Parafraseando a Carlos Marx, podríamos decir que “un fantasma recorre Paysandú: el fideicomiso propuesto por el intendente departamental Mario Díaz”, ya que sin lugar a dudas este ha sido el tema más debatido en el ambiente político sanducero en los últimos días. La iniciativa del gobierno departamental pretende instalar un fideicomiso de 200 millones de Unidades Indexadas –alrededor de 20 millones de dólares–, a fin de desarrollar un plan de infraestructura abierto a propuestas de inversiones públicas y privadas, con el fin de dinamizar el departamento y generar puestos de trabajo. El denominado Plan de Infraestructura para el Desarrollo y Generación de Empleo, presentado estos últimos días de la Intendencia de Paysandú, incluye un amplio y ambicioso proyecto en varias zonas del departamento de Paysandú, que propone conectividad urbana, infraestructura pública, plan de urbanización y créditos a empresarios. De acuerdo con el jefe comunal, “la iniciativa de generación de un fideicomiso apunta a la estructuración de un plan de inversiones que no solamente impactarán en el mercado de trabajo, sino que marcarán un nuevo rumbo para el departamento en cuanto a líneas de desarrollo” (…) tratándose de “una propuesta abierta al análisis, la discusión y el aporte de todos los sectores de la sociedad” (…) para “generar discusión y tender puentes” que permitan “soñar juntos la construcción de un Paysandú diferente”. La propuesta motivó diversas reacciones en los distintos partidos políticos, las cuales oscilaron entre el apoyo del exintendente Departamental Guillermo Caraballo (quien sostuvo que está de acuerdo con la herramienta “porque de hecho en nuestro gobierno presentamos un proyecto de fideicomiso para obras de infraestructura”, pero propuso en cambio algunas obras “alternativas” a las que integran el plan de la Intendencia) hasta la Unión Popular que manifestó su rechazo a esta iniciativa.
Como fuera expresado oportunamente por nuestro diario, “El fideicomiso como tal es una de las herramientas que mejor calza para sacar adelante proyectos de envergadura, más aún cuando nos encontramos en un momento de freno económico generado, en gran medida, por la actual pandemia del COVID-19.
Pero acá se habla de pagar este fideicomiso a 24 años, o sea seis gobiernos departamentales, lo que aparece como exagerado e imprudente. (…) Por otra parte, un fideicomiso de este tipo debería establecerse para llevar adelante obras realmente trascendentes para la ciudad, porque son dineros comprometidos que impedirán a varias administraciones volver a financiar otros emprendimientos. Y 24 años es demasiado tiempo para comprometerse en un crédito que se gaste en reparaciones de mantenimiento, por ejemplo”.
“Por lo tanto habría que pensar en infraestructuras que, vistas con la perspectiva del tiempo continúen vigentes dentro de 20 o 30 años”. Adicionalmente, resulta claro que el fideicomiso propuesto no constituye una solución tan efectiva como parece a primera vista. A modo de ejemplo, el Presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio, Alvaro Gigou, reconoció que no basta sólo con el fideicomiso por lo que el presupuesto nacional deberá garantizar ciertas obras como los accesos al puerto”, así como apoyo del sector privado “o de lo contrario, buscar otras herramientas en el gobierno nacional que garanticen mayores recursos para ver a Paysandú en una perspectiva de desarrollo y que sea una política pública”.
Queda claro que aún cuando el fideicomiso sea aprobado, se necesitará del gobierno nacional y del sector privado (al fin de cuentas el único creador de trabajo genuino, sustentable y que no debe ser pagado con una pesada carga tributaria). En resumen: el tan mentado fideicomiso podría terminar siendo “un parche de lujo” que necesitará de otros factores externos a las autoridades departamentales para que pueda funcionar apropiadamente.
Sin perjuicio de la necesidad de que una iniciativa de estas características cuente con el mayor apoyo del sistema político que sea posible (de hecho la misma necesita ser aprobada por la Junta Departamental) sus integrantes no pueden ni deben descuidar la importancia que los temas técnicos poseen en estos casos.
Si bien nadie desconoce los conocimientos que algunos de los candidatos puedan tener en algunas áreas (escribanía, abogacía, entre otros) en este caso se requiere el asesoramiento en diversas áreas (urbanismo, ingeniería, arquitectura, etcétera) porque las obras serán votadas por políticos, pero serán pensadas, diseñadas y ejecutadas por técnicos. Está claro que los políticos representan diversos sectores de la ciudadanía y de ello deriva su incuestionable legitimidad y representatividad, pero ello nos los habilita para poder discernir aspectos técnicos de las mismas. A esta reflexión se le deben agregar obligatoriamente dos puntualizaciones. La primera es que, si los técnicos son aportados por los partidos políticos en función de su simpatía o pertenencia a los mismos, sus opiniones podrían estar teñidas de intereses que privilegien esas simpatías. La segunda es que, sin desvalorizar el aporte sincero y valioso que pueden realizar vecinos y referentes en diversas áreas, se requiere algo más que una expresión de deseos para que una iniciativa de esta magnitud resulte exitosa. Aquí es donde precisamente los técnicos independientes (incluso aquellos provenientes de otros departamentos o del exterior) tienen mucho para decir. El conocimiento, la experiencia y la independencia de criterio son los mejores compañeros para un desafío técnico de estas características. Para saber cómo se hace un zapato hay que preguntarle a un zapatero, no a un dermatólogo.
Además de las valoraciones antes mencionadas, resulta importante destacar que el plazo y el momento en el cual se plantea esta iniciativa requiere un análisis más profundo de las obras que la compondrían y de sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo.
La opción por una obra determinada en lugar de otra debe ser fruto de una decisión equilibrada, fundada y debidamente aquilatada. La campaña electoral por las elecciones departamentales ya se ha iniciado a través de la prensa y de algunas reuniones virtuales o presenciales que llevan adelante los distintos candidatos. En pocas semanas –y como resulta lógico en estas instancias– el debate se volverá cada vez más ríspido, privilegiando el golpe de efecto de una frase o de un gesto sobre la discusión con argumentos sólidos y el razonamiento esclarecedor. Todo esto es un mal ambiente para la construcción de políticas de Estado que trasciendan un período de gobierno, porque sólo con ellas podremos tener un desarrollo departamental sustentable.
Así las cosas, y más allá de la importancia del fideicomiso, debemos pensar si esta campaña es el mejor momento para discutir y resolver un tema tan trascendente que nos endeudará durante por 20 millones durante 24 años. ¿Podrán los técnicos convocados realizar sugerencias en medio de la pandemia causada por el COVID-19 y en un lapso tan breve? ¿Se podrá reflejar efectivamente la voluntad de las partes involucradas? Lo que necesita el fidecomiso es una sólida base política, técnica y social, algo que parece bastante difícil de lograr en medio del barullo de una campaña electoral. Las cosas bien hechas llevan su tiempo y no existe entre ambas ideas contradicción alguna, tal como reza el conocido refrán: “Vísteme despacio, que tengo prisa”.
