(TELEMUNDO)
La Unión de Exportadores del Uruguay monitorea las consecuencias que la epidemia del coronavirus en China tiene sobre el enlentecimiento en el cronograma de los embarques de mercadería, en tanto –para contener el brote– China bajó su actividad y el impacto del descanso del gigante se nota en todos lados.
“Se está midiendo y se está evaluando. Realmente hay enlentecimiento en algunos embarques, China está paralizada en muchos aspectos. No hay algo concreto que pueda decir al respecto, pero sí que de alguna manera China esté frenada, frena el dinamismo de la cadena”, explicó la presidenta de la Unión de Exportadores, Andrea Roth. La afectación a Uruguay puede darse por las demoras en el tránsito de mercaderías, por lo que “preocupa que no se corten los tiempos de embarque y el cumplimiento de cronogramas que fueron pleanteados”, dijo Roth.
La entidad analiza los costos logísticos, acuerdos comerciales y costos de producción para entregarle en marzo una hoja de trabajo a las nuevas autoridades. “Partiendo de la base de que están compuestos por un montón de pequeños costos que no son grandes temas, sino la sumatoria, muchas veces de ineficiencias o costos indirectos. Ahí es donde queremos aportar una hoja de ruta para colaborar para gestionar juntos mejoras. El objetivo persona es reforzar entre febrero y marzo, poder plantearlas al gobierno entrante en marzo”, agregó Roth.
CONDENA A ASSE
(EL OBSERVADOR)
Después de 10 años de la amputación de sus piernas y un brazo, la niña Blanca Filippini logró que la Justicia le diera la razón y condenara a ASSE a resarcirla por un caso de mala praxis del hospital de Salto. Según informó el abogado de la familia, Pablo Perna, la Justicia determinó que “existió responsabilidad médica porque se privó a la niña, que entonces tenía 3 años, de las chances que habría tenido si se hubiera actuado de forma correcta”. En el fallo la jueza amparó parcialmente la demanda y condenó a ASSE a abonar a la niña U$S 24.000 por “daño moral” y otros U$S 91.500 por “daño emergente futuro y al lucro cesante”. A los padres de Blanca, en tanto, la Justicia determinó que ASSE deberá pagarles por “daño moral” U$S 9.600, mientras que a los hermanos de la niña el monto fijado fue de U$S 4.500 a cada uno (son cinco).
Blanca empezó a consultar en 2009 varias veces en la emergencia del Hospital Salto, los médicos le diagnosticaron una apendicitis. Como la patología había avanzando, la operaron para combatir una peritonitis, aunque el avance de la infección fue generalizado. Permaneció algunas horas en el CTI y los médicos plantearon a los padres que la única chance de salvarle la vida era amputarle las piernas a la altura de las rodillas, el brazo a la altura del codo y dos dedos de su mano izquierda. La familia aceptó. La niña fue trasladada al Hospital Prereira Rossell en Montevideo donde permaneció muchos meses internada. Desde ese momento la niña se vio sometida a más de 25 cirugías.
La sentencia señala que el periplo que atravesó la familia Filippini causó “un gran dolor en el seno familiar”, así como trastornó el “funcionamiento” del hogar, ya que los padres debían viajar frecuentemente a la capital y la hija mayor, de 14 años entonces, dejó el liceo para hacerse cargo de sus hermanos menores. Además, agrega que “existe culpa” por parte del personal médico, que no empleó “toda la diligencia debida para llegar al diagnóstico exacto”.
DEUDA DE VENEZUELAA URGENTE CONSIDERACIÓN
(EL OBSERVADOR)
El futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, mantuvo una reunión con la directiva de la Asociación de Productores de Leche (ANPL), en la que se le pidió al jerarca que la deuda que Venezuela mantiene con Conaprole sea incluida en la ley de urgente consideración. Para la ANPL, el próximo gobierno uruguayo debe asumir el pasivo que mantiene el Estado venezolano (de unos U$S 30 millones), ya que entienden que los negocios realizados en 2015 “no fueron un acuerdo entre privados, sino que el gobierno uruguayo garantizó esa venta y repartió entre todos quienes exportaron al mencionado país los pagos que realizó el país caribeño, dejando a Conaprole para el final”.
El presidente de la ANPL, Walter Frisch, dijo que cobrar ese dinero puede llevar 10 años o más y los productores no están en condiciones de esperar ese lapso. En el momento que se realizaron los negocios con Venezuela, el precio de la tonelada de leche en polvo rondaba los U$S 2 mil, pero las ventas hacia ese destino estuvieron por encima de los U$S 4 mil. Frisch explicó que Venezuela históricamente pagó “muchísimo más” que otros mercados. La deuda proviene de un acuerdo firmado en julio de 2015, mediante el cual se permitía la venta de 265.000 toneladas de alimentos nacionales a Venezuela, por un monto de U$S 300 millones.
