Hace 24 años, en torno al 5 de junio de 1996 cuando se celebraba un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente, subrayamos en estas páginas la conveniencia de un estudio para el proyecto del Plan Director del Saneamiento de Paysandú que culminaría con la construcción de una planta de tratamiento de los efluentes cloacales.
Entonces destacábamos que la degradación medioambiental no puede desprenderse de la inacción oficial y la insensibilidad de la comunidad, porque los resultados –tanto entonces, como ahora– son visibles. La contaminación con coliformes, metales pesados y una cadena de responsabilidades no asumidas, continuaron conforme pasaron los años. Cambiaron los nombres de los administradores de los organismos con competencia en el tema, pero la ya imprescindible planta de tratamiento de efluentes continuaba siendo solo un anuncio.
Era, y aún es, una manifestación de buena voluntad que queda en los archivos de prensa, como mudo testigo del paso del tiempo. Porque desde hace dos décadas que se renuevan los diagnósticos y detectan los problemas, pero la solución continúa encajonada demorada.
Los efluentes “crudos” van al mismo curso de agua que padece los embates de la inacción y espera por una obra calculada en 20 millones de dólares, que fue aplazada en reiteradas ocasiones. El colector a cielo abierto y ubicado en zona inundable es todo lo contrario a una necesaria mirada ecosistémica, social e integrada a las nuevas formas de urbanizaciones.
Es la respuesta contradictoria a las demandas ciudadanas por una mejor calidad medioambiental y no es posible una correcta concientización sobre el estado de los cursos de agua en el país, cuando el mensaje institucional huele a desgano.
En 2015, hubo un intento de avanzar en este sentido y mejorar la calidad del agua que se extrae del río Santa Lucía. El expresidente Tabaré Vázquez resolvía al inicio de su segundo mandato la suspensión de las obras del Antel Arena para encarar “otras prioridades” que, según su opinión, había en el país. Son “prioridades” que permanecen tal cual, y al mencionado curso de agua que abastece a más de la mitad de la población del país, se agregaba la laguna del Sauce. Lo entendía hasta la entonces ministra de Turismo, Liliam Kechichián, quien ya estimaba que la obra del estadio multimodal iba a “superar largamente los 60 o 70 millones de dólares”.
Y así fue. Se llevó 106 millones de dólares o lo que es lo mismo, el equivalente a unas cinco plantas de tratamientos de efluentes. Las presiones internas en el Frente Amplio fueron más fuertes y pudieron más que las “prioridades” ambientalistas del exmandatario.
Los sectores moderados apoyaban a Vázquez pero el denominado Grupo de los Ocho, quería que el Arena continuara. Argumentaban que el freno a las obras era una mala señal para los privados e incluso el intendente electo en aquel año, Daniel Martínez, anunciaba la posibilidad de aportar recursos de la comuna si la construcción quedaba interrumpida.
Una cuestión donde la coherencia, siempre estuvo en juego pero definía el final de la partida. Por eso, aún hablamos de una planta de tratamiento de efluentes que cada administración reconoció necesaria para mejorar el impacto de la descarga de los efluentes al río y por la disminución de olores en la ciudad. Es probable que la explicación para su postergación sea que las aguas del río no están amenazadas en lo inmediato.
Pero la gestión de una política de Estado implica y exige una visión a largo plazo. Es decir, evitar que los impactos sucedan y buscar soluciones rápidas los problemas que surgen. Porque ahora lo único que ha pasado es el tiempo.
La mirada debe ser estratégica para comprender que hablamos de una cuestión de alta prioridad, donde además del río Uruguay hay otras cuencas afectadas. Como el ya mencionado Santa Lucía, donde allí también los vecinos reclaman contra una contaminación histórica, precisamente en las inmediaciones a la planta potabilizadora de aguas corrientes, donde asumieron las nuevas autoridades del flamante Ministerio de Medio Ambiente.
Es un curso de agua que disminuyó su profundidad, donde incluso prohibieron su uso para baños por alta contaminación, o navegación.
Es real que mejoraron los parámetros referidos al monitoreo y se incorporó nueva tecnología que mide en tiempo real, la problemática que generan las floraciones algales. Asimismo, la instrumentación de planes de tratamiento de los efluentes que emanan de los emprendimientos productivos, con altas concentraciones de fósforo y nitrógeno. Pero es justo reconocer a las comunidades y sus prédicas constantes para poner el problema del descenso de la calidad del agua, sobre las mesas de los gestores.
Hacen falta recursos ahora, aún en tiempos de pandemia, cuando el enfoque de las políticas sociales apuntan en lo inmediato y corto plazo, hacia otros lados. Pero desde hace décadas que se plantea una planta de tratamiento de efluentes en todas las ciudades ubicadas a la vera del río Uruguay.
Hasta ahora, nada nuevo. Solo anuncios y falta de voluntad política. Demasiados esfuerzos por adjudicarse quién hace la gestión y sale más rápido a anunciarlo a los medios de comunicación. Pero los mejores antecedentes, están en el futuro. El estado de los recursos hídricos en pocos años, hablarán por sí solos.
