(CARVE)
La industria de la construcción redujo sus actividades un 4,7% en el segundo trimestre de este año. El sector, que abarca a unos 44.000 trabajadores, se contrajo en 17 de los últimos 18 meses, mientras que desde el primer trimestre de 2013 no tuvo un crecimiento considerable. El presidente de la Liga de la Construcción, Ubaldo Camejo dijo que esta caída se debe a la falta de inversión pública y a la retraída de la inversión privada, que se calcula en más de un 50%. Camejo sostuvo que el sector está viviendo un momento “muy difícil”, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que no pueden proyectar qué puede suceder en el futuro.
“Por un período de un año o más nos vamos a tener que conformar con la inversión privada. La pública queda poco y nada, a excepción de la que tiene que ver con el ferrocarril, el puerto o UPM”, enfatizó. El presidente de la Liga de la Construcción manifestó que cada vez hay más personas que son enviadas a seguro de paro, ya que muchas empresas pequeñas están padeciendo mucho la situación actual por la que está pasando el sector.
Calculó que a nivel salarial, en la construcción, un obrero percibe unos $35.000, un administrativo en torno a $45.000 y los profesionales universitarios entre 2.500 y 3.000 dólares. “Cuando hay que ajustar lamentablemente debe recurrirse al seguro de paro porque los salarios son los costos que deben pagarse aunque no haya retorno”, señaló.
Avizoró un “panorama difícil principalmente para las empresas pequeñas que muy posiblemente tengan que cerrar sus puertas” y calculó que el panorama persistirá por unos dos años. La liga de la construcción nuclea a empresas subcontratistas que brindan unos 2.000 puestos de trabajo y a pequeñas empresas que no son socias de la Cámara de la Construcción.
REGISTRO ÚNICO DE JUICIOS DEL ESTADO
(PRESIDENCIA)
El Registro Único de Juicios del Estado (RUJE), es una herramienta informática para abaratar los costos en los juicios, porque centralizará datos para poder elaborar estrategias razonables, anunció la ministra de Educación, María Julia Muñoz. Explicó que todos los organismos involucrados acordaron aportar sus datos, con los cuales se conformará la base de este nuevo registro, donde estará centralizada la información disponible sobre qué tipos de juicios tiene cada ministerio u organismo y cuáles son las erogaciones que podrán generar, por lo cual mejora la gestión presupuestaria.
Otro aspecto a destacar es que esa herramienta aportará una completa base de información que permitirá tomar mejores decisiones relacionadas a la gestión, analizando las temáticas de los juicios que se reciben.
“Es un paso más en la dirección correcta hacia la transformación del Estado, apuntamos a tener un Estado eficiente e inteligente y para ello el uso de la tecnología y los proyectos innovadores ayudan de manera importante”, dijo el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Ferreri.
PROTECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(CARVE)
Dos delincuentes llegaron en moto a la sucursal del Banco República de Punta de Rieles ubicada en camino Maldonado, amenazaron con armas de fuego al guardia de seguridad, y robaron U$S 18.000, entre pesos uruguayos y moneda extranjera. El asalto dejó dos personas heridas por el roce de balas que fueron disparadas adentro del local por los delincuentes que habían llegado en moto. La Policía llegó al lugar rápidamente, y se montó un amplio operativo para buscar a los delincuentes. Un helicóptero de la Policía también sobrevuela la zona para colaborar con la búsqueda.
La presidenta de la Banca Oficial y de la Comisión Representativa del Banco de la República del Uruguay (BROU), Lorena Lavecchia, dijo que el gremio solicitó una reunión “urgente” con el departamento de protección de activos fijos. Lavecchia manifestó que se volverá a solicitar al Ministerio del Interior que la seguridad de las sucursales pase a manos de la cartera y deje de estar a cargo de empresas privadas.
JARA TRANQUILIZÓ A LA UNVENU
(EL OBSERVADOR)
Una delegación de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) se reunió con la presidenta de Ancap, Marta Jara, y dos gerentes por la preocupación que despertó en los estacioneros un nuevo modelo de negocio. La empresa estatal arrancó con un piloto en las termas de Arapey la pasada semana con un estación de cercanía que funciona sin personal. Los estacioneros se sorprendieron con ese anuncio porque consideraban que ellos podrían desarrollar ese modelo de venta al público y temían por una “integración vertical” del negocio con un mayor peso de Ducsa en la venta final. Hoy la reglamentación vigente establece que cada distribuidor (Ducsa, Axion y Petrobras) puede tener como máximo cuatro estaciones bajo su propiedad. En el caso de Ducsa, hoy cuenta con dos estaciones tradicionales y la de cercanía que acaba de inaugurar en Arapey.
Precisamente tras la reunión con Jara, el gerente de la Unvenu, Federico De Castro, dijo a El Observador que el encuentro fue “positivo” porque se “despejaron todas las dudas”. Según el ejecutivo, la presidenta de Ancap le transmitió que se “iban a respetar los contratos” vigentes, por lo que Ducsa no iba a sobrepasar el máximo de cuatro estaciones bajo su gestión. “Se nos transmitió que se iba a respetar la no integración vertical de la cadena de distribución”, aseguró De Castro. Además, Jara les aclaró que el proyecto de Arapey “era un piloto” y que si bien Ancap había identificado otras 15 localidades donde ese modelo podría replicarse, eso solo era una “intención” que todavía estaba lejos de ejecutarse.
DEMANDA DE “EL GUCCI”
(SUBRAYADO)
Ayer fue fijada la primera audiencia de conciliación entre Gustavo “El Gucci” Serafini y el candidato del Frente Amplio a la Presidencia, Daniel Martínez, por la demanda que el cantante le inició por daños y perjuicios, en la que también incluyó al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche. La audiencia se realizará el martes 29 de octubre a las 10.15 horas, es decir, dos días después de las elecciones nacionales.
El Gucci demandó a Martínez, Di Candia y Goyeneche por daño moral, daño emergente y lucro cesante, después de que el candidato del FA le pidiera que se bajara de la lista del oficialismo que lo llevaba como diputado. Martínez le pidió esto luego de que Goyeneche recordara a través de las redes sociales que el cantante había sido denunciado en el 2018 por presuntos casos de abuso. Estas denuncias también se habían hecho en redes sociales y no llegaron a la Justicia.
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