay real, por encima de anuncios y discursos.
