El diputado por el departamento de Paysandú, del Partido Colorado (Ciudadanos), Juan Carlos Moreno, remitió un proyecto de minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, con el objetivo de brindar herramientas para que los productores ganaderos retengan los vientres preñados.
Tras anunciarlo el pasado domingo en rurales de EL TELEGRAFO, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la creación de una herramienta financiera para productores ganaderos, con el objetivo de desincentivar la venta de vientres preñados para faena.
El legislador sugirió al Ejecutivo que “la herramienta contemple brindar un crédito a bajo interés con el propósito de que el productor conserve la hembra preñada ante la necesidad de obtener liquidez”, y que la misma hembra sea la garantía del crédito. De esta manera, el productor accede al dinero que necesita y además conserva la máquina de producir.
Esta iniciativa surge al constatar que aproximadamente por año se faenan cerca de 200.000 vacas preñadas, lo que representan 200.000 potenciales terneros que no ingresan al sistema. Esos números surgen de auditorías privadas, ya que el Instituto Nacional de Carnes (INAC) no cuenta con información oficial. Por eso, el diputado también pidió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que solicite a INAC “incorporar el registro sistemático de hembras preñadas que ingresan a faena (vacunos y ovinos)”.
En la exposición de motivos del legislador sanducero, sostiene que “a todos los actores de la Cadena Cárnica les preocupa e interesa el mejoramiento de la productividad, tanto del rodeo nacional como de la majada nacional, es que creemos necesario el encontrar soluciones a problemas que enfrenta a diario el sector”.
Agrega que “es de público conocimiento que la tasa de procreo –altamente dependiente de las hembras destinadas a reproducción–, es un factor fundamental para llegar al objetivo buscado, que en definitiva es el de aumentar en cantidad y calidad los rodeos y majadas de todo el país, por lo que nos parece que una de las líneas de acción más efectivas (si no la más) debería ser atacando esta problemática tan antigua como de difícil solución”.
“NO HAY REGISTROS”
Moreno explica que “al día de hoy no tenemos registros oficiales por parte de INAC de cuántas hembras preñadas son faenadas al año, ni bovinos ni ovinos. El último registro que se tiene al respecto es del año 2013, resultado de un estudio producto de un convenio entre INAC, INIA y la Universidad de Colorado. El estudio arrojó en su momento que entre el otoño de 2013 y la primavera del mismo año, ingresaron a faena 871.918 vientres –entre vacas y vaquillonas– y de ese número un 23.5% correspondía a hembras preñadas. Lo que quiere decir que en el año 2013 se faenaron 204.900 hembras preñadas”, acota.
“En buen romance, “Carlucho” Moreno establece que “son 205.000 terneros que podrían haber nacido en el país y en su lugar fueron faenados en frigoríficos habilitados”. En primer lugar, entiende que “es de suma importancia el tener una base de datos oficial y actualizada año a año con estos números. Si bien son números que tienden a mantenerse, es de vital importancia el tener datos oficiales y recientes para poder atacar con mayor eficacia la problemática”.
Por otro lado, explica que “el problema de fondo no radica ni en el registro ni en la base de datos. El problema de fondo radica en que el productor muchas veces, en el afán de hacerse de liquidez, embarca vacas gordas preñadas u ovejas preñadas sin tener margen de maniobra. Los plazos llegan y hay que cumplirlos”. Es en esta línea, es que también propone que “se busque, mediante el instituto que el MEF entienda pertinente, una herramienta para brindarle al productor una solución inmediata de liquidez, pudiendo preservar en la hacienda el vientre preñado, lo que resultará en la obtención de un ternero que no preveía tener, ya que iba a enajenar a la madre. Es de recibo en estos casos, herramientas tales como fideicomisos, donde se garantiza el mismo con el propio animal”.
Finalmente, indica que “por nuestra parte, entendemos necesario hacer de esto una política de Estado y que puedan acceder a ella todos los productores que se vean inmersos en esta situación”.
