Los planteos y movilizaciones contra el Presupuesto, en reclamo de mayores recursos por varios sectores del ámbito estatal, evidentemente se dan en esta oportunidad en un contexto muy diferente, por cuanto las consecuencias socioeconómicas de la pandemia –las que ya se están dando y las que irremediablemente vendrán– arrojan un gran manto de incertidumbre y cautela sobre lo que es posible esperar en el futuro más o menos inmediato.
Contrariamente a lo que ha ocurrido en instancias similares, no se trata de especular o manejar la situación interna del país, sino que es precisamente el contexto internacional el que nos plantea las mayores incógnitas, desde que la economía global ya ha caído en recesión, tanto en los países industrializados como en el mundo en subdesarrollo, absolutamente dependiente de la demanda de los mercados para colocar sus productos y contar con ingresos, mayormente dependientes de materias primas o productos semiprocesados.
Ergo, en el Presupuesto actualmente en consideración en el Parlamento, los acostumbrados tironeos provienen de grupos de presión, sobre todo corporaciones de sindicatos de funcionarios públicos que son precisamente los únicos que han quedado a salvo de la pérdida de calidad de vida consecuencia de la pandemia y tienen sus salarios y puestos de trabajo asegurados. Es decir, una problemática que se presenta como marcadamente contrastada con el escenario que vive el sector privado, con áreas afectadas, entre las que el turismo, la hotelería, los eventos, entre otras, enfrentan una caída fulminante y un consecuente desempleo, ya sea temporal o definitivo.
Estos y otros sectores, desde el ámbito privado, son los que mueven la economía, y son por lo tanto los que aportan sistemáticamente para sostener el aparato estatal, las inversiones, el pago de salarios, la amortización de la deuda, el funcionamiento de los organismos que están en la primera línea en la contención social. Así las cosas, en principio aparecen por lo menos como fuera de toda realidad los planteos de algunas corporaciones que solo piden más y más recursos desde el Estado, como si todo lo demás no existiera y siguieran viviendo en un mundo abstracto, ignorantes exprofeso de la realidad socioeconómica uruguaya.
En buena medida siempre ha sido así, al fin de cuentas, solo que el advenimiento de la pandemia ha dejado al desnudo con mayor énfasis cómo se desenvuelve cada uno de los actores, tanto entidades como individuos, en la coexistencia del ámbito público y privado, porque el primero jamás podría subsistir si el segundo no crea la riqueza para que funcione el país, por más vueltas que se le de y haya todavía propuestas “delirantes” respecto a que todo se origina en la inversión estatal, como si los recursos se crearan por decreto del omnipotente Estado, para distribuirlos a criterio de los gobernantes de turno.
Bueno, el punto es que la cosa es exactamente a la inversa, es decir que las finanzas del Estado dependen del trabajo y la creación de riqueza por los actores privados. Por lo tanto, sin dudas las prioridades están trastrocadas en la percepción unilateral de las cosas que tienen quienes pretenden seguir como si nada y estar prendidos en las maduras, pero nunca en las verdes.
Y ya que estamos hablando de verdes y maduras, es pertinente señalar que la pandemia y, más que nada, las medidas adoptadas para tratar de contener su difusión solo han sido un factor agravante del panorama que se venía arrastrando sobre todo desde el último gobierno de la izquierda, que entregó el gobierno con un déficit fiscal de más del cinco por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), cuando ya desde el inicio de su gestión el exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, había anunciado que al déficit del orden del 3 al 4 por ciento de entonces se lo iría reduciendo gradualmente al fin de su gobierno, para entregarlo en términos manejables, del orden del 2,5 por ciento.
Pues ha sido justo al revés, ya que lejos de contenerse el gasto público, se le siguió incrementando al punto que el déficit fiscal se duplicó; y por cierto no hubo voluntad política de promover ajustes para evitar el desmadre del gasto, por lo que el fardo se le entregó al gobierno que asumió el 1º de marzo de este año, con el detonante adicional de la pandemia.
Igualmente, sin coronavirus, por arrastre de situaciones, el país hubiera continuado este año en recesión, desde que a lo largo de 2019 se fueron dando trimestres consecutivos prácticamente sin crecimiento y en desaceleración de actividad, salvo en desempleo y situación comprometida de empresas, simplemente porque a la vez que quedó el gasto estatal rígido, incorporado como si la bonanza fuera a durar para siempre, la caída de actividad había generado cada vez menos recaudación y por lo tanto aumentado la brecha entre ingresos y egresos, como ocurre en cualquier hogar.
De lo que se trata es de aprender de los errores –uno de los cuales es por cierto seguir pateando la pelota hacia adelante– y establecer la regla de oro de llevar adelante políticas contracíclicas, por encima de la tentación de gastar lo que no se tiene, lo que significa destinar parte de los recursos adicionales a un fondo de contención y de amortiguación para cuando el ciclo se revierta, como ha sido el caso a partir del cambio en el viento a favor de la economía mundial que se dio a partir de 2014.
Esto es, aprender de la fábula de la hormiga y la cigarra, porque en la conducción de un país, como también ocurre en la economía doméstica, la idea fuerza es aplicar el sentido común, el no gastarse todo lo que se tiene y aún más a cuenta, cuando se reciben ingresos adicionales, porque es fundamental tener un colchón para hacer frente a los avatares que inevitablemente sobrevienen en los ciclos de ida y vuelta de la economía.
