Los trabajadores de Citrícola Salteña esperan el resultado de la apelación presentada por la empresa ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), luego de ingresar en un proceso de liquidación resuelto por la justicia al levantarse la feria judicial sanitaria. El fallo desplazó a los administradores y nombró a la Liga de Defensa Comercial, como el síndico encargado de esta etapa, en medio de una de las mejores zafras previstas para este año.
“Estamos a la espera del fallo de la SCJ, ante la apelación presentada por la empresa. Mientras, la operativa continúa en funcionamiento, con algunos problemas por las últimas precipitaciones para ingresar a las chacras. Esperamos que se liberen recursos del fideicomiso para que el martes cobremos las quincenas y el martes siguiente, el aguinaldo que es lo que resta”, dijo EL TELEGRAFO el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Citrícola Salteña (Sucsal), Marcelo Di Paola.
Hasta el momento, las previsiones de buena zafra “no se reflejan en el volumen de fruta obtenido para procesar, pero se sumaron más de 80 personas a la cosecha en los últimos días. Unas 1.100 personas se encuentran en la planta. Son 200 personas en el packing y el resto afectado a la cosecha, además de tarea de mantenimiento”.
Las zafras citrícolas “se toman con el plazo límite en setiembre para exportar el producto a la Unión Europea y la reducción se da desde el 30 de ese mes. En octubre se trabaja con la fruta que queda en el campo que, por el momento, desconocemos el volumen total”, agregó. A nivel departamental, el sindicato mantiene reuniones con el intendente Alejandro Noboa y aguardan los resultados de las gestiones efectuadas ante el Banco República, “cuyas autoridades se comprometieron a buscar mecanismos para agilitar el proceso”.
Entre los acreedores, también se encuentran los trabajadores, a quienes adeudan créditos laborales. Según Di Paola, “por esta zafra van al día, pero hay 42 millones de pesos en el concurso que corresponden a aguinaldo y tres meses de sueldo del período 2017-2018. Cuando vaya a liquidación, quien compre debería hacerse cargo. Si eso no se da, tenemos un mecanismo como el fondo de garantía laboral para cobrar esa deuda”.
