En lo que va de la pandemia, en Uruguay han muerto unas 900 personas por ACV. Los datos, analizados por el cirujano endovascular Roberto Crosa, exponen una realidad social en tiempos en que el coronavirus se lleva la principal atención.
La primera causa de muerte en Uruguay espera por un plan nacional que abarque a nuestro pequeño territorio y la Comisión Honoraria Asesora para el ACV tiene un plan para ello, que presentó en mayo. Sin embargo, Crosa anunció a través de su cuenta de Twitter, el 20 de agosto, sobre la desvinculación de dicho grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública. “El MSP tomó otro rumbo”, aseguró.
El especialista, con una vasta trayectoria nacional y capacitación internacional, ha tratado de implementar un modelo asistencial ante una enfermedad que llega en forma inesperada y es transversal en la población. La diferencia en el resultado final sobre el paciente, serán los recursos que disponga. O como lo explica más sencillamente: “En Uruguay, hoy, si te indican tratamiento endovascular neurológico de urgencia, lo más probable es que pidan a tu familia que lo pague. Si no hay plata, habrá plan B gratis”.
El punto central es que nuestro país avanzó en otras campañas. Fue necesario bajar la mortalidad y la siniestralidad en el tránsito y para eso se enfocaron a los medios de comunicación hasta conseguirlo. En 2018, hubo 528 fallecidos en accidentes y el año pasado, la cifra bajó a unos 380. En solo un año, logramos equipararnos con América del Norte y descender un 22,2%.
Hacía falta visibilidad ante un problema social que logramos corregir con nuestras conductas. En este caso, las cifras se incrementan dadas las características y perfiles de población. No obstante, seguimos sin contar un plan específico para los accidentes cerebro vasculares y sin concientizar a la población sobre el incremento de las cifras. Porque la población tiene muy baja percepción del riesgo de estas patologías, porque no tiene información al respecto. Y cuando de algo no se habla, parecería que no fuera tan grave el problema.
Las cifras de muertes, al menos hasta el año pasado, se relativizaron. El índice de mortalidad no fue presentado de manera certera y las motivaciones para tal hecho tampoco fueron explicadas. Pero puede suponerse que si una cifra de muertos tan alta se ubica a la baja, es para evitar el destino de recursos económicos, siempre escasos, para la medicina altamente especializada.
En definitiva, si las defunciones provocadas por un ACV se definieron a raíz de un paro cardiorrespiratorio, parecería una obviedad cualquier otra explicación. Porque cuando el corazón se detiene, también deja de funcionar esta compleja maquinaria que es nuestro cuerpo humano.
Y aunque las autoridades nacionales lo relativicen, existen valores internacionales que definen la mortalidad por ACV. La CIE 10 o Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y problemas relacionados con la Salud, es publicada por la OPS desde hace más de veinte años. Recopila la información y clasifica enfermedades entre otros problemas sanitarios, notificados en los servicios de salud, y son los que definen las estadísticas nacionales de mortalidad de los estados que integran la OMS.
Esa tabla de valores internacional fue modificada en Uruguay y dejó fuera del registro a fines de 2019, unas 500 muertes. Así, aseguraron un descenso de los casos y, por ende, de los fallecidos. Con este registro –o mejor dicho interpretación– las muertes son dos por días en vez de siete. O como prevé Crosa: “Más de 1.000 muertos este año deberán redefinirse a qué universo pertenecen”.
El plan enfatiza desde el comienzo, en la necesidad de educar a la población para habilitar una atención precoz, “sabiendo que se trata de una patología donde el tiempo es un factor primordial para obtener mejores resultados, particularmente en los ACV isquémicos”. Establece que la primera fase para una adecuada atención es la información, pero aclara que no puede activarse “antes de tener el Sistema de Traslados hacia centros de referencia”.
El documento, elaborado por un equipo honorario de médicos, indica que una vez conocido el diagnóstico, se determinará cuáles centros “cumplen con los requerimientos para ser Centros de Referencia en la Atención del ACV”, basados en criterios internacionales. Y, aún para activar esta fase, “es indispensable que las formas de tratamientos aplicadas sean integradas en el Fondo Nacional de Recursos”, que lo define como “un actor fundamental” en esta estrategia de atención.
El plan recuerda que los tratamientos endovasculares no están incluidos en el catálogo de prestaciones del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS). Eso significa que si una persona requiere atención de este tipo, su prestador de salud no está obligado a brindarla, “dejando a los pacientes en una situación realmente trágica”.
O como lo explica mejor la revista World Neurosurgey: “en épocas de pandemia donde el común denominador es el miedo y la incertidumbre, el mundo atiende peor las otras enfermedades que causan millones de muertes todos los años”.
Por el momento, seguiremos esperando al 29 de octubre para recordar que es una de las patologías más mortales porque la respuesta al plan se demora. Si es que hay una respuesta. Incluso hay iniciativas parlamentarias que duermen en los cajones desde hace ya algunos años.
