Mientras en Uruguay superamos los 200 casos activos de COVID-19 y el contexto regional sigue siendo muy preocupante debido a la expansión de la pandemia, los laboratorios más desarrollados del mundo están embarcados en una frenética carrera por la vacuna en tanto se prevé que puedan surgir problemas para el acceso a la vacuna cuando esté disponible.
En la actualidad hay más de 150 vacunas contra esta enfermedad en distintas fases de desarrollo en todo el mundo. De ellas, ocho están en la etapa final de ensayos clínicos pero ninguna ha sido completamente aprobada todavía.
La Organización Mundial de la Salud advirtió esta semana contra lo que denomina “nacionalismo de las vacunas” y pidió a sus países miembros que se unan a su dispositivo global de acceso, conocido con el nombre de COVAX y cuyos detalles se están ajustando.
“Debemos prevenir el nacionalismo de las vacunas”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al tiempo que informó que envió una carta a todos los estados miembros para “alentarlos” a adherirse al futuro dispositivo de acceso global a la vacuna contra el nuevo coronavirus.
Según la OMS, más de 170 países –que en conjunto suman aproximadamente el 70% de la población mundial– han expresado su interés en sumarse al mecanismo en tanto que el organismo espera “una respuesta firme” de todos los países para el 31 de agosto.
En tanto, la industria farmacéutica continúa en una carrera vertiginosa por la creación y comercialización de una vacuna y la pandemia se acerca al millón de muertes por esta enfermedad: unas 775.000 hasta esta semana según los datos difundidos por la agencia internacional AFP en base a fuentes oficiales.
La propuesta de la OMS es que una vez que las vacunas estén disponibles se distribuyan en dos fases, lo que implica que en la primera fase las dosis sean distribuidas de manera proporcional y simultánea a todos los países participantes del COVAX, con el objetivo de reducir el riesgo global. En una segunda fase, se tendrá en cuenta “la amenaza y la vulnerabilidad de los países”.
“La manera más rápida de poner fin a esta pandemia y reactivar las economías es comenzar por proteger a las poblaciones más expuestas en todas partes del mundo, y no a poblaciones enteras en unos pocos países”. “Para la mayoría de los países, una atribución (de vacunas) durante la fase 1, que permita alcanzar al 20% de la población, cubriría la mayoría de los grupos de riesgo”, dijo el titular de la OMS.
Agregó que se atenderán como prioritarios los trabajadores que están en primera línea de los establecimientos de atención sanitaria y social, puesto que “son fundamentales para atender y proteger a la población, y se encuentran en contacto estrecho con colectivos con un alto riesgo de mortalidad”, o sea, con los mayores de 65 años y aquellos con otras patologías que pueden combinarse de manera negativa.
Las palabras del alto jerarca de la OMS y la urgencia de su llamado a los países del mundo a participar del dispositivo que ha diseñado para la futura distribución de la vacuna dejan en claro las eventuales iniquidades que podrían darse a nivel global para el acceso a este mecanismo de prevención, en virtud de las posibilidades económicas de cada país y su interna.
El llamado de la OMS a sus países miembros constituye un tema de organización sanitaria global pero también un hecho político y una exhortación a su legitimación como instrumento mundial en el área de la salud, en un contexto de fuertes cuestionamientos a su accionar al inicio de la pandemia que, entre otros aspectos, significó el retiro de Estados Unidos (y sus fondos económicos).
Lamentablemente, la pandemia pondrá una vez más al descubierto las desigualdades existentes entre países pobres y ricos y aún entre los distintos estratos sociales de algunos países. En este sentido, dado la situación regional de agudización de la enfermedad en el Cono Sur –y sus múltiples coletazos manifestados como crisis económicas, laborales y sociales– es totalmente legítimo preguntarnos si dispondremos o no en el futuro cercano con la posibilidad de una vacuna en esas zonas el mundo.
En principio se prevé que esto pueda resolverse a través de la participación en el COVAX ya que los países participantes accederán a un portafolio de vacunas de al menos 10 productores para que sus poblaciones puedan ser inoculadas apenas estén disponibles, aspecto crucial para los países pobres y de medianos ingresos y para los que no firman acuerdos bilaterales con proveedores específicos.
Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió el pasado martes que aún faltan meses para que esté disponible alguna de las vacunas contra el nuevo coronavirus que se desarrollan, aunque aseguró que ya trabaja con algunos de los países de las Américas para asegurar que al menos parte de su población tenga acceso a la inoculación. La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó que que el objetivo principal y más inmediato de la iniciativa COVAX es tener acuerdos con fabricantes de vacunas para garantizar unos 2.000 millones de dosis hasta finales del 2021, lo que permitiría que cada país acceda a un volumen de vacunas para al menos el 20% de su población.
“El acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 es clave para garantizar que podremos proteger a todos los grupos vulnerables en cada país, rico o pobre”, expresó para luego agregar que es necesario trabajar desde ahora para asegurar dicho acceso.
Se trata de un tema polémico y complejo que involucra la necesidad de producir miles de millones de vacunas para toda la Humanidad, cifras astronómicas de dinero así como grandes intereses y hegemonías comerciales y políticas.
El precio de la vacuna, el acceso y la distribución son temas centrales en la tarea de generar una inmunidad colectiva a nivel global, aunque esto es algo que aún no se asegura que sea posible.
Para los países de nuestro continente, el cual sigue siendo el centro del pandemia y donde la desigualdad social condiciona en muchos casos las posibilidades de prevención de las personas e, incluso, el acceso a los sistemas de salud, la posibilidad de recibir o no la vacuna representa un nuevo eje de iniquidades y un desafío monumental para los gobiernos que, insertos en una situación de crisis sanitaria y social, tienen el deber de velar por el interés general y la salud de los ciudadanos.
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