La percepción sobre los índices de desempleo e informalidad en Uruguay están por encima de las cifras oficiales. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que el nivel de desempleo llegó a 10,8% en agosto y, ese mes, unas 34.000 personas perdieron su fuente laboral o el 2,4% de quienes trabajaban en julio.
Los analistas calculan hasta 100.000 puestos menos de trabajo al cierre de 2020 y en ese escenario variable –de acuerdo a quien o quienes lo estimen– todos parecen coincidir en que la “normalidad” costará bastante más en instalarse.
Lo cierto es que nadie tiene las cifras exactas de esta realidad. Al menos, hasta ahora. Sin embargo, alcanza con ver el impacto en las ciudades capitales de los departamentos y particularmente en el interior.
El deterioro se repite en cada mes evaluado y no se presentan guarismos de recuperación, con un efecto arrastre que corresponde al año anterior a la pandemia y, claramente, crece la demanda de trabajo por encima del 18% en comparación a meses anteriores.
Desde la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo, en los siguientes siete meses se apreció el impacto mes a mes. En primer lugar con la contracción de la economía a raíz del confinamiento y la paralización de actividades. El informe correspondiente a Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay detalla que entre abril y junio la actividad decreció 10,6% en relación al mismo período del año pasado y en términos desestacionalizados, la caída de la actividad se ubicó en 9%. En general, corresponde a descensos históricos y cercanos a los pronósticos más pesimistas.
Igualmente, al comparar a Uruguay con otros países de la región, sale bastante más airoso que las economías cercanas. Pero a nivel continental, América Latina incrementará en forma exponencial su nivel de pobreza. Y ese aspecto, también, venía en franco crecimiento antes de la COVID-19.
Es que al caso latinoamericano deberán agregarse otros factores que inciden en la economía de los países, como una caída sostenida de las remesas o las inyecciones de dinero que ingresan al mercado a raíz de familias que residen en el extranjero. El desplome de la demanda mundial de las commodities implicó menores ingresos y una mayor incertidumbre global, como consecuencia del fin incierto de este escenario planteado primero desde lo sanitario pero con consecuencias múltiples en los aspectos económico y social.
Y más desigualdad es lo mismo que más pobreza. Porque una cosa es el tejido social y su protección antes de la pandemia y otra muy diferente será ese mientras tanto para quienes quedan fuera del circuito formal. La protección que brinda la seguridad social quedó plasmada en las cifras oficiales, cuando más de un cuarto de millón de uruguayos estaban sostenidos por las diferentes opciones de seguros de desempleo.
Ese futuro quedará fuertemente condicionado ante un incremento del informalismo y de la automatización, que no llegó para todos por igual, a pesar del alcance de las nuevas tecnologías. Pero también de ingresos inestables e inestabilidad laboral. A esto deberá sumarse el envejecimiento de la población y la baja natalidad.
A nivel continental, la tasa de informalidad llegó al 51% el año pasado y se ubicó en el mismo nivel que en 2012. O sea que la región retrocedió siete años y esa vulnerabilidad corresponde a más de la mitad de la población ocupada.
Las expectativas están centradas en lo que pueda hacer el emprendedor privado para mejorar este desastre. Pero siempre fue así. Las pequeñas y medianas empresas han sido el motor de reactivación en sus entornos. El problema es que las visualizan aisladas de una realidad que las mantiene como protagonistas, porque por sí mismas no crecen ni se desarrollan. El Estado deberá ceder en aspectos impositivos y permitir su expansión para generar mayores empleos. De lo contrario, es más de lo mismo que se comprueba desde hace años.
El diseño de políticas públicas para dinamizar el mercado laboral es complicado en tiempos normales, así que mayores dificultades encontrará en tiempos de pandemia.
Sin dudas, en algún momento deberá reconocerse que las dificultades van atadas al aspecto educativo y el perfil del trabajador uruguayo en general. Por eso aumenta la informalidad desde hace años y esos lugares de trabajo implican menores capacitaciones para el puesto. Además, en un contexto general, el uruguayo medio permanece apegado a las antiguas formas de producción, cuando el futuro llegó hace rato.
Este momento de incertidumbre laboral requiere madurez en los interlocutores sociales y no tanta gritería que divide e interrumpe el diálogo en un contexto excepcional. Porque en los próximos meses se correrá el velo sobre esta incógnita que complica la vida de miles de personas. Cuando finalicen los subsidios y las empresas no logren su recuperación para reincorporar a los trabajadores, entonces comprenderemos la complejidad de la pandemia que, además, amenaza la convivencia social.
Uruguay lleva cinco años consecutivos de pérdida de empleo y el impacto mayor permanece en los sectores más vulnerables. Prueba de ello ha sido el lento y en ocasiones nulo crecimiento económico que se profundizó a partir de marzo.
Se ha generalizado la máxima que asegura que este contexto de pandemia puede transformarse en una oportunidad para Uruguay. Que esta sentencia sea una realidad, dependerá de innumerables factores. Sobre todo, de autocuestionarnos como país si en realidad hemos aprendido algo para generar acciones en pos de esa oportunidad.
